Editorial

Ingrid Guejía Guecio, In Memoriam
22 de Mayo de 2015


Seremos perros guardianes para, a nombre de la sociedad, exigir información sobre las acciones desplegadas, la limpieza y las zonas pendientes de intervención, así como sobre los procesos de protección y reparación a las víctimas.

Desde el miércoles, el pueblo Nasa está de luto por la pérdida de Ingrid Guejía Guecio, de 7 años, y expectante por la salud de tres de sus compañeritos en la escuela rural. Su dolor fue causado por los farianos que dejaron una mina antipersonal en el camino que usualmente recorren los 78 alumnos, quienes tienen entre 7 y 15 años, de la escuela del corregimiento El Ceral, en el municipio de Buenos Aires, Cauca; los niños, como era de temerse, cayeron en la trampa mortal. Ayer, la Organización Indígena de Antioquia condenó “categóricamente y con vehemencia la siembra indiscriminada de este tipo de material bélico”. Y antes de iniciar la reunión de la Mesa de conversaciones en La Habana, los miembros del equipo negociador del Gobierno, con sus botas de pantalón remangadas, notificaron que “llegó la hora de que las Farc asuman el compromiso de no sembrar una mina más”. La tragedia fue conocida antenoche y hoy es repudiada gracias a que la Defensoría del Pueblo acompañó la atención a las víctimas y tuvo la dignidad y responsabilidad de denunciar este, uno de los 99 crímenes cometidos en 2015 con esos artefactos.


Las voces de los pueblos indígenas y la entidad de protección de los derechos humanos, evitaron el silencio que usualmente encubre, y entonces minimiza, la sucesión de crímenes que han causado heridas, en su mayoría irreparables, a 85 personas, o la muerte a otras catorce. Conocido el crimen, Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno frente a las Farc, lo condenó y sembró dudas de que esta mina hubiera sido puesta después del pasado 7 de marzo, cuando se proclamó como gran avance la suscripción del acuerdo sobre eliminación de minas antipersonal y otros artefactos explosivos peligrosos. La información de la Defensoría del Pueblo explica que la trampa estaba en alrededores de la escuela, ubicada en el mismo municipio donde las Farc masacraron a un grupo de soldados que pernoctaban, el pasado 15 de abril. Porque “estas armas están concebidas precisamente para destrozar irremediablemente extremidades y vidas”, como denuncia el Comité Internacional de la Cruz Roja, y sorprenden más a civiles que a los soldados, la siembra de minas antipersonal está catalogada como una violación al Derecho Internacional Humanitario; significa, entonces, que las Farc tienen que responder por las víctimas de sus minas y el país aclarar que la promocionada tregua unilateral es bastante parcial.


Quien siembra una mina antipersonal es responsable de las consecuencias de sus actos. Mientras lo hizo para proteger guarniciones, el Estado construyó mapas de ubicación gracias a los cuales pudo atender el compromiso de levantamiento de las minas en acción que no representó peligro para los soldados que cumplieron la delicada labor. En contraste, las Farc rehuyen su responsabilidad de ubicar las minas antipersonal sembradas en torno a sus campamentos y territorios de cultivos ilícitos y que, lo demuestra el hecho de Buenos Aires, Cauca, van dejando tiradas para cortar el paso del Ejército. La escasa información ofrecida sobre el acuerdo de desminado humanitario invita a pensar que la única responsabilidad de las Farc es que este “permite desminar zonas bajo (su) control”. Como venía sucediendo, el riesgo lo pondrán los hombres del Batallón de desminado humanitario y la información sobre los lugares en mayor riesgo la entregarán los vecinos afectados. Sin duda es pobre la contribución de ese grupo, sobre todo considerando la alharaca que le han dado a este evento.


En situaciones tan desequilibradas para la ciudadanía que sigue encontrando minas a su paso y para el Estado, que con gran esfuerzo suple al responsable de poner las minas, los medios de comunicación seremos perros guardianes para, a nombre de la sociedad, exigir información del desarrollo de este piloto, sobre las acciones desplegadas, la limpieza y las zonas pendientes de intervención, así como sobre los procesos de protección y reparación a las víctimas que padecieron daños irreparables por las minas. Y ante recurrentes intentos de desinformación, como el intento de desvirtuar la autoría del Eln en el atentado que costó las piernas al soldado Edward Ávila y la responsabilidad de ese grupo en la exhibición de los restos de sus extremidades, seremos guardianes del rigor, el apego a los hechos y la veracidad en los registros de la historia del dolor sembrado por las organizaciones criminales, sus delitos atroces y sus crímenes contra el DIH.