Columnistas

Primer encuentro nacional de víctimas de falsos testigos
Autor: Sigifredo López
20 de Mayo de 2015


El mero hecho de que se realice un evento de esta naturaleza evidencia por sí solo la gravedad del problema que hoy afecta a la administración de justicia.

Y no es que el fenómeno sea nuevo o exclusivo de los colombianos. Todos sabemos que la mentira es connatural al ser humano. Que los seres humanos mienten por emociones (odio, amor, ira, celos, venganza, etc.) o por intereses (económicos, políticos, étnicos, religiosos, etc.) y que el delito de falso testimonio existe y es penalizado desde los comienzos de la humanidad.


Pero lo que desconocemos y queremos resaltar es que en Colombia el fenómeno se convirtió en pandemia que está deslegitimando vertiginosa y brutalmente a la administración de justicia desde hace por lo menos una década, cuando se pusieron en vigencia casi simultáneamente las leyes de Justicia y Paz (975 de 2005) y el Sistema Penal Acusatorio (ley 906 de 2004) que ofrecieron premios y privilegios a cambio de su testimonio a más de 42.000 desmovilizados de grupos paramilitares y guerrilleros.


En este momento histórico, como dirían las abuelas, se juntaron la dicha con la hermosura y el hambre con las ganas de comer; esta coyuntura es y sigue siendo interpretada por algunos fiscales y servidores públicos como la gran oportunidad de lograr notoriedad profesional y ascensos laborales cada que utilizan los medios de comunicación, ávidos de noticias, para darle connotación y relevancia mediática a sus casos y así aparecer como “los héroes justicieros o las damas de hierro” en los permanentes y sucesivos realities tan apetecidos por un público adicto a la violencia y a los novelones, y tan necesarios para obtener éxito en una sociedad donde la verdad se convirtió en mercancía, la justicia en espectáculo y sus operadores (jueces, fiscales, abogados, periodistas e investigadores) en actores de un show perverso condenado a continuar gracias a que reúne todos los elementos necesarios para que los medios multipliquen audiencia, anunciantes y rentabilidad.


Pero esta pandemia ya acumula demasiadas víctimas, y a diferencia del dengue, la chicunguña, la tuberculosis u otras del sector salud, el Estado no ha desarrollado ninguna campaña para combatirla. Con excepción de la titánica labor que viene cumpliendo dentro de la Fiscalía, la prometida unidad de acción contra los falsos testigos, creada en buena hora por el Fiscal General de la Nación, podemos asegurar que ningún otro esfuerzo institucional se ha realizado para luchar contra este flagelo.


Y digo “prometida unidad” no sólo porque su creación fue una promesa del fiscal general, sino porque el esfuerzo realizado es insuficiente ya que a diferencia de las demás unidades creadas en la fiscalía (algunas de ellas con excesivo personal) lo que hoy existe para luchar contra semejante pandemia es apenas un reducido grupo conformado por cinco valientes fiscales y trece auxiliares que físicamente no dan abasto para tramitar los 963 procesos con más de 3.500 sindicados, de los cuales solo hay 96 imputados, 32 acusados y 9 condenados, lo que de lejos nos indica que de seguir así requerirán más de diez años para tramitar el trabajo acumulado hasta hoy a menos que ese grupo sea reforzado por lo menos con 50 fiscales más para que la Fiscalía pueda responder realmente y con eficacia a la dimensión del problema.


Y digo “en buena hora” por dos razones. Primera porque es apenas justo resaltar que por paradójico que parezca (ya que subalternos suyos y actuando como sus delegados son los que en la mayoría de los casos han utilizado falsos testigos), el fiscal general parece ser el único alto funcionario del estado que ha entendido la gravedad del problema y el único que ha intentado algo para solucionarlo, y segunda, porque de los resultados de esta unidad, y más concretamente de acusaciones y posteriores condenas contra los falsos testigos depende en gran medida el retorno a la vida y a la libertad de miles de personas injustamente condenadas.


Aceptar, como gallardamente lo hizo el fiscal general, la existencia de fábricas o carteles de testigos no solo supone que en Colombia son una realidad, sino también que hay empresarios y criminales que las dirigen, y que algunos de ellos pueden formar o haber formado parte del ente acusador. Ayer me pusieron preso a mí, antes y hoy lo hicieron con muchas personas más, y mañana puede ser Ud amable lector la víctima de este cáncer de la justicia.


Erradicar este mal que tanto daño está haciendo a la justicia colombiana requiere no solo de esfuerzos institucionales sino de toda la sociedad. Estoy seguro que lo primero que hay que hacer es denunciar con valor civil a todos aquellos que mientan o utilicen falsos testimonios como pruebas en contra de ciudadanos inocentes. Los abusadores avanzan hasta donde sus víctimas se los permitan, y lo único que los detiene es un poder superior al suyo: El Control Social, la capacidad de reacción y determinación de la sociedad civil para denunciar y organizarse, para hacer visibles el problema, sus víctimas, los daños que causa al tejido social y por supuesto para acusar y señalar a los victimarios así se camuflen y escondan detrás del poder de cargos y funciones públicas.


El debate también se ocupará de la forma de cubrir las noticias judiciales sin violar derechos fundamentales, y del famoso riesgo reputacional con el que los bancos se abrogan la capacidad de condenar crediticiamente a los ciudadanos señalados en los medios sin que hayan sido vencidos en juicio.


De todo esto hablaremos el próximo 2 de junio en el Centro de Memoria y Reconciliación en Bogotá. Más de 200 víctimas se harán presentes y entregarán resumen de sus quejas directamente a las autoridades competentes, por lo menos 20 de ellas presentarán personalmente sus casos. Esperamos que la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia le cuenten a los colombianos que están haciendo y que harán para luchar contra este flagelo. Intervendrán connotados académicos nacionales e internacionales y al final, en nombre de la Fundación a Defensa de Inocentes entregaremos a las bancadas de los partidos una propuesta con recomendaciones sobre el tema para tener en cuenta e incluir en la próxima reforma a la justicia.


*Presidente www.fundaciondefensadeinocentes.org