Editorial

La minería no admite líneas grises
16 de Mayo de 2015


Esa minería bien hecha es la única minería posible, de manera que el Estado está en la obligación de resolver, en términos legales y sociales, cualquier otra forma de extracción que se presente en el país.

Amagá, Buriticá, Marmato, Santander de Quilichao, Iscuandé, Riosucio. A lo largo y ancho de la geografía colombiana, los accidentes en socavones se suceden con preocupante frecuencia sin que hasta ahora se hayan tomado, por parte del Gobierno Nacional, las medidas que pongan freno definitivo a esa sucesión de crónicas de muerte anunciada, cuyo origen está claramente determinado y cuya responsabilidad, a nuestro juicio, trasciende la insensatez de los dueños -muchos de ellos actuando en la ilegalidad- y la temeridad de los obreros que se juegan la vida en las entrañas de la tierra, y llega hasta las  autoridades mismas que, conocedoras de los lugares donde se practica la extracción ilegal o artesanal, no hacen lo suficiente para impedirla (la primera) o mantenerla dentro de sus límites conceptuales (la segunda).


Los hechos ocurridos el pasado miércoles en la vereda El Playón, en el municipio de Riosucio, departamento de Caldas, donde tres pozos verticales “artesanales” fueron inundados por las aguas del río Cauca, causando la muerte a quince personas, es una  muestra del fatal paternalismo de la actual política oficial para formalizar la actividad extractiva ilegal, que termina por tolerar de facto lo intolerable cuando mientras se surten interminables procesos de formalización, se permite la continuidad de actividades extremadamente riesgosas y depredadoras del medio ambiente. No de otra manera se explica que, según testigos de los hechos, sesenta personas estuvieran trabajando en los socavones de una mina, mientras se encontraba en proceso de formalización, como se apresuró a aclarar la directora de la  Agencia Nacional de Minería, Natalia Gutiérrez, y sólo le estuvieran autorizadas actividades de barequeo artesanal. Las investigaciones de rigor tendrán que aclarar las responsabilidades, que así suene impopular decirlo, recaen en buena parte sobre cada una de las personas fallecidas. Pero más allá de buscar chivos expiatorios, lo que sí es urgente es revisar ese rediseño de la política minera expuesto por el propio presidente Juan Manuel Santos durante el pasado Congreso Nacional de Minería, celebrado hace apenas un mes. El que la mina estuviera abierta, que al parecer estuviese captando energía de manera no autorizada y que se pretenda definir como “artesanal”  operaciones que involucran socavones con una profundidad aproximada de 28, 14 y 17 metros cada uno, demuestra que algo no está funcionando como debiera. 


En nuestro editorial del pasado 25 de abril, Espaldarazo a la industria extractiva, expresábamos nuestras reservas por los vacíos existentes para afrontar ese rediseño de la política minera, las cuales cobran hoy plena vigencia. Los procesos de formalización y de reconversión siguen requiriendo de un acompañamiento decidido del Estado y de las empresas formalmente constituidas, para que ambas alternativas sean asumidas, con plena convicción, por los mineros. Para los casos de reconversión, el proceso requiere de capacitación, acompañamiento y financiación de los proyectos sustitutivos de la extracción. Y para los casos de formalización, es evidente que se necesita un mecanismo que garantice que las minas no operen durante el tiempo que dure el trámite, pero que ofrezca a los mineros una subvención para su sostenimiento, lo que implica, además, que el procedimiento deba hacerse mucho más rápido de lo que hasta ahora se hace.


Pero hay todavía mucho más por hacer frente al reclamo del gremio por acciones directas tendientes a la captura y judicialización de los actores criminales que practican la extracción ilegal. Dada la magnitud de esta problemática, noticias como la captura el pasado lunes de 59 personas, entre ellas doce presuntos miembros de las Farc que participaban en actividades de minería ilegal en zonas selváticas de la frontera con Brasil, deberían ser mucho más frecuentes. La minería es una actividad de alto riesgo, pero las tragedias mineras (humanas y ambientales) ocurridas recientemente en Colombia, se habrían podido evitar en contextos de operaciones formales cumplidoras de los requisitos en seguridad laboral y ambiental. Esa minería bien hecha, en el nivel artesanal o en el industrial, es la única minería posible; a lo ilegal y criminal tiene que dejar de llamársele informal. Insistimos, como lo hemos hecho en el pasado, que no se trata de servirles en bandeja a las multinacionales nuestros recursos naturales, sino de sólo permitir los modelos de buenas prácticas que salven vidas y garanticen el mayor desarrollo social en las regiones con recursos mineros.