Editorial

縄sag閚 a subasta?
15 de Mayo de 2015


Empecinado en su 鷑ico argumento financiero, el ministro de Hacienda ha deso韉o recomendaciones sobre uso de otros activos y recursos de la Naci髇, menos estrat間icos y valiosos que los de Isag閚.

En el escritorio del ministro de Hacienda y presidente de la junta directiva de Isagén reposan advertencias, proposiciones, documentos técnicos, cartas, columnas de opinión y videos realizados durante los últimos veintiún meses por autoridades, dirigentes políticos, líderes sociales y ciudadanos que representan a los críticos frente a la privatización de Isagén y reclaman buscar alternativas para capitalizar la Financiera de Desarrollo Nacional. Para el doctor Cárdenas Santa María tales voces han sido insuficientes para reconsiderar la subasta del 57,61% de las acciones del Gobierno Nacional en Isagén. Su indiferencia debe cambiar con las medidas cautelares que el Consejo de Estado adoptó anoche y que imponen la suspensión de la subasta. 


Como en pocos casos, el propósito de buscar que no se pierda el control accionario de la empresa energética logró la confluencia de los partidos Liberal, Centro Democrático, Verde y Polo Democrático, así como de varios miembros de la U y otras colectividades, hasta sumar 80 senadores (el 78% de la corporación). En demostración de respeto por las instancias democráticas, los congresistas suscribieron una proposición que demuestra los inconvenientes de esa privatización, a los que nos hemos referido, y ofrece varias alternativas. La indiferencia gubernamental fue incentivo para la inclusión del artículo del Plan de Desarrollo que imponía el control del Congreso a todo intento de privatización en el sector eléctrico, texto aprobado en el Senado y descartado con peregrinos argumentos en el informe de conciliación del PND, que está pendiente de sanción presidencial y para el que se anuncian varias demandas por vicios de trámite. La imposición de la voluntad contraria a la del Congreso reanimó el debate de control al Gobierno que había quedado en suspenso en agosto del año pasado, cuando el ministro Cárdenas anunció que, a petición de los tres calificados y para buscar nuevos proponentes, aplazaba el proceso de venta de Isagén. Tal vez al Gobierno no le diga mucho que cuatro bancadas; una de ellas de la Unidad Nacional, y varios congresistas de sus partidos aliados hayan hecho mayoría para controvertir la alternativa y proponer opciones, pero seguramente este hecho no será omitido en el juicio histórico de este proceso.


Con alertas tempranas, que son las únicas que están a su alcance según el modelo de control posterior de la Constitución de 1991, la Contraloría y la Procuraduría General han alertado al ministro de Hacienda sobre los riesgos y las debilidades jurídicas de la enajenación de esas acciones. Aunque admite el controvertible argumento de la falta de otros medios para obtener recursos de capitalización de las vías, el contralor Edgardo Maya recogió los argumentos sobre deterioro del sector eléctrico, riesgos tarifarios, y señaló que “se pasa a depender en ese sector estratégico de las actuaciones de privados. Adicionalmente, podría significar el cambio de un activo productivo por otro cuya rentabilidad es difícil de cuantificar”. En carta del pasado martes, que recuerda que ese despacho realiza “acompañamiento preventivo” a la enajenación de esas acciones, el procurador Alejandro Ordoñez reitera la solicitud al ministro para que “se analice la pertinencia de continuar con el proceso de venta” y recuerda los procesos judiciales abiertos, cuyos resultados “pueden resultar adversos a los intereses de la Nación”.


Empecinado en su único argumento financiero, el ministro de Hacienda ha desoído recomendaciones sobre uso de otros activos y recursos de la Nación, menos estratégicos, valiosos y útiles que los de Isagén, o de otras estrategias para financiar un fondo incierto. Ahora deberá escuchar el toque de campana del Consejo de Estado, que acumuló tres demandas ante esa corporación y anoche emitió su primer pronunciamiento en este caso.


La juiciosa actividad del Senado en este tema rompió el silencio de los altos tribunales de justicia, que guardan los expedientes de nueve acciones judiciales, entre demandas, tutelas y acciones populares, contra el proceso de enajenación de las acciones del Estado en una empresa de comprobada eficiencia, rentabilidad, capacidad de crecimiento y merecedora de la confianza nacional y de la banca multilateral. A pesar de que las invocadas son acciones preferenciales, sólo en el momento crítico el Consejo de Estado inició el trámite de los procesos, mientras la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional guardan silencio en procesos que invocan derechos, garantías y respeto por los bienes públicos. Mientras las demoras de algunos magistrados siguen minando la confianza pública en los que hasta hace unos pocos años eran validados como los más respetados órganos del poder público, pasos como los dados por el Senado y el magistrado Hugo Bastidas recuerdan que, a pesar de dudas y temores, hay guardián en la heredad.