Columnistas

Autonomía municipal en la prestación de alumbrado público.
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
15 de Mayo de 2015


Manteniendo su actual orientación, el artículo 191 de nuevo Plan Nacional de Desarrollo, ratifica que el servicio de alumbrado público está sometido a un régimen jurídico especial.

No obstante existir la posibilidad de darle el tratamiento de una actividad complementaria del servicio de energía y someterlo a la Ley 142, la decisión legislativa no fue esa, sino,  la de tenerlo como un servicio público no domiciliario, a cargo exclusivamente de los municipios.


Aunque en el proyecto de Ley del Plan se predique que el servicio de alumbrado público es inherente al de energía, la realidad  es que se ha reglamentado como un servicio especial, de carácter no domiciliario y en consecuencia no está sujeto a las leyes 142 y 143, ni al tratamiento propio de los servicios domiciliarios. 


De la interpretación concordada de la ley 142, que  no incluyó dentro de su ámbito de aplicación al alumbrado público, con el artículo 29 de la Ley 1150 y el texto incluido en la Ley del Plan se concluye, lo siguiente:


1. Tal como se ha venido reconociendo  en materia de alumbrado público deben distinguirse al menos cuatro componentes a saber: (a) el servicio propiamente, que consiste en la colocación de unidades constructivas, esto es los postes con las luminarias, incluida la expansión del servicio, su operación, reposición y mantenimientos; (b) el suministro de energía eléctrica, que corresponde a una actividad propia de las empresas de energía y se somete a la Ley 142, (c) la facultad de crear una renta municipal que podrá destinarse al pago del alumbrado público, si el mismo  no es atendido con recursos del presupuesto; y (d) los convenios de facturación conjunta para que la contribución que le pertenece al Municipio pueda ser recaudada por empresas de servicios públicos.


2. El alumbrado público es un servicio público esencial, a cargo de los municipios, que tienen la responsabilidad exclusiva y excluyente para la prestación de ese servicio.


3. El servicio podrá  ser prestado directamente  por los Municipios o mediante la celebración de contrato de concesión para la prestación del servicio.


4. De conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Decreto Ley 1333 de 1986, las competencias propias de los Municipios, incluida la prestación de servicios a su cargo, puede hacerse a través del la rama ejecutiva en el sector central o de sus entidades descentralizadas.  


5. El suministro de la energía corresponde a un contrato diferente al de prestación del alumbrado público y en principio este contrato debe sujetarse a lo previsto en el Decreto 2424 de 2006, aunque en ese Decreto no se prevé que sucede en el evento en que el proveedor de alumbrado público, sea una entidad descentralizada del Municipio que suministre el servicio de energía eléctrica.


6. Como la contribución tanto en la Ley 94 de 193, como en el proyecto de ley del plan es municipal, la misma debe ser  creada y reglamentada por los concejos municipales, y tanto su recaudo y cobro, como la administración y ordenación de esos recursos le corresponde la Municipio.


7. Bajo el esquema legal vigente y ratificado en la Ley del plan, en los municipios en los que existen empresas municipales de energía, la entidad territorial podría asignarle la prestación del  servicio a su empresa, manteniendo la propiedad de los activos a través de su entidad descentralizada; pero en caso de vincular a un tercero para la prestación del servicio, lo procedente es la celebración de un contrato de concesión. 


Lo claro es que en el actual estado del servicio, las entidades territoriales no pueden entregarle a terceros, el establecimiento, la propiedad o la libre administración de la contribución de alumbrado público,  que es un recurso del presupuesto, como tampoco podrá otorgarse concesión sin reversión,  o sin que sea explicita la tasa Interna de retorno del negocio. 


Es apenas justo que si se asigna a los municipios la responsabilidad por la prestación del servicio de alumbrado público, las rentas asociadas al mismo ingresen al presupuesto municipal, y que sea el municipio quien determine el esquema que le resulte más conveniente para prestarlo, lo que incluye hacerlo a través de sus entidades descentralizadas.