Columnistas

Lectura del régimen legal de los servicios públicos
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
8 de Mayo de 2015


La adecuada interpretación y aplicación del conjunto normativo que regula los servicios públicos domiciliarios, posee un orden imperativo que parte de la Constitución.

Cuyo alcance y contenido se concreta en el precedente judicial,  en especial en la doctrina constitucional, además debe acudirse a la aplicación de normas legales de carácter especial, como son las contenidas en las leyes 142, 143, 286, 632, 689 y 1341,  que por su condición de normas especiales prevalecen sobre las generales de rango legal.


La tarea de aplicación del derecho de los servicios públicos se hace particularmente compleja, pues corresponde a la integración concordada de las disposiciones constitucionales, con las legales vigentes, pero con la condición de que en algunos casos el legislador no ha incluido desarrollo alguno en temas sustanciales como son: (i) la participación de los usuarios en la regulación tarifaria;  (ii) el derecho de los usuarios al mínimo vital; (iii) el debido proceso en las actuaciones de la empresas; (iv) los derechos de los recicladores, …,  en fin, un conjunto de temas cuyo fundamento y carácter imperativo deriva de la doctrina constitucional y no,  propiamente de ley.


Con el fin de fortalecer el régimen legal especial de los servicios públicos, la ley 142 contienen un conjunto de normas que deben ser tenidas en cuenta al momento de ser aplicada, pues con ellas no se busca cosa diferente que  hacer prevalecer su condición de régimen especial,  lo que conlleva que no sea aplicable exclusivamente el derecho público, ni tampoco el derecho privado.  


Las reglas especiales de hermenéutica de la ley 142,  ordenan que se tenga muy en cuenta el contenido de lo dispuesto en sus artículos 14, 1º, 13 y 30, 2º y 3º, 17, 32 y 186, antes de adentrarse en el análisis de temas concretos contenidos en la Ley. 


Deben tenerse en cuenta las siguientes reglas:


Primera, el artículo 14  la ley utiliza una un conjunto amplio de términos, que poseen definición legal, en consecuencia antes de empezar la lectura y aplicación de esos términos,  es necesario saber cuál es el alcance normativo de los mismos.


Segunda,  el artículo 1º la ley 142,  establece cuatro ámbitos de aplicación diferentes para la misma; (i) los servicios de acueducto, alcantarillada, aseo, energía eléctrica y gas combustible; (ii) a las actividades que realizan las entidades prestadoras de servicios públicos; (iii) a las actividades complementarias; y, (iv) a otros servicios que se someten a reglas especiales contenidas en la ley 142.


Tercera, los artículos 13 y 30 de la ley, que prescriben que la ley 142 no admite interpretación exegético literal, sino que busca una interpretación principialista, por ello es necesario que en los términos de los artículos 13 y 30 de esa Ley, las lagunas y vacios se llenen a partir de los principios de la Ley y no de la aplicación analógica de normas generales aplicables a otro tipo de relaciones jurídicas.


Cuarta, los artículos 2º y 3º de la Ley, que establecen los fines e instrumentos de que se dispone para la correcta interpretación y aplicación del régimen de los servicios públicos, de los que se deduce claramente que su orientación se inscribe en fines propios del Estado Social de Derecho.


Quinta, el artículo 17, que corresponde a la regla básica de aplicación, en los casos en que los servicios públicos son prestados por entidades descentralizadas de cualquier orden, pues establece la norma, que el régimen aplicable es el contenido en la ley 142 y no el ordinario de la descentralización.


Sexta, el artículo 32, que establece como norma general y supletiva que en materia de los asuntos de administración de las empresas y los socios, en todo lo  no contenido en la Ley 142, el régimen jurídico aplicable es el propio del derecho privado.


Y, finalmente en séptimo lugar el artículo 186, que ratifica el carácter especial del régimen de los servicios públicos, y por lo tanto ratifica  que la Ley 142 es norma rectora en la interpretación del régimen jurídico de los servicios que ella reglamenta y además que tratándose de norma especial no podrá ser derogada por normas generales, así sean expedidas con posterioridad a su vigencia.