Editorial

El informe sobre la infancia
27 de Abril de 2015


Ratificando su compromiso con la infancia y adolescencia, una de las seis prioridades de su atenci髇 informativa y editorial, EL MUNDO analiza algunos de sus aspectos m醩 relevantes.

Como informamos el sábado, mañana serán presentadas las observaciones del Comité de derechos del niño de la ONU al Estado colombiano, que fueron construidas sobre los informes cuarto y quinto de la coalición que hace el seguimiento al Estado y las respuestas entregadas en Ginebra por funcionarios del Icbf. Las 77 recomendaciones y el debate que susciten sentarán las bases para el seguimiento y control a las acciones por “el interés superior de la infancia” que Colombia realice hasta el año 2021, cuando se presentarán los informes sexto y séptimo sobre el estado de niños, niñas y adolescentes. Observaciones específicas, son entregadas a cada estado partícipe de la Convención sobre los derechos del niño.


Ratificando su compromiso con la infancia y adolescencia, una de seis prioridades de su atención informativa y editorial, EL MUNDO analiza algunos de sus aspectos relevantes. Volveremos sobre otros puntos cuando los acontecimientos y el espacio nos lo exijan.


El informe avala el avance legislativo conseguido con la aprobación del Código de la Infancia y Adolescencia, si bien exige su reglamentación, así como la destinación de mayores recursos y seguimiento a las normas y políticas, lo que exige desarrollar instrumentos de análisis suficientes y pertinentes. La falta de información específica, y de acceso a respuestas de los gobiernos regionales y locales, explicaría el énfasis que da el Comité al Icbf como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, pero señala su incapacidad para lograr esta labor y desconoce de tajo las acciones de departamentos y municipios. Tal aseveración contrasta por lo menos con la experiencia del departamento de Antioquia y el municipio de Medellín, donde los programas y políticas subnacionales como Maná, Buen Comienzo, la ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad en educación y salud lideran las garantías de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Estas gestiones avanzan aunque la participación del Icbf es marginal, si existe, o limitante, la más de las veces. 


Ante la persistencia de hechos violentos responsabilidad de quienes el informe llama “grupos armados no estatales” (léase Farc y Eln) y las bacrim, en desarrollo del conflicto interno y sus actividades en el narcotráfico y la minería ilegal, prevalece el interés sobre los análisis de victimización y las demandas para la reparación a la infancia y adolescencia vulneradas. En posturas que lucen anacrónicas cuando se las compara con las de Human Rights Watch o Amnistía Internacional, se reclama por fallas en la atención y reparación a infantes o adolescentes vulnerados “cuando las violaciones son cometidas por las Bacrim o por fuera del contexto del conflicto armado”, como si hubiese tratamiento diferente cuando la vulneración es obra de las guerrillas. Esa perspectiva  se confirma en las menciones al reclutamiento de menores de edad, nombrada “reclutamiento continuo”, si se trata de guerrillas, pero “fuerte reclutamiento” si son bandas, como también en la omisión a reclamar los incumplimientos de las Farc, tolerados por el Gobierno, a sus compromisos con el cese del reclutamiento, la entrega de menores de 17 años en sus filas y el desminado humanitario. 


En EL MUNDO hemos seguido actividades cívico-militares realizadas por las Fuerzas Armadas y la Policía, en las que se ofrece apoyo médico, sicológico, cultural y recreativo a habitantes vulnerados de alejados territorios. Porque sus beneficios son aplaudidos por la población, que respalda a sus Fuerzas Militares, no se entiende el  tono prioritario dado a la recomendación 66 (j), que exige “la suspensión de todas las actividades cívico-militares que involucren a niños y niñas, las cuales deben incluir aquellas realizadas por la Policía”. Y cómo contrasta con la petición por “continuar asegurando que las opiniones, intereses y necesidades de los niñas y las niñas se incluyan en el actual proceso de paz” (subrayado nuestro). Como si ellos, que son el 30% de las víctimas, hubieran sido considerados o existiese intención de las Farc de atender sus demandas.


Otras importantes recomendaciones del informe sobre adopción, en el que prevalece la sospecha a los hogares privados que apoyan los procesos de adopción y no a las restricciones interpretativas (la obligación de contactar a parientes hasta el sexto grado de consanguinidad, antes de proceder con la adopción de los niños, niñas y adolescentes); así como los análisis sobre desnutrición, embarazo adolescente y la demanda, aún etérea, sobre la consideración del interés superior de los niños en todas las decisiones de Estado, nos exigirán futuros análisis en torno a un esfuerzo que sustenta la discusión y el diseño de políticas que atiendan el mandato constitucional sobre la prioridad que el Estado ha de dar a la infancia y adolescencia.