Columnistas

Abuso de función pública
Autor: Jorge Arango Mejía
26 de Abril de 2015


He sostenido que en el Quindío todo puede suceder, hasta lo más insólito. Y más increíble aún es la circunstancia de que todo se hace a la luz pública, descaradamente.

Y sin que nadie se tome el trabajo de protestar, de dejar constancia del hecho irregular que en algunos casos es un verdadero delito, contemplado como tal en las normas penales.


Traigo a cuento lo anterior, para referirme nuevamente a la contribución de valorización en el municipio de Armenia. Veamos.


En buena  hora, el Concejo aprobó un plan de obras que habrán de realizarse por medio de la contribución de valorización. Los acuerdos correspondientes, una vez sancionados por la alcaldesa de Armenia, recibieron la aprobación de la gobernadora del Quindío. Hasta ahí, todo con sujeción a la ley.


Posiblemente la proximidad del proceso electoral de octubre, llevó a la gobernadora a pensar que ahí, en el restablecimiento del tributo que financia las grandes obras de urbanismo que transforman las ciudades, había una cantera de votos que tenía que explotarse. Con esa convicción, decidió encabezar una ruidosa campaña en defensa de “sus pobres”, como ella llama a los habitantes de la ciudad capital del departamento. Campaña que no podía comenzar de una manera más ostensible, más escandalosa: puso un aviso gigantesco en la fachada del palacio departamental, que podía leerse desde una distancia de más de un kilómetro. En tal aviso rechazaba la contribución de valorización en perjuicio de “sus pobres”. Y dio declaraciones públicas en las que combatía rabiosamente las determinaciones de la administración municipal de Armenia en el asunto de la valorización.


Pero no paró ahí su campaña. Fue más allá. 


Organizó un grupo encabezado por una señora o señorita Sandra Gómez Fajardo, designada por ella como su sucesora, para que promoviera un referendo derogatorio de las disposiciones del cabildo de la capital. Referendo a todas luces improcedente, contrario a la ley, como ya lo he explicado.


¿Qué hay en todo esto? Se equivoca el que crea que éste es apenas un episodio más de la politiquería parroquial: no, aquí hay problemas serios. Estamos en presencia de un delito y de una falta disciplinaría gravísima, según la califica el Código Disciplinario Único.


La Constitución establece un principio fundamental: no hay empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento. En consecuencia, el servidor público  es responsable no sólo, como el particular, por infringir la Constitución y las leyes, sino, además, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.


Por lo anterior, el Código Penal, en su artículo 428, dispone: “El servidor público que abusando de su cargo realice funciones públicas diversas de las que legalmente le corresponden, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años.”


En relación con el plan de obras por valorización del municipio de Armenia, la gobernadora hizo lo único para lo cual tenía competencia: aprobar los acuerdos respectivos. Al aprobarlos, agotó su competencia en relación con ellos.


Todo lo demás, en particular la campaña contra el restablecimiento de este tributo, es materia completamente ajena a sus funciones. Es evidente, por consiguiente, que ha incurrido en el delito previsto en el artículo 428 citado.


¿Y la falta disciplinaria? Está contemplada en el artículo 48 del Código Disciplinario Único, que se transcribe, norma que la califica como falta gravísima:


1. “Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo”.      


Escribo lo anterior, a sabiendas de que estoy acusando a un funcionario público de la comisión de un delito y de una falta disciplinaria gravísima. Si estuviéramos en otro país,  habría algún funcionario público que asumiría la investigación correspondiente a esta denuncia. Como vivimos en Colombia, pongo en duda la existencia de tal funcionario.