Economía

Cooperativism, undergoing purification process
Cooperativismo, en proceso de depuración
13 de Abril de 2015


Confecoop y la Superintendencia de Economía Solidaria trabajan de manera mancomunada en identificar aquellas entidades que no cumplan sus principios misionales.


Redacción Economía


"Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se ha unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada”, sostiene la Declaración de Identidad Cooperativa, adoptada en Manchester, Inglaterra, hace cerca de 20 años. Basado en esta última declaración de los principios del cooperativismo, el presidente de Confecoop, Darío Castillo, y la superintendente encargada de Economía Solidaria, Dunia Soad de la Vega, se reunieron el pasado viernes como lo han hecho ambas instituciones desde el año pasado, para generar herramientas de control sobre aquellas empresas que de manera fraudulenta utilizan el nombre de cooperativas. 


“El balance social demuestra la autenticidad de la cooperativa”, afirma Darío Castillo, quien reconoce que el gremio que preside no cuenta con funciones de supervisión y por ello han destinado más de $50.000 millones a la Superintendencia para que robustezca su estructura de trabajo. 


Justamente en la última reunión entre las cabezas de ambas organizaciones, la superintendente le comentó que el grupo a cargo de dichas tareas de control está compuesto por poco más de 20 funcionarios, lo que lleva a que cada uno tenga bajo su mira a cerca de 1.000 entidades. 


De ahí, el convenio sostenido con la Confederación Alemana de Cooperativas (Dgrv por sus siglas en alemán), que en su país sí realiza labores de vigilancia, y que en la actualidad le brinda asesoría técnica a este organismo del Gobierno en la reglamentación debida que deben presentar las cooperativas.


100% cooperativas


“En el caso de las entidades sin ánimo de lucro no tengo duda, es un cambio que hay que dar para bien, creo que hay unos vacíos muy grandes y el país cada día está volviéndose más consciente de eso, tenemos que proteger a las fundaciones, a las cooperativas que hacen bien su tarea, que tienen una función eminentemente social, pero sí deberíamos depurar un poco ese mundo donde también hay muchos que pagan por ser sin ánimo de lucro pero que realmente van tras utilidades puramente comerciales”, sostuvo hace una semana el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien también ha señalado que aquellas entidades que no operan con un objeto social deben pagar impuestos. 


Y en ello coincide el presidente de la agremiación de cooperativas en Colombia, Darío Castillo, quien reafirma que las cooperativas deben entregar su balance social, así no sea obligatorio. 


Por ello, Confecoop ha desarrollado el sello “100% Cooperativa”, el cual busca distinguir a aquellas organizaciones del sector que realizan sus actividades de acuerdo con la naturaleza y principios del cooperativismo. Este ha de contar con el aval final de ACI-Américas, luego de analizar la valoración técnica que hace un equipo evaluador independiente en el país.



Entidades bajo la lupa

Si bien, en el proceso de identificar entidades con irregularidades en sus principios misionales no hay una lista clara, Confecoop ha puesto el dedo sobre las cooperativas que venden cartera, pues según su presidente a pesar de no estar prohibido sí genera muchas dudas dado que nacen entre muy poca gente que no tiene aportes, que cuentan con un inversionista tercero que da dinero para prestársela a un cuarto, y en vez de asociados se crean deudores, lo cual a su criterio no es una cooperativa. “El tema no es de cantidad”, dice Darío Castillo al señalar que el número de cooperativas se ha reducido por el efecto sobre las cooperativas de trabajo asociado después del Decreto 2025 de 2011, y destaca el caso de la cooperativa Recuperar, cuyos costos de operación se le dispararon por el Cree (Impuesto sobre la renta para la equidad). “Me preocupa mucho que la política pública en ese sentido esté motivando a la descooperativización del modelo a punta de subirle los costos a las entidades por simple persecución”, subraya.