Editorial

Las v韈timas 縠n segundo plano?
11 de Abril de 2015


Por mandato de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de V韈timas, cuyo prop髎ito fue el de dictar medidas de atenci髇, asistencia y reparaci髇 integral a las v韈timas del conflicto armado interno.

Se definió el 9 de abril de cada año como el Día de la memoria y solidaridad con las víctimas, para reconocer a quienes han sufrido los estragos y las consecuencias de la confrontación, y en el que el Congreso debe celebrar una sesión permanente para escuchar a los perjudicados por las acción de los grupos armados, en una jornada que hasta ahora había tenido siempre como epicentro a los sobrevivientes y a las familias de los mártires, legítimos beneficiarios de la evocación, mediante actos académicos, manifestaciones sociales y expresiones culturales. Pero el pasado jueves, en el cuarto año de la conmemoración, la esencia de la fecha fue tergiversada por las iniciativas del Gobierno Nacional y de los movimientos de izquierda, quienes impusieron otras agendas ideológicas y políticas que relegaron a las víctimas del conflicto a la invisibilidad. Además, se desaprovechó una gran oportunidad para evaluar con serenidad cuáles han sido los efectos reales de la participación de las víctimas en la mesa de conversaciones, más  allá de las catarsis personales y solicitudes individuales y privadas de perdón.


En su necesidad de seguir generando adeptos y sumar respaldos al proceso de negociación de La Habana, el presidente Juan Manuel Santos aceptó y amplió la convocatoria emanada de la Marcha Patriótica y otros movimientos políticos, quienes promovían una concentración por la memoria, y la convirtió en una marcha por la paz que al final, gracias a la variopinta concurrencia de organizaciones sociales con sus intereses diversos, terminó siendo un mitin a favor de la agenda de la guerrilla en Cuba, donde el reclamo de  verdad, justicia y reparación fue sustituido por llamados al cese bilateral del fuego y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, temas que hasta ahora el Gobierno ha rechazado y sobre los cuales hemos hecho ver, de manera reiterada en estas líneas, su inconveniencia.


Lo ocurrido es consecuencia de la insistencia del Gobierno en la tesis según la cual, para alcanzar la paz, todos los colombianos, incluidas las víctimas del conflicto armado, tendremos que hacer concesiones, un discurso que ha terminado por poner a las víctimas y a sus justos reclamos -que en muchos casos son los mínimos contemplados en la ley como la verdad, la reparación simbólica y/o económica, la garantía de no repetición y la justicia por lo menos en los casos de delitos de lesa humanidad-, como un obstáculo para esa “paz” en la que respecto a los victimarios no hay quien -ni en el Gobierno ni entre los defensores a ultranza de los diálogos- se mantenga firme para también exigirles las debidas concesiones frente a las víctimas. Se desdibujó entonces la esencia de un día para reflexionar y reconocer la problemática de las víctimas, que por ser tan grande y tan frecuente se nos convirtió en paisaje y resignación, y eso muy a pesar de la consabida cantilena según la cual el nuestro es el primer conflicto que ha tenido a las víctimas en cuenta.


El país debe entender que las víctimas del conflicto interno, cifradas en 7.201.034 según el Registro Único de Víctimas, son garantes directas de la lucha por los derechos de toda una sociedad que ha sido vulnerada por las acciones violentas de los grupos al margen de la ley. No es la venganza su motivación, ni la reparación económica o la tranquilidad de saber la  verdad con la garantía de que jamás se volverán a repetir los hechos victimizantes, sino la convicción de que en ellas está representada toda una colectividad y de que el dolor que han tenido que padecer de manera directa las convierte en personeras de la nación, llamadas a no permitir que un espejismo o la visión o los objetivos de corto plazo transgredan las mínimas garantías establecidas desde el propio Derecho Internacional, mediante el Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional, gracias al cual se puso fin a las leyes de perdón y olvido con las que se resolvieron momentáneamente muchos conflictos del pasado.


Más acorde con la esencia del Día de la memoria y solidaridad con las víctimas fue la celebración, en el recinto del Congreso, de la primera asamblea formal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc -que reúne a 40 asociaciones y en total a unas 45.000 víctimas individuales- en la que se aprobaron sus estatutos, cuya prioridad es abogar para que el Gobierno Nacional garantice justicia y verdad para las víctimas de esa guerrilla. Nos unimos a este propósito y respaldamos la propuesta concreta enunciada por la senadora Sofía Gaviria Correa el día de ayer: “Después de habernos organizado y de haber llegado a consensos fundamentales que nos llevaron a hacer la declaración de los 33 ‘impajaritables’, tenemos derecho a una respuesta formal y seria por parte de la mesa de La Habana. Para que, efectivamente, el Gobierno y las Farc nos escucharan, se precisaba de una vocería legítima y necesaria. Hoy la tenemos, gracias a esta federación. Esperamos que el Gobierno la tenga en cuenta para ser parte de la Comisión Asesora de Paz.”