Editorial

Remangarse y prestar una pierna
5 de Abril de 2015


Para acompañar a los 8.849 colombianos heridos y a las familias de los 2.210 muertos en explosiones de minas antipersonal desde 1990.

Así como exigir un verdadero acuerdo de desminado humanitario, autoridades nacionales, gobiernos amigos y activistas de derechos humanos han promovido las campañas Remángate, realizada ayer, y Préstame tu pierna, convocada para el domingo 12 de abril. Estas iniciativas conmemoran el Día internacional para la sensibilización contra las minas antipersonal, fecha de especial importancia para el segundo país víctima de estos artefactos. Las campañas son necesarias para informar, generar conocimiento y promover comprensión de los daños por las minas antipersonal con que las Farc y el Eln cuidan sus negocios ilícitos y sus campamentos, además de cortar el paso a la persecución de las Fuerzas Militares.


Las minas antipersonal fueron usadas desde las guerras mundiales como barreras protectoras de las fronteras y las unidades militares. Su abuso provocó fuertes descalificaciones del Derecho Internacional Humanitario, a las que siguió la prohibición del Tratado de Ottawa (1998). Desde el 2000, en Colombia son usadas solamente por grupos criminales que sustituyen con acciones terroristas su pérdida de capacidad para el combate abierto. En los últimos 25 años han afectado a 6.827 soldados y 4.232 no combatientes, entre ellos 1.118 menores de edad, en su mayoría estudiantes que se aproximaban a las escuelas.


Aunque existe fuerte conciencia mundial contra las minas antipersonal y los responsables de sembrarlas, el país ha vivido con alguna resignación lo que tiende a considerar como “daño colateral”, o sea involuntario, de las minas, que ocurre cuando estas afectan a miles de familias campesinas y a amplias extensiones del territorio rural del 63% de los municipios colombianos. El carente análisis, el ausente debate y la resignada aceptación de cualquier anuncio que busque limitarlas han sido sacudidos por el valiente Juez Primero Penal de Ibagué, quien el pasado 19 de marzo emitió condena a siete años de prisión y a una multa por 1.534 salarios mínimos contra un guerrillero de las Farc procesado por sembrar minas antipersonal. En sentencia pionera, y ojalá guía de las que emitan otros despachos, el juez declaró que el uso de minas constituye “utilización de medios y métodos ilícitos de guerra”, delito expresamente condenado por los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, fundamentos del Derecho Internacional Humanitario.


En el terreno de la siembra y control de las minas antipersonal, Colombia enfrenta una paradoja que hace evidentes las diferencias entre el Estado y las organizaciones criminales que lo confrontan. Después de ratificar el Tratado de Ottawa, el 6 de septiembre de 2000, el Ejército inició el levantamiento de las minas sembradas por sus unidades y debidamente registradas en mapas custodiados en las unidades militares. Desde antes de culminar esa tarea y respondiendo a las obligaciones adquiridas en el Tratado de Ottawa, el Estado ha realizado importantes actividades de desminado humanitario en los municipios más afectados. A la fecha, han sido deshabilitadas las minas antipersonal sembradas por las Farc en los municipios de San Carlos, Antioquia; El Dorado, Meta, y Zambrano, Bolívar, y se avanza en acciones semejantes en nueve municipios de cuatro departamentos. La eficiencia de tal acción se ve debilitada por la intensificación de la actividad minadora por organizaciones criminales que están fabricando artefactos artesanales más difíciles de detectar, pues los cubren con estiércol o tierra, y que los dejan no sólo bajo tierra sino en árboles y malezas.


Con bombos y platillos, los negociadores del Gobierno y las Farc en La Habana presentaron el pasado 7 de marzo el acuerdo para el desminado humanitario. Si en ese momento era notorio el cinismo cicatero de quienes consiguieron levantamiento de procesos judiciales y ayuda internacional a cambio de precaria compañía a los batallones de desminado y ningún aporte económico, los días siguientes develaron la triste nimiedad de lo que ofrecen las Farc: desminar máximo en cuatro zonas de dos departamentos y mantener la amenaza, porque “la gente nuestra en la profundidad de la selva no va a dejar de defenderse”, según dijo Rodrigo Granda. Mientras la disminuida oferta ha puesto a comunidades y gobernantes a reclamar la protección para sí, la amenaza se blande como espada en la batalla por el cese el fuego bilateral; que será falaz en tanto las minas sembradas sigan amenazando a los colombianos.