Columnistas

縈醩 reformas improvisadas?
Autor: Jorge Arango Mej韆
29 de Marzo de 2015


Nadie podr韆 negar la gravedad del esc醤dalo de la Corte Constitucional.

 Escándalo que ha sacado a la luz la profunda corrupción de la justicia. Como lo he escrito, ya esta situación se conocía: faltaba que la gente conociera hechos concretos. Y los ha conocido. Y lo que es peor: lo visto hasta ahora es solamente la punta del iceberg.


Como se ha vuelto costumbre ha inventado el Gobierno, a las carreras, sin mesura ni cuidadosos estudios, una solución. Que nada arreglará, como es fácil demostrarlo.


Cambiar el sistema de elección de los magistrados de la Corte Constitucional no garantiza que se nombre a los mejores. Y privar a esta corporación de su participación en la elección del Contralor General de la República,  tampoco sirve para mejorar la condición de sus integrantes. Hasta ahora no se ha demostrado que se hayan cometido faltas o delitos en  ejercicio de esa atribución.


¿Qué se propone ahora? La cooptación, que consiste en que sean los propios miembros de una corporación los que elijan a sus integrantes. Para este fin, los aspirantes se candidatizarían ellos mismos ante la Corte, y éste, teniendo en cuenta exclusivamente los méritos de cada aspirante, haría la selección. En teoría, apenas en teoría, así se resolverían todos los problemas.


La realidad es diferente. Ya se han identificado las dos grandes fuentes de corrupción que amenazan a la Corte: la omnipotencia del juez de tutela y la revisión de los procesos de tutela por la Corte.


Como se ha explicado, diversos factores, entre ellos la exagerada lentitud de todos los demás procesos, han generado un evidente abuso en el ejercicio de la acción de tutela. Destinada  en su origen a corregir las violaciones de los derechos fundamentales, se ha convertido en un remedio para todo, especie de panacea universal. Por ejemplo, tramitado un proceso de arbitramento, interpuesto y negado el recurso de anulación, todo debería terminar allí. Sin embargo, no falta en estos casos alguien que se atreva a ejercer la acción de tutela, con cualquier pretexto, para dejar sin efectos el laudo. Y finalmente, por ley, por obligación, el proceso de tutela llega a la Corte y su selección es fuente de lucro para algunos.


Por lo anterior, es menester buscar, sin premuras, con cuidado, la manera de impedir el abuso del ejercicio de la acción de tutela.  Hacer de ella un  proceso excepcional, para la protección de los derechos fundamentales.


De otra parte, el hacer en público la selección de las tutelas que revisará la Corte, no sirve para nada. No hay que olvidar que mensualmente llegan a la Corte, para su eventual revisión, más  o menos, setenta mil procesos de tutela.  Este volumen impone la necesidad de hacer una selección previa, porque fialmente no podrán escogerse más de 45, es decir, 5 para cada magistrado. Pensar en una cifra superior implicaría desconocer que ellos tienen, además, otras tareas como los procesos de constitucionalidad de leyes y decretos, la revisión de tratados, etc.


Por lo anterior, cuando se llega a la Sala de Selección –integrada por dos magistrados-, ya éstos solamente escogen entre algunas decenas de procesos, previamente elegidos por funcionarios subalternos.


Y no se olvide que así como se paga por elegir procesos para su revisión, también es posible pagar para impedir la selección. Esto último, cuando la persona favorecida con la decisión no está convencida de su sujeción a la Constitución y quiere impedir la posible revocación.


Como se ve, la solución no está a la vuelta de la esquina. Éste es uno de los asuntos más complejos de la administración de justicia. Y el intento de solucionarlo apresuradamente, únicamente para acallar el alboroto, a nada conducirá.  Será otra frustración, que a nada conduce.


Hay que hacer a un lado la perjudicial manía de reformar por reformar, como respuesta a unos hechos y no como fruto de una política definida en lo que tiene que ver con la administración de justicia.