Editorial

Alarmas pre-electorales
29 de Marzo de 2015


A siete meses de las elecciones municipales y regionales, se han encendido alarmas sobre amenazas, presiones y seducciones contra la inviolabilidad del voto, principio sagrado de la democracia.

A ellas se suma, como inesperado factor de perturbación, la iniciativa gubernamental de tramitar un proyecto de ley para desmontar la Ley de garantías electorales, que fue aprobada una vez se aprobó la reelección del presidente de la República. Prendidas las alarmas, el país espera máxima concentración para evitar delitos y presiones que manchen el importante proceso que tendrá su culmen el próximo 25 de octubre, con la elección de gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles.


La Misión de Observación Electoral (MOE) y la Fiscalía General de la Nación, indiscutibles aliadas del proceso de conversaciones de La Habana, denunciaron que las Farc constituyen un serio factor de riesgo para las elecciones en 203 municipios, o sea el 20% del total nacional. Esta amenaza en curso podría también ensombrecer comicios futuros en el marco del posconflicto o de la continuidad de las ya extendidas conversaciones.


Dado que las Farc siguen siendo una organización movilizada y armada, así proclame la tregua unilateral, intervenciones en el proceso electoral, como ofrecer apoyo a un candidato u ordenar la abstención en algunos municipios, constituyen graves formas de constreñimiento al elector. Esas presiones se agravan cuando los farianos apelan a la amenaza de uso de las armas contra candidatos o electores, riesgos que hacen recordar los sombríos antecedentes del proselitismo armado y su huella de dolor sobre todos los partidos e ideologías. Con la persistencia en la siembra de minas antipersonal y en actividades de su rentable economía ilegal, estos actos contra la libertad electoral son nuevas violaciones a la tregua que esa organización usa como medio de presión contra el Gobierno al que le exige el cese de las acciones ofensivas contra ese grupo.


Para los departamentos aquejados por el proselitismo armado, el anunciado posconflicto no ofrece esperanza de recuperación de las libertades y garantías democráticas, al menos hasta ahora. Ello porque mientras las Farc son reticentes para comprometerse con la entrega de las armas, el respeto por las reglas de juego de la democracia y el cese de sus vínculos con la economía ilegal, fuente de la mayor violencia que hoy sufre Colombia, siguen recibiendo generosas ofertas del Estado en materia de plenas garantías y apoyo a partidos y organizaciones sociales que se declaren “en oposición”.


Así mismo, por encima de la prohibición constitucional, de los frenos legales e incluso de sanciones ya impuestas, la trashumancia electoral o trasteo de votos, sigue amenazando las elecciones locales. Una vez más se demuestra con la denuncia de la Procuraduría General de la Nación por los riesgos que representa el crecimiento inusitado en las inscripciones de votantes en 33 municipios de los departamentos de Meta, Atlántico, Cundinamarca, Santander, Cesar y La Guajira. El Gobierno ha anunciado disposiciones que permitirán acelerar investigaciones donde existan sospechas o denuncias por trasteo de votos y comparar bases de datos, a fin de reconocer si quienes sospechosamente inscribieron su cédula en un municipio, efectivamente son residentes en él. La lucha contra la trashumancia conlleva la persecución a otros delitos contra las libertades ciudadanas y la transparencia de las elecciones.


Aunque no es amenaza equiparable a la gravísima del proselitismo armado y ni siquiera se le puede comparar con la concurrencia de delitos electorales, el presidente de la República ha contribuido a perturbar el proceso electoral al anunciar que presentará al Congreso un proyecto de ley que permita derogar la Ley de garantías electorales, norma que limita la potestad de los mandatarios para realizar contratos públicos mientras transcurren las campañas y los comicios. Esta es una iniciativa virtuosa, en tanto la norma en discusión ha demostrado ser ineficiente para evitar el uso del presupuesto público en el favorecimiento de candidatos o ideologías; sin embargo, es fuente de perplejidad que aparezca cuando corre un proceso electoral en el que el Gobierno Nacional ha demostrado inocultable interés y sobre el que pesan otras amenazas que demandan máxima atención de los ciudadanos y vigilancia de las autoridades.