Columnistas

La deslegitimaci髇 de la justicia
Autor: Alfonso Monsalve Sol髍zano
29 de Marzo de 2015


La legitimidad de un ordenamiento jur韉ico se mide tanto por su origen, como por su funcionamiento y ejecutorias.

La primera tiene que ver con que los funcionarios que ejercen el poder hayan sido seleccionados según los cánones establecidos en la Constitución y las leyes, y particularmente, en el poder ejecutivo, mediante elecciones debidamente reglamentadas y transparentes, que garanticen el pluralismo político. La segunda, se relaciona con el cumplimiento de la ley, la protección de los derechos fundamentales de los individuos, la preservación y funcionamiento de una justicia imparcial, el resguardo del Estado de Derecho y la eficiencia y la eficacia de su trabajo.


Pues bien, la legitimidad del Estado colombiano está haciendo agua dramáticamente. En cuanto a la legitimidad de origen, el segundo mandato de Santos se montó sobre el peso de unas elecciones cuestionadas por denuncias de fraude, las cuales nunca fueron desvirtuadas;  la compra de votos, la mermelada los electores regionales para que hicieran bien su ejercicio fraudulento de torcer el sufragio, el montaje de acusaciones de espionaje por parte de la Fiscalía al candidato de la oposición; el direccionamiento inescrupuloso de la opinión pública a través de grandes medios de comunicación mediante la compra de publicidad con dineros prohibidos del Estado, etc.


Y frente a la legitimidad de desempeño, la era  Santos está manchada por la gran traición a las promesas sobre el destino de la nación que usó para hacerse elegir, las cuales tiró por la borda para hacer exactamente lo contrario: congraciarse y aliarse con el enemigo para desmantelar el Estado que juró defender,  en lugar de terminar de derrotarlo, que era lo que sus electores esperaban. En esta columna he argumentado consistentemente sobre este asunto, por lo que solo me referiré a él en los puntos estrictamente necesarios para la tesis que estoy defendiendo. Igual haré con el pertinente a la gravísima crisis económica por la que está atravesando el país, oculta entre la hojarasca de las conversaciones de La Habana, acaecida en razón de que Santos ferió los ahorros que el país acumuló durante más de ocho años, poniéndolos al servicio de su causa reeleccionista; desestimuló la producción nacional industrial y agrícola y no tomó las medidas pertinentes para preservar nuestra economía de la caída de los precios del crudo. En cambio, me concentraré en subrayar la deslegitimación de la justicia. 


Si algo ha quedado claro es que el sistema judicial está descompuesto gracias a la  corrupción, a  la politización de la justicia y a la judicialización de la política. 


Que el uso apabullante del poder del presidente se usa para debilitar la independencia de poderes se prueba, en esta ocasión, en que tramitará en su congreso de bolsillo que sea él quien terne la Tribunal de aforados, para tener en su puño a todos los altos funcionarios del Estado que tienen ese fuero y para evitar que pueda ser juzgado.


Que el poder judicial se ha deslegitimado se prueba por el lamentable espectáculo de la “rendición de cuentas” de la Corte Constitucional, donde salieron con un chorro de babas y sin poder desmentir la denuncia que ha hecho Pretelt a otros de sus colegas por tráfico de influencias.


Que el poder judicial se ha deslegitimado se prueba por el hecho de que dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia hayan renunciado en supuesta protesta por lo que acontece  en el tribunal constitucional, pero que curiosamente, la doctora María del Rosario González, una de las dimitentes, haga efectiva su dimisión ¡dentro de dos meses!, cuando apenas faltarán días  para su retiro forzoso. Esta es la magistrada que condenó a diez y siete años a Andrés Felipe Arias por firmar un contrato con una reconocida entidad internacional. 


No quiero entrar en honduras frente al Consejo Superior de la Judicatura o el Consejo de Estado, el carrusel de pensiones y la puerta giratoria. Ya el país se ha ocupado de esos temas. Pero hay asuntos igual de graves o más en la deslegitimación del aparato judicial. No hay verdadera independencia de poderes. El presidente interviene groseramente en las decisiones de las Cortes y su alianza con el señor Fiscal, ha terminado en una campaña de cerco y aniquilamiento de la oposición, que todo el país conoce y que ha tenido su pico en los señalamientos, supuestas pruebas, encarcelamientos se Sepúlveda, filtraciones ilegales, etc., para amedrentar al entonces  candidato Zuluaga y hoy presidente del Centro Democrático, a su hijo y a su asesor más cercano; pero que pasa por el intento de implicar a Uribe en las chuzadas y forzar el regreso de María del Pilar Hurtado, entre otras cosas, para cercar al expresidente.


Que el uso del poder apabullante que tiene la fiscalía se utiliza para acosar a sus objetivos, lo deja ver el llamado a la señora de Pretelt para que responda por crímenes de lesa humanidad, por la compra de unas fincas, curiosamente, una vez que se le  enredo el constreñimiento a renunciar al que fue sometido el magistrado, y mediando el hecho de que el señor Fiscal no ha respondido satisfactoriamente la acusación de tráfico de influencias, que incluye el lobby para lograr el nombramiento de una persona de su confianza como magistrada de la Corte Constitucional. 


La cereza del pastel la pusieron los delincuentes de las Farc  esta semana cuando dijeron que la justicia colombiana es nauseabunda y que no tiene autoridad moral ni derecho a juzgarlos, a ellos, que practican una verdadera justicia. Los que secuestran y matan sin formula de juicio, fusilan a sus militantes sin garantía alguna, narcotrafican, etc., se aprovechan de la crisis de legitimidad de  nuestro  sistema para validar su causa criminal. 


La deslegitimación de la justicia es, si se quiere, el síntoma más grave de la descomposición de nuestro Estado de derecho. Y no se supera con paños de agua tibia ni con remedios formulados por los propios responsables de esta catástrofe. Hay que apelar al soberano para que ponga fin a esa situación entrópica.