Columnistas

Fotomultas (1)
Autor: Carlos Mauricio Jaramillo Galvis
20 de Marzo de 2015


El juzgado quinto civil municipal de oralidad el día 30 de enero de 2015, falló a favor de la señora Gloria Patricia Álvarez Valencia (mi esposa), la acción de tutela promovida por ella contra la Secretaría de Movilidad de Medellín.

Por considerar que desde esta entidad se le violaron todos sus derechos fundamentales al debido proceso y su presunción de inocencia.


Esta Secretaría que se ha convertido en otro “coco” de la comunidad a través de sus cámaras de fotodetección,  considera que puede violar todos los derechos de los ciudadanos de bien de esta comarca,  con el cacareado cuento de que con estos aparatos se controla la velocidad de los autos para proteger la vida de los conductores y los pasajeros.


Ya lo había señalado la revista Semana en un artículo publicado en abril del año 2014: “En el caso de Medellín, lo más grave es que las multas son un negocio que maneja una empresa privada. Sus metas comerciales dependen del dinero que recaude el Tránsito por el cobro de multas. Si no reciben el dinero proyectado, le toca al municipio pagar lo que falta con la plata de los impuestos.  Así está diseñado el negocio”


Y en ese negociado involucraron a mi esposa, pues su calvario comenzó en diciembre del año anterior, cuando descaradamente le fue notificado por vía telefónica (otro abuso  más de esta Secretaría) de que un auto que se encuentra a su  nombre registraba tres fotomultas, las mismas que estaba en la obligación de pagar y, que una de ellas, ya hacía tránsito para cobro coactivo (¡y dele con los abusos¡)


Pues bien, para la fecha mi esposa comenzaba apenas a tomar clases de conducción en una reconocida escuela de enseñanza de esta ciudad, por lo que era imposible que fuese ella quien condujera el auto fotodetectado, amén de que no contaba con la experticia en esta materia y tampoco contaba con licencia de conducción, pero para la Secretaría de Movilidad de esta ciudad, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia no existen, por lo que utilizan un call center que se dedica a buscar a los dueños de los autos para “notificarles” las respectivas sanciones y, bajo la amenaza del cobro coactivo, buscan recaudar el dinero que se requiere mensualmente para cumplir con la cuota respectiva para el operador del negocio mencionado en la revista Semana en artículo señalado arriba.


¿Qué garantías puede tener un ciudadano del común en un país como el nuestro, si es el mismo ciudadano  quien tiene que demostrar su inocencia  y no es el ente acusador el que tenga que demostrar la culpabilidad?  ¿Por qué una entidad de carácter municipal viola la sentencia T-1263 de noviembre 29 de 2001? La misma reza de la siguiente manera: “El derecho fundamental al debido proceso, constituye una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda –legítimamente-imponer sanciones, cargas o castigos.  Constituye un límite al abuso del poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector de la actuación administrativa del Estado y no solo una obligación exigida a los juicios criminales”


Y ni que decir la forma como la Secretaría de Movilidad de Medellín viola con sus fotomultas el artículo 29 de la sentencia C-555 de 2001 que involucra como garantías exigibles del debido proceso  “ el respeto al principio de legalidad de la falta y la sanción disciplinaria, del principio de publicidad, del derecho de defensa y especialmente el derecho de contradicción y de controversia de la prueba, del principio de la doble instancia, de la presunción de inocencia, del principio de imparcialidad, del principio de non bis in idem, el principio de la cosa juzgada y de la prohibición de la roformatio in pejus


Las fotomultas tampoco se ajustan a la sentencia C-980 de 2010 con la cual la Corte llega a la conclusión de que la obligación atribuida al propietario de tener que pagar la multa, solo puede tener lugar como consecuencia de su vinculación formal a la actuación administrativa y,  luego de que se establezca plenamente su culpabilidad en la infracción.   Tampoco se ajusta a la sentencia C-530 de 2003 sobre las notificaciones, pues para la Secretaría de Tránsito basta con una llamada y de esta manera apurar los pagos correspondientes sin la debida defensa de los propietarios de los vehículos, partiendo de una responsabilidad objetiva que en el derecho sancionatorio está proscrita por la Constitución (CP art. 29)


Las fotomultas son un verdadero abuso que se inventantaron entre una un malhadado exalcalde esta ciudad y un particular y, con ellas le meten la mano al bolsillo a los ciudadanos de bien, amén de  las cargas de tributación que se imponen desde la alcaldía y desde el Gobierno Central