Columnistas

Fin del control de advertencia
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
20 de Marzo de 2015


Esta semana se hizo público que la mediante sentencia C-103 de 2015, la Corte Constitucional ha declarado la inexequibilidad de la competencia que en materia de control de advertencia ha ejercido la Contraloría General de la República.

Y aunque se desconoce el texto completo  de la providencia, muy seguramente por las mismas razones se hará inaplicable la misma competencia,  que con fundamento en la Ley  1474 de 2011, aplican las contralorías territoriales.


La decisión de la Corte es apenas lógica, pues sí las contralorías no pueden intervenir en las actuaciones de la administración, sino de manera “posterior y selectiva”, deben ser inconstitucionales las normas que le reconozcan a las entidades que ejercen  control fiscal  mecanismos de control permanentes y continuos sobre la administración, así como,  las que le permiten intervenir “mediante advertencias”,  durante la preparación o ejecución de las actuaciones y operaciones que posibilitan la ejecución del gasto público.


La revisión de constitucionalidad de las competencias que el Decreto 267 de 2000, le asignó a la Contraloría General de la República lo que permite es un llamado a reexaminar el modelo del control fiscal que se ha venido aplicando en Colombia y a sugerir algunas transformaciones sustanciales de la manera como el mismo es ejercido.


Colombia debe definir si es país está en vía de la modernización, la gerencia pública y el Estado gestor, en el que el paradigma del control es: “controlar para que las cosas se hagan bien”, en cuyo caso lo mejor sería adecuar la Constitución a este modelo, donde los controles no son más que una etapa externa del procedimiento administrativo;  o si por el contrario,  Colombia se mantiene en la orientación de viejos modelos de control fiscal donde el paradigma es: “controlar para castigar”,  y por eso los organismos de control no deben intervenir hasta que la violación del derecho o el daño al patrimonio público no se ha consolidado.


No obstante que con la expedición de leyes como la 42  y la 87 de 1993, Colombia se orientó sin duda hacia un modelo de control fiscal basado en el sistema de control  de auditoria,  con evaluación de la gestión y los  resultados, y  la aplicación de indicadores de eficacia, eficiencia, economía, equidad y desarrollo sostenible, con la expedición de la ley 1474 de 2011, se buscó  “criminalizar el control fiscal” y desviar sus orientación de control a la gestión, hacia la de un organismo “anti corrupción”, cuya tarea esencial es sancionar, (con sanción indemnizatoria clara está),  a funcionarios que actúan bajo la presunción legal de que sus actuaciones son realizadas  con culpa grave o con dolo.


Con la lectura que en la actualidad se hace de los artículos 267 y 268 de la Constitución, la Contraloría no tiene otro camino, que definir cuál su objeto de tutela, pues de un lado puede escoger que se trata de la de garantizar los mejorares resultados para las funciones administrativas del Estado, o del otro, escoger que se trata de “ayudarle a la Fiscalía y a la Procuraduría” en su tarea de acabar con la corrupción de los administradores de los bienes del Estado; pero parece que hacer conjuntamente las dos cosas no dará los resultados esperados.


Aunque terminar con la corrupción en los diferentes organismos del Estado, es una tarea en la que debemos estar comprometidos todos, no se avanza en el camino de la gerencia pública, cuando se entiende que esa sea la labor  esencial de los organismos encargados del control fiscal, es por eso,  que debemos entender que cada vez se hace más evidente que en Colombia se requieren ajustes institucionales de fondo en la Contraloría, los que es mucho más complejo que redefinir el mecanismo que debe utilizarse en la elección del contralor. 


Medellín que ha contado históricamente con una de las contralorías más calificadas del país,  debe tomar la nueva sentencia como pretexto para liderar el debate nacional sobre futuro del control fiscal en Colombia, pues  de lo contrario,  quedaremos aplicando instrumentos viejos a realidades económicas y sociales a los que ellos ya  no corresponden.