Editorial

El paro camionero
18 de Marzo de 2015


Transcurridas tres semanas del paro convocado por la Asociaci髇 de Transportadores de Carga, ATC, y al que se han sumado otros peque駉s gremios de camioneros, los sectores productivos y los consumidores han comenzado a sentir el impacto de la inmovilizaci髇 de las mercanc韆s en los sitios de producci髇 y en los puertos, por lo que han aumentado el tono de su exigencia a transportadores y Gobierno para que busquen un acuerdo que conjure este paro y las amenazas de posteriores que pudieren sucederlo, repitiendo la historia reciente de las protestas en el pa韘.

La incapacidad de llegar a acuerdos y las confusiones de la opinión pública sobre las demandas y la representación legítima de los camioneros, además del peso impuesto a la sociedad, evidencian las limitaciones de los negociadores actuales y exigen nuevas estrategias que rompan el círculo vicioso.


Todo cese de actividades es una medida de fuerza resultante de la incapacidad de los negociadores para alcanzar acuerdos razonables de parte y parte y del fracaso de la palabra y los argumentos como instrumentos superiores de la democracia. Los principales responsables de esos fiascos son los voceros políticos de las partes, que, por conveniencia o terquedad, se empecinan en provocar y mantener la protesta para lograr el desgaste de su contraparte, por lo general sin evaluar que en él nace su propio debilitamiento. Además, cualquier paro impone riesgos excesivos e inútiles para las causas perseguidas; este paro ha ocasionado vandalismo, choques con otros transportadores, con la Policía y aun con la comunidad, además de encarcelados y hasta la pérdida irremediable de una vida humana.  


Con la palabra debilitada, los huelguistas pierden oportunidades para explicar y encontrar adhesiones a sus motivos, así tengan legitimidad, y la contraparte enfrenta dificultades para recibir sus reclamos y contrapropuestas, que en esta crisis, como la que se tuvo en 2013, siguen girando por la exigencia de transportadores al Gobierno para que fije precios mínimos a los fletes, racionalice el precio de la gasolina, intervenga en la reducción de costos de operación y mejore condiciones para la chatarrización, entre sus principales demandas, en su mayoría de carácter técnico y discutibles sólo sobre la base de informaciones precisas de la situación del mercado del transporte, sus costos, dificultades presentes, y, como contraparte, del mercado de la carga nacional, sus necesidades y posibilidades para el pago de las exigencias de los cargueros. Tan complejos temas, los camioneros deben saberlo, no son para la negociación de una huelga, sino para la más amplia y serena discusión.


Por demás, el precio de la gasolina y su relación con el valor del barril de petróleo, la débil capacidad de refinación del país, así como la discusión sobre la fórmula que lo determina, están en el primer plano de la agenda de esta protesta y sus peticiones son compartidas por transportadores urbanos y dueños de vehículos particulares, por cuanto el Gobierno no ha reaccionado fijando valores para marzo correspondientes a la caída en seis dólares del precio estimado en febrero, cuando se decretó la última reducción. El debate sobre el precio del combustible y los impuestos a él asociado y su importancia en los costos del transporte de carga tiene gran valor técnico, así como componentes de política económica que trascienden el interés particular de un importante gremio económico y la agenda tributaria del Gobierno, y por tanto puede y debe estar sobre la mesa y convocando a los distintos grupos de discusión.


Este paro vuelve a poner sobre la mesa las diferencias aun no tramitadas entre gremios de camioneros, que parecen defender la misma agenda pero chocan por la disparidad de intereses que separan a los grandes empresarios del sector de los que apenas si sobreviven. Su incapacidad para encontrar y dar mayor peso a los puntos de unión frente a las razones de división, se traduce en que mientras la ATC y los pequeños gremios aliados impulsan la huelga y la movilización camionera, Colfecar se revela como su contradictor y Defencarga simplemente calla, mientras trabaja. Las discrepancias entre líderes ¿o caciques? de pequeños gremios disminuyen la posibilidad de que los transportadores puedan hacer seguimiento y garantizar que el Gobierno cumpla los acuerdos que habrán de construir para llevar la movilización a su final. Este, renovado mito de Sísifo, se escribe con trágica repetición en paros que dejan como perdedores al Gobierno desgastado en difíciles negociaciones, a los huelguistas aporreados en su economía y unidad, y al país, afectado por conflictos gremiales con tinte de pulsos de poder.