Economía

Despite cartels, product prices would not go down
Pese a carteles, precios de productos no bajarían
Autor: Duván Vásquez
17 de Marzo de 2015


Estudios internacionales han demostrado que, en promedio, un 30% se incrementa el valor de los productos que han sido objeto de una cartelización empresarial.


La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) presentará en los próximos días la decisión de sancionar o absolver a las compañías implicadas en presuntos carteles de los pañales, papel higiénico, cemento, azúcar y arroz, que supuestamente habrían inflado el precio de sus productos mediante un acuerdo.


De confirmarse sus actuaciones y el pliego de cargos formulados, las empresas Tecnosur–Tecnoquímicas, Grupo Familia, Colombiana Kimberly Colpapel, Drypers Andina, Papeles Nacionales, Papeles de Risaralda, Cementos Argos, Cemex, Holcim, Cementos Tequendama, los molinos Roa y Florhuila, Asocaña y varios ingrenios como Riopaila Castilla y Manuelita, tendrían que pagar cada una multas de hasta $65.000 millones y para cada uno de su personal involucrado hasta $1.300 millones, como lo confirma el superintendente Pablo Felipe Robledo.


Aunque la investigación de la SIC se hace con respecto a determinar si se incurrió en cartelización como una acción que afecta la libre competencia, Robledo dice que podría haber un incremento en los precios, debido a que “hay estudios internacionales que muestran  que cuando hay carteles empresariales, los precios de los productos suben entre un 10% y un 60%, pero que el promedio que muestran esos estudios es que es del 30%”.


Sin embargo, así haya un fallo probatorio y sancionatorio con las multas determinadas por ley, no es obligación para las compañías bajar el precio de esos productos que se incrementaron artificialmente su valor en el caso de cartelización.


Esto se debe porque en Colombia, como en la mayoría del ámbito internacional, rige el libre mercado con la ley de la oferta y la demanda. 


Según Giovanni Montoya Aldawe, director de contenidos de Grupo Ágora, organización de análisis de información económica, “el asunto está ligado a temas de oferta y demanda, porque la Constitución promueve y consagra el principio de libertad de empresa”. Entonces decisiones que se tomen alrededor del precio podría afectar esa libertad, aunque una regulación se suele hacer con artículos indispensables.


Por su parte, el Superintendente aduce que “en Colombia, la regla general gracias a Dios, es la libre competencia y esta implica que los precios son fruto de lo que termine ocurriendo en el mercado”, razón por lo que cree que una vez desmantelados los carteles –si los hay-, los precios de esos productos empezarían a bajar con la competencia entre cada agente.


A pesar de ello, no hay garantía de que suceda porque muchas de esas compañías, en su conjunto, controlan el 96% del mercado de su producto como es el caso de los pañales y el papel higiénico, y ellos simplemente podrían dejar el precio como está y así le lleguen sanciones, el precio final lo seguirían pagando los consumidores.


“Eso que parece lógico atenta contra la lógica económica. Si cada persona se comporta en el mercado como un agente independiente del mercado, necesariamente los precios estarán por debajo que cuando actúan como si fuesen un solo agente en el mercado que es lo que produce la cartelización”, manifiesta Robledo, quien asegura que en este caso el Gobierno no puede intervenir para bajar los precios, por que eso sólo se hace en “circunstancias excepcionales”, como lo hizo con la regulación de los medicamentos.


Hasta el momento la SIC está resolviendo los recursos de apelaciones que las mismas compañías interpusieron ante la formulación de pliego de cargos en defensa de su accionar.



¿Regular algunos precios?

El presidente de la Asociación de Consumidores de Medellín, Anselmiro Bañol, señala que “desgraciadamente” en el país rige la oferta y la demanda, por lo que en algunos casos los empresarios han abusado de los consumidores, debido a que hay quienes conforman carteles para especular con los valores, pese a que en Colombia “está prohibido el acuerdo de precios”.


Es así que ante esa situación, Bañol estima que se debería regular esos productos de primera necesidad como los que estarían cartelizados, al igual que otros que tienen control por el Estado como la gasolina, licores, petróleo, servicios públicos domiciliarios y los arrendamientos.


En eso coincide Montoya Aldawe, quien afirma que para evitar los carteles empresariales “debería haber un marco regulatorio, pero más importante aun, debe haber un conocimiento amplio por parte de los consumidores, que no se enteran de esas situaciones”. Otra solución para regular podría ser que el Gobierno llegue a un acuerdo con proveedores del exterior, para importar esos productos básicos de la canasta familiar a precios reales.