Editorial

Obama, la OEA y Venezuela
12 de Marzo de 2015


El presidente Barack Obama sorprendió el pasado lunes al emitir y publicitar el acto que declaró a Venezuela como amenaza para la Unión Americana

Así como las medidas con las que determinó sancionar a siete funcionarios del régimen chavista considerados responsables de los ataques contra los más prominentes líderes de la valiente Mesa de Unidad Nacional, en la oposición. Estas medidas son poco usuales para el estilo de un gobernante que tiene como guía de acción externa la búsqueda de concertación, el respeto por el multilateralismo y el impulso a los organismos multilaterales en situaciones tan críticas como la amenaza iraní, el terrorismo de Isis o la crisis de Ucrania. Y llegan a ser contradictorias en cabeza del promotor de la controversial tesis del fracaso de las acciones de regulación y control a los hermanos Castro y su afán de expandir la revolución comunista a la América continental.


Para esta actuación frente al Gobierno venezolano y algunos de sus líderes, el presidente Obama acudió a instrumentos clásicos del Imperio. El señalamiento a un país como amenaza para la seguridad de Estados Unidos se decide con base en una ley que data de 1976, tras lo cual ha sido impuesto en 53 ocasiones. Hoy continúan vigentes 31 Estados de Emergencia, entre ellos uno impuesto sobre Colombia, decretado en 1995 y renovado en octubre pasado, con la pretensión de aprovechar sus facultades para decidir medidas de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, la criminalidad y la violencia a él asociado. La acción contra Venezuela busca ser medio contra la corrupción y el retroceso democrático.


Como esta declaratoria para Venezuela resulta inexplicable si se le considera como reacción equiparable a las acciones del régimen de Maduro contra diplomáticos estadounidenses en Caracas o incluso como alerta por la arbitraria detención de Antonio Ledezma, alcalde de Caracas, y puesto que es incoherente frente a la apertura que ha oxigenado a los hermanos Castro, las explicaciones que encontramos más plausibles serían la respuesta convincente a la presión de líderes cubano-americanos que acrecientan su prestigio en las críticas a las acciones frente a Cuba, o un abrebocas a la Cumbre de las Américas, a realizarse en Panamá el 10 y 11 de abril, encuentro que se verá abocado a dar un debate que la OEA, a instancias de su temeroso secretario, ha eludido hábilmente, a pesar de que las actuaciones del chavismo son abiertamente violatorias de la Carta Democrática del ente multilateral. 


El costo inicial de la decisión de Obama es el de ofrecer excusa al envalentonamiento del régimen sometido a las sanciones. En el frente externo, las medidas le han permitido una fuerte campaña de relaciones públicas por su relegitimación con aliados a los que ha dejado de alimentar con sus petrodólares y que podrían ablandar su agradecimiento; esta acción comienza a dar resultados en organismos como Unasur y el Alba, que saltaron presurosos a abrazar a Nicolás Maduro y generar negaciones contraevidentes sobre la situación de Venezuela. En el frente interno, la movida ha servido como nuevo garrote contra la oposición, notificada de la furia presidencial con el ascenso a ministro del general Gustavo González López, cabeza de los sancionados, y amenazada por una nueva ley habilitante con la que Maduro buscará facultades para empoderar a su partido de cara a las elecciones parlamentarias. Con elecciones a la vista, lo obvio era que el régimen apelara al sofisma del imperialismo yanqui como caballito de batalla de fácil uso para reconquistar electores desencantados con el régimen.


Las decisiones de Estados Unidos frente al gobierno de Caracas han llevado a la vacilante Cancillería colombiana a una encrucijada que enfrenta la tradición de nuestras relaciones exteriores y los intereses del gobierno Santos. Omitir el respaldo a estas medidas del gobierno Obama implica romper la balanza para enfrentarse con el viejo amigo, hoy aliado, del país en la defensa de la institucionalidad y el desarrollo. Pero, por otro lado, blandir la espada de la defensa de la disposición o hasta emitir un concepto tan tibio como el que se ofreció para respaldar a Antonio Ledezma, significa un enfriamiento frente al chavismo, erigido en facilitador de las conversaciones de La Habana, postura ganada por Hugo Chávez tras abrir sus fronteras y sedes a los jefes de organizaciones criminales colombianas que obtuvieron su cómplice protección de la acción incansable de las Fuerzas Armadas de Colombia.