Editorial

El desminado
11 de Marzo de 2015


Aunque se ha presentado como un capítulo inédito, el acuerdo sobre desminado que el Gobierno y las Farc presentaron el pasado sábado 7 de marzo es, en realidad, un avance en la reglamentación del acuerdo parcial y no refrendado sobre “solución al problema de las drogas ilícitas”...

Aunque se ha presentado como un capítulo inédito, el acuerdo sobre desminado que el Gobierno y las Farc presentaron el pasado sábado 7 de marzo es, en realidad, un avance en la reglamentación del acuerdo parcial y no refrendado sobre “solución al problema de las drogas ilícitas”, en el que se consagró que, tras la firma del Acuerdo Final, se pondría en marcha “un programa de desminado y limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por minas antipersonal y municiones sin explotar”, a cargo del Gobierno Nacional, que tendría colaboración de las Farc, especialmente con información sobre ubicación de los artefactos. 


 


Aunque no existen informaciones, documentos o mapas que registren la dimensión del problema, se considera que las Farc han ubicado minas antipersonal y otras trampas mortales en el 40% del territorio nacional, siendo Antioquia el departamento más afectado por esta acción que en 1998 fue prohibida por el Tratado de Ottawa. En 2002, y después de haber formado un batallón especializado, el Ejército inició la labor de retiro de las minas que había instalado y de las que había dejado registros y mapas, tarea que culminó el 13 de julio de 2010. Desde la aprobación del Tratado y su vigencia en el país (año 2001), las Farc intensificaron las acciones de fabricación y colocación de artefactos que han usado para proteger los terrenos en los que realizan actividades asociadas al narcotráfico, facilitar el repliegue de las tropas y atacar la Fuerza Pública sin arriesgarse, lo que explica que las minas antipersonal estén a la vera de caminos vecinales usados por los campesinos y rodeando las escuelas rurales, razón por la que entre 1990 y el pasado enero se han registrado 1.100 víctimas menores de edad. 


La eficiencia, o sea rapidez y bajo riesgo, en el desminado es posible mediante varios medios. El sencillo exige que el responsable de colocar los artefactos tenga registros georreferenciados sobre la ubicación de las minas; con menor rapidez pero igual eficacia se podrá realizar, como hemos invitado que suceda tras la firma del Tratado de Ottawa, mediante equipos no tripulados y dotados con sensores especiales que podrían fabricar centros de investigación en alta tecnología y que serían garantía de protección a la vida de los responsables del desminado. A falta de mapas y de conocedores de la ubicación exacta, en el acuerdo suscrito por el Gobierno y las Farc se decidió iniciar el proceso mediante un indefinido “estudio no técnico”, que “debe identificar exactamente las áreas realmente contaminadas”. Este texto da al traste con las expectativas, nacidas en las informaciones publicadas, sobre el papel de los guerrilleros como responsables de informar sobre la ubicación de las minas y otros artefactos peligrosos.


En informaciones posteriores a la divulgación del documento, voceros del Gobierno señalan que el proceso de investigación sobre la ubicación de las minas y su manejo, así como la suspensión de órdenes de captura a guerrilleros que harán parte de las comisiones de desminado -con funciones no identificadas- iniciará de inmediato. El entusiasmo del país con un anuncio que ojalá significara la salvación de las vidas en riesgo por estos aparatos, no ha favorecido interpelaciones necesarias a la determinación de pasar por alto dos aspectos que se presentaron como substanciales en la negociación: el principio de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, o sea que lo divulgado hasta la fecha son acuerdos parciales de la mesa de conversaciones y el compromiso de que la vigencia de los acuerdos, incluso los más esperados por la opinión pública, exigen la previa refrendación de los colombianos mediante un mecanismo democrático.


 


Así las cosas, pues, se ha adoptado una decisión bilateral que pone la carga del peligroso y costoso desminado humanitario en los hombros del Gobierno Nacional, que tendrá apoyo principalmente de la ONG Ayuda popular noruega, organización con más de 75 años de activismo en distintos frentes de promoción de la democracia y, más reciente, en acción humanitaria. Los ayudarán a llevar esta carga, miembros de “la comunidad” ¿será sinónimo de campesinos?, que, vuelve a aparecer como convidado de última hora llamado a legitimar las decisiones optadas a favor de la contraparte del Estado en la mesa, no como la merecedora de acciones de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición por los daños sufridos en este conflicto, entre ellos los que les causaron las minas dejadas conscientemente en sus tierras y los caminos de sus recorridos usuales.