Editorial

¿Perdón para quienes no sienten ni culpa?
6 de Marzo de 2015


La visita del presidente Santos a Madrid dejó fotos que engalanarán el álbum nacional de la sofisticación.

Algunas preguntas sobre los acuerdos con la contratista Comsa, y el compromiso de Mariano Rajoy con la intercesión de España ante el Consejo de Seguridad de la ONU para que actúe frente a la Corte Penal Internacional a fin de garantizar la suspensión o prevención de posibles acciones contra responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad que queden cobijados por la justicia transicional colombiana. La iniciativa, que ya tiene bendición de Felipe González, jefe simbólico del Psoe, tiene grandes posibilidades en un organismo despreocupado por Latinoamérica.


El Estatuto de Roma y su instrumento punitivo, la CPI, son una creación de la humanidad para hacer valer un consenso forjado por estados democráticos y defensores de derechos humanos en el siglo XX, este tiene firma de 139 naciones y ratificación de 25 más, desde su vigencia en 2002. Colombia lo suscribió en 2002 pero se reservó siete años para abrir posibilidades de acuerdos de cese el conflicto armado, en especial con las Farc. Con ese Estatuto quedaron superadas las posibilidades de acuerdos de punto final, amnistías, indultos y actos de fin de procesos penales, que ofrecían impunidad a cambio de cesar conflictos internos, como sucedió con el M19, el Epl y otros grupos menores. Desde 1998, cuando fue aprobado el contenido del Tratado y 2002, cuando entró en vigencia, la humanidad está dando prelación a la exigencia de respeto a los derechos humanos y, consecuentemente, a la restitución de los derechos a quienes les han sido violados por el Estado o por otros victimarios. En ese marco, la justicia transicional surge como mecanismo universalmente aceptado de justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición a las víctimas. En tres de siete acuerdos de cese el conflicto suscritos después de 2002, existen procesos abiertos en la CPI por actuaciones de los firmantes que quedaron en la impunidad.


Ese acuerdo superior de la humanidad que hoy vincula a la mayor parte de miembros de la ONU es el que ahora proponen burlar el Gobierno de Colombia y los aliados emergentes que le ayudarán a gestionar excepciones que permitan ofrecer impunidad a los máximos responsables por esta clase de delitos en las Farc, y a quienes puedan equiparárseles en la Fuerza Pública, instituciones democráticas o desde la civilidad. Las propuestas, explicaciones y gestiones por este “perdón general” con el que se pretende justificar el perdón a unos cuantos -los miembros del Secretariado General de las Farc-, no sólo son un retroceso en los alcances del Derecho Internacional para volver al principio maquiavélico de los medios justificados por el fin, sino que también son incoherentes a más no poder pues si se revisan bien las declaraciones de los miembros de las Farc en La Habana, en ellas se niegan a reconocer siquiera su actuar criminal, narcotraficante y terrorista, por lo que sus exigencias, más allá de impunidad, lo que apuntan es a que se les declare no culpables y no responsables por crímenes de guerra y lesa humanidad. Algo que podrá maquillarse como se quiera, pero será siempre una grotesca mentira y por lo tanto una enorme injusticia, de la cual es imposible que emane paz.


Acostumbrados como estamos y está el mundo entero, a sus frecuentes cinismos y crueldades, estas declaraciones pasan casi desapercibidas. En las más recientes al New York Times, por ejemplo, alias iván márquez y alias jesús santrich señalaron que “todo lo que hemos hecho se ha planeado en función de la rebelión, no hemos planeado nada contra la población civil”, aclarando que “se han cometido errores”, y supeditan un eventual “acto de contricción política” a los resultados que “el próximo año” presente la Comisión Histórica de la Verdad. Tras casi dos años y medio de conversaciones, la verdad ofrecida es, pues, la que quiere hacer del Estado, sus defensores, y las víctimas, los máximos responsables de estos años de criminalidad. Sin cárcel, la mínima para máximos responsables, pero esa por lo menos, y sin verdad, en nada quedarían las obligaciones de reparación y no repetición. Mientras tanto, durante las últimas semanas, los medios de comunicación han publicado amplios reportajes sobre labores heroicas realizadas por ciudadanos y soldados que arriesgan su vida e integridad física buscando y destruyendo las minas sembradas por las Farc. En el punto ya acordado sobre este tema, las Farc no sólo no entregan mapas de minas, ni se comprometen a financiar el desminado; tampoco proponen a sus hombres para esta tarea. Mientras tanto, y en medio de un supuesto cese el fuego unilateral, la información divulgada por altos mandos militares sobre las alianzas Farc-Eln o Farc-bacrim, y el recrudecimiento de actos de violencia sin responsables recuerdan que la violencia va mutando en sus formas. La impunidad sigue ganando apoyos que ocultan las voces de sus pocos críticos.