Editorial

La Corte bajo sospecha
4 de Marzo de 2015


El caso de aparente corrupción en la Corte Constitucional que ha ocupado por varios días el primer lugar de la agenda informativa, provocando una apasionada carrera de protagonismos usuales o emergentes...

El caso de aparente corrupción en la Corte Constitucional que ha ocupado por varios días el primer lugar de la agenda informativa, provocando una apasionada carrera de protagonismos usuales o emergentes, arriesga ser otra anécdota en la historia nacional de la infamia, así pudiera ser ocasión propicia para analizar y resolver los problemas por el origen, la estructura, las potestades y los controles al órgano al que la Asamblea Constituyente otorgó poderes casi omnímodos como última instancia de las más importantes decisiones del Estado. Como ninguna otra institución, la Corte Constitucional reúne súper-poderes que ejerce sin control, por ser órgano de última instancia y porque la única vigilancia sobre ella es la judicial que ejerce la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y, lamentablemente, la inquisitorial de los medios masivos de comunicación, que arriesga disolverse con un nuevo escándalo que lo reemplace. 


 


Mediante la revisión de tutelas, la Corte Constitucional ha tomado decisiones en todos los ámbitos de la acción pública y muchas que, como en el caso de Fendipetrol, afectan intereses particulares. En discutidas, pero ineluctables, sentencias de revisión de tutela ese tribunal ha extendido sus facultades hasta invadir las del Legislativo o modificar al Ejecutivo; también ha generado nuevas obligaciones al Estado y ha modificado el ejercicio de derechos y deberes por los ciudadanos y las personas jurídicas privadas. Estas decisiones han conducido a que muchos abogados prefieran tramitar sus querellas por la vía de acciones de tutela, lo que ha generado que mensualmente el organismo reciba para revisión cerca de 70.000 decisiones. Según indicó un expresidente de la Corporación, una sala de dos magistrados, que cambia cada mes, logra seleccionar para revisión unas 45 decisiones, lo que significa que 69.955 aspirantes quedan excluidos -con razón o sin ella- de la que muchos ven como alternativa salvadora. Tales circunstancias conceden a los magistrados un poder que intentaron restringir mediante un fuerte reglamento que prohíbe el lobby y otras prácticas, pero que, como lo revela este escándalo, parece ser letra muerta porque no existen instrumentos de control, distintos a la voluntad del presidente, para hacerlo valer.


 


Exmagistrados y abogados constitucionalistas deploraron la importancia que el magistrado Pretelt ha dado a su filiación partidista, tratándola no como la identidad ideológica para defender un modelo de Estado en la instancia que configura sus capacidades y límites, sino como una razón clientelista para negociaciones burocráticas tendientes a fortalecer el poder de un grupo político. El escándalo y las reacciones del involucrado han devuelto la atención a las declaraciones del exmagistrado Nilson Pinilla tras su retiro de la Corte Constitucional, en junio del año pasado, pues ya en ellas había señalado los riesgos y desafíos que entrañaba la capacidad nominadora de magistrados que, a su vez, tienen origen en ternas sobre las que decide el Senado. Como esa corporación legislativa es elegida por circunscripción nacional y por organizaciones políticas tan debilitadas que algún analista se ha atrevido a llamarlas “franquicias electorales”, los miembros de la corporación carecen de responsabilidades políticas ante la ciudadanía o los partidos que representarían. En esas condiciones, no hay garantías de que el examen a los candidatos a la magistratura más alta del país se haga sobre sus calidades académicas, trayectoria en la Rama Judicial o ideas sobre el Estado colombiano; es más, por ellas, resulta muy probable que el examen se haga sobre las capacidades clientelares de los futuros togados, como ha quedado en evidencia a propósito de las elecciones en que el presidente de la Corte Constitucional intervendrá en el año que corre.


 


Por supuesto, el debate en curso habrá de conducir, a pesar del pesimismo que despierta su investigador, en que se aclaren las actuaciones del magistrado en discusión y a producir las sanciones que hubiere a lugar, si es del caso. Pero eso no puede ser suficiente. El país ha comprometido sus esfuerzos políticos en el trámite de una reforma constitucional presentada como “de equilibrio de poderes” pero que ha derivado en un simple instrumento para resolver los problemas que la reelección presidencial creó en el aparato burocrático nacional. El rédito de escándalos como el que corre debería abrir camino para revisar el origen, el poder, y los mecanismos de control administrativo, disciplinario y judicial, a las cortes cuyo actuar está bajo sospecha.