Editorial

Los aliados de las conversaciones de La Habana
27 de Febrero de 2015


La consolidación de los sistemas nacionales e internacionales de derechos humanos ha sido, en las décadas recientes, prenda de garantía para sociedades victimizadas por conflictos armados internos, dictaduras o guerras civiles.

Pues gracias a ellos se han definido mecanismos de justicia transicional que garanticen la penalización de los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad, así como someter a la justicia a los responsables de su comisión, así ellos hubieran sido cobijados por leyes de perdón y olvido, como las promulgadas tras el retorno de la democracia o la firma de la paz en distintos países. Entender que estos precedentes son fruto de grandes esfuerzos de la civilización, permite también reconocer que la defensa de las víctimas mediante la demanda de justicia transicional es una acción civilizada que reconoce la vulneración de sus derechos y demanda su plena restitución, por tanto, no es vindicativa, particular o menospreciable. 


Hace seis meses comenzaron en La Habana las rondas de conversaciones sobre la forma como se habrán de garantizar los derechos de las víctimas; hoy no se conocen decisiones en tal sentido. Desde agosto se cumplieron las visitas de ciudadanos afectados por crímenes cometidos por las Farc, por miembros de la fuerza pública o por otros grupos al margen de la ley, para exponer sus ideas a la mesa de conversaciones, sin que ello modificara las posturas de las Farc en este campo. En diciembre comenzó el cese al fuego ¿unilateral?, una de cuyas trampas sería el dominio del factor tiempo por las Farc.  Efectivamente, desde entonces y a pesar del acelerador que el presidente Santos quiso ponerle a inicios del año, sólo ha avanzado la promoción de la incoherente tesis según la cual el sacrificio de la justicia por el acuerdo de paz garantizará el fin de la victimización y del conflicto. La falta de avances y las posiciones cada día más recalcitrantes de las Farc han propiciado que crezca la desconfianza general con unas conversaciones que no ofrecen garantías de paz o de seguridad, mucho menos de verdad.


Ante las dificultades en La Habana, el Gobierno Nacional y entidades que lo acompañan, con su cofinanciación, como el Pnud, se han comprometido en acciones tendientes a aclimatar posturas favorables a un acuerdo que ofrezca mínimas garantías de restitución de sus derechos a las víctimas. Tal interés explica el activismo a favor de la mesa de conversaciones en ciudadanos emblemáticos en las luchas por la Noviolencia y la paz, como el excandidato Antanas Mockus, o los premios Nobel de Paz, Kofi Annan y Óscar Arias. Los exlíderes de la ONU y Costa Rica participaron en la semana que termina en diversos foros organizados por el Pnud, el periódico El Tiempo, la Universidad del Rosario, la revista Semana, entre otros, con el fin de analizar mecanismos de justicia sin prisión para desmovilizados. En sus intervenciones académicas y ante medios de comunicación, los señores Annan y Arias tendieron su mano a los voceros de las Farc que demandan un acuerdo sin justicia transicional, pues “lo haría inalcanzable”, señalando que “hemos aprendido que la justicia no puede ser un obstáculo para la paz”. Ambos, eso sí, fueron cuidadosos para precisar que “los acuerdos de paz no pueden aceptar la impunidad y deben satisfacer las normas internacionales”. 


No obstante ese esfuerzo para apoyar la aspiración de un acuerdo sin justicia, persisten decisiones y voces que ofrecen la esperanza de que las víctimas, o sea el país afectado por la violencia, no serán impelidos a renunciar a sus derechos. El Gobierno de Estados Unidos ha delegado a Bernard Aronson como observador de las conversaciones, “porque tenemos programas de asistencia en curso a Colombia que ayudan a sembrar las bases para la implementación de un posible acuerdo de paz”, según declaró el secretario de Estado, John Kerry, en comparecencia para explicar al Congreso de su país ese nombramiento. Esa compañía vigilante no excluye la observación crítica de ciudadanos, como el expresidente Uribe y el Centro Democrático, columnistas independientes y miembros de otros partidos, que siguen atentos las conversaciones para demandar de ellas reconocimiento y respeto a las víctimas y de sus beneficiarios, sometimiento a la justicia, dejación y entrega de armas, y plena garantía de que ni por sí mismos ni por interpuesta persona, seguirían siendo amenaza para el pueblo y el Estado colombiano. Y con esa demanda coinciden los colombianos que aspiran a acuerdos sin impunidad que garanticen la paz, los derechos y la seguridad de los colombianos. Nada más, tampoco nada menos.