Política

Panorama
Autor: José Ignacio Mejía / Nacho
23 de Febrero de 2015

El 300


Por las tensiones que ha suscitado el ya muy famoso Proyecto de Acuerdo 300, la mesa directiva del Concejo de Medellín decidió entregar a la ciudadanía el texto de la iniciativa aprobado en primer debate la semana pasada por la Comisión Tercera de la Corporación. Como se sabe, el Proyecto altera los nervios de la oposición política al Gobierno de la ciudad, pues el alcalde está pidiendo facultades por cuatro meses, en su último año del cuatrienio, y sus contradictores ven privatizaciones hasta por debajo de la cama, pese a que la administración ha repetido una y otra vez que no es verdad y no es posible. Recordemos que estamos en un año electoral y se usan todas las formas de “lucha” para obtener dividendos en votos. Y obviamente el Ejecutivo Municipal dio un papayazo a sus contrarios y le complica la campaña a sus amigos que serán candidatos.


No y no


Los actuales directivos del Cabildo de Medellín, al mando de su presidente Fabio Rivera, un socialdemócrata liberal antiprivatizador, reiteró que no se está discutiendo ningún Proyecto de Acuerdo que permita enajenar o vender parte o la totalidad de Empresas Públicas de Medellín. Y que la iniciativa del Gobierno Gaviria tampoco tiene como objeto cambiar la naturaleza jurídica de ninguna de las entidades o empresas del Municipio de Medellín, razón por la cual todas conservarán su carácter y autonomía.


Comisión Primera


También la mesa directiva, para ilustración de la ciudadanía, explicó que cuando se presenta al Concejo un proyecto de acuerdo de estas magnitudes  se discute en primer debate en la Comisión Primera  del Concejo y no en la Tercera como ocurrió en el análisis del Proyecto de Acuerdo 300. El presidente del Cabildo, Fabio Rivera, afirmó además que los efectos del Proyecto de Acuerdo 300 emanan del compromiso establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial para dar al Gobierno local las herramientas requeridas para el desarrollo, vigilancia y control de esta normatividad. El dignatario viene insistiendo desde la apertura del período de sesiones extraordinarias de la Corporación, que la iniciativa no tendrá incidencias en Empresas Públicas ni en UNE. Y recalcó que sólo es para una reestructuración del ente central del Municipio. Pero hay muchos que no creen.


La Administración


Desde el piso doce de la Alcaldía han dado la cara para enfatizar y comprometerse con la ciudad que la figura de conglomerado público –contemplada en el proyecto– no es sinónimo de privatización, razón por la cual no se pierde el control político ni administrativo de las 46 entidades de la Administración de Medellín. “Por el contrario, es un aprovechamiento de sinergias para llegar de manera más articulada a las comunidades, con beneficios que se ven reflejados en los territorios, porque el modelo permite mayor inversión social”, aseguran.


El blindaje


Y para ratificar aún más que no existe ninguna posibilidad de privatizar a ninguna de las entidades del orden municipal, el proyecto aprobado en primer debate la semana pasada las blinda al consignar las siguientes condiciones: no habrá supresión de cargos desempeñados por servidores de carrera administrativa. Se garantizarán las condiciones laborales y prestacionales vigentes. No se incrementará el valor de la nómina. Se conservará la naturalaza pública de las entidades descentralizadas. El capital de las empresas industriales y comerciales del Estado y de los establecimientos públicos se conservará cien por ciento público. Se garantizará la autonomía administrativa de las entidades descentralizadas y se atenderán las disposiciones contendidas en la Ley 617 del 2000 y la Ley 819 de 2003.



Óscar Hurtado salvó la curul

El representante a la Cámara liberal por Antioquia, Óscar Hurtado Pérez, conservó su curul en el actual período del Congreso de Colombia 2014 – 2018, al fallar a su favor el Consejo de Estado una demanda en su contra por una presunta violación al régimen de inhabilidades que cobija a los congresistas.


La Sección Quinta de Asuntos Electorales de ese tribunal judicial tras escuchar a las partes en las audiencias orales que se practicaron, determinó negar las pretensiones de la demanda en el sentido de anular la elección de Hurtado Pérez.


La querella se relacionaba con una supuesta inhabilidad del contador público y exalcalde de Tarso, debido a los cargos que desempeñaban dos hermanos suyos, uno en Corantioquia y el segundo en el Municipio de Medellín, los cuales podrían beneficiar a su familiar como candidato a la Cámara en el 2014.


Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que el hermano que laboraba en Corantioquia ya había renunciado al momento de la elección en marzo de la pasada anualidad, mientras que el funcionario de la Administración de la capital antioqueña no ejercía autoridad civil, política y administrativa de la cual Hurtado Pérez pudiera sacar ventaja para su elección.


La demanda fue formulada por un apoderado de la campaña del también candidato liberal a la Cámara Jaime Garzón Araque, quien de esta forma ve truncada la posibilidad de acceder al Congreso por la vía judicial.


Óscar Hurtado fue defendido por el bufete o la firma de abogados Ochoa - Correa Asociados, concretamente por el jurista y profesor Rodolfo Correa, quien así se apunta un triunfo judicial  muy sensible en la política liberal de Antioquia, toda vez que se trata de una curul legislativa que significa poder y vigencia política, además de las repercusiones que tiene en la parte económica y salarial.


Esta demanda es una de las tres que se presentaron para el caso de la Cámara por Antioquia tras los comicios del Congreso de Colombia del año pasado.


Otra de ellas es la que enfrenta a los políticos conservadores Carlos Alberto Zuluaga, quien busca por la vía judicial arrebatarle el escaño al actual legislador Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán.


En este caso ya existe proyecto de fallo en el Consejo de Estado desde el 12 de febrero pasado y el final de este litigio es inminente. Inclusive el viernes pasado se rumoró que se había producido una decisión final, la cual después se constató que no había ocurrido.


El tercer cotejo jurídico se registra dentro del Partido de la U en Antioquia. Y se relaciona con la demanda que elevó el abogado Martín Cardona contra la curul del actual representante a la Cámara, León Darío Ramírez, por una supuesta inhabilidad que se originaría por tener un hermano suyo como alcalde municipal de Santa Bárbara, quien sólo renunció al cargo restando 20 días para las elecciones al Congreso.


Detrás de esta curul está el excandidato a la Cámara, Guillermo Palacio Vega, exdiputado antioqueño y actual secretario General del Fondo Nacional del Ahorro.


El epílogo de este negocio judicial se espera para los primeros días de marzo.




Colombianos insatisfechos políticamente

Según el Centro de Investigaciones Pew, con sede en Washington, que investiga y ofrece información sobre tendencias en el mundo, seis de cada diez latinoamericanos se declararon en el 2014 insatisfechos con sus sistemas políticos, resultando la proporción de descontento más alta en Colombia y la más baja en Nicaragua.


El promedio de insatisfacción en América Latina asciende a 59%, sólo superado por un nivel de frustración de 61% en el Medio Oriente, mientras que en África es del 50% y en Asia es del 39%, el más bajo a nivel mundial.


Con relación a lo anterior, el diputado Rodrigo Mendoza Vega comentó que “en nuestros periplos por países de diversos sistemas de gobierno en el mundo, precisamente observando con relación a ellos cómo podemos evaluar nuestra democracia, habíamos establecido comportamientos ciudadanos muy preocupantes por la evidente desconfianza hacia la clase política; de ahí que los resultados de las investigaciones conocidas esta semana nos llevan a reflexionar frente a las confrontaciones ideológicas y políticas que impactan a los colombianos y las consecuencias en la contienda electoral que se avecina”.


El Centro Pew señala explícitamente que la satisfacción política está estrechamente ligada a los puntos de vista de las condiciones económicas nacionales. Los países donde la gente dice que la economía anda mal, es más probable que sean infelices por sus sistemas políticos.


Colombia aparece en el primer lugar de descontento con 75%, seguido por Brasil con 71%, Argentina con 68% y Perú con 62%, de acuerdo con el sondeo.


Así las cosas, señala Mendoza Verga, podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿Estamos permitiendo los colombianos que se imponga el querer de los grandes grupos económicos, es decir, la neoinstitucionalidad, mientras la clase política tal vez observa arrinconada que pierde día tras día la confianza ciudadana y que la institucionalidad tambalea?


Cabe aquí recordar, dijo el diputado Rodrigo Mendoza, aquella expresión francesa “laissez faire, laissez passer” que significa “dejen hacer, dejen pasar”, refiriéndose a una completa libertad en la economía: libre mercado, libre manufactura, bajos o nulos impuestos, libre mercado laboral y mínima intervención de los gobiernos. En consecuencia: ¿En Colombia vamos en picada hacia un estado leseferista? (Dejen hacer, dejen pasar).


Según ese sondeo, Colombia, Perú y Brasil encabezan la lista de países cuyos ciudadanos opinan que las personas de más altos ingresos son demasiado poderosas; lo dicen alrededor del 80%, puntualizó Rodrigo Mendoza Vega.