Editorial

Inquietantes resultados
16 de Febrero de 2015


Los ex醡enes de Estado est醤, de nuevo, en la mesa de discusi髇; en esta oportunidad el debate toca los que se realizan para proveer cargos p鷅licos, aspirando a avanzar en meritocracia.

Durante el pasado fin de semana se conocieron la decisión del general Rodolfo Palomino de anular los realizados para el ascenso de patrulleros que aspiraban a ser superintendentes de la Policía Nacional y datos sobre los malos resultados de los abogados aspirantes a las pruebas convocadas por el Consejo Superior de la Judicatura a fin de proveer cargos de jueces y magistrados. Estos datos se suman al fracaso de las pruebas para curadores urbanos en Medellín. Más que rápidas respuestas para satisfacción de prejuiciosos, los resultados abren interrogantes a los aspirantes; al Estado, convocante de las pruebas, y a las universidades responsables de formular las preguntas y aplicar los exámenes.


En los tres casos las pruebas fueron realizadas por entidades públicas que aspiran a surtir vacantes; en todos, esas instituciones delegaron la ejecución de los exámenes a universidades reconocidas: la Nacional, sede Bogotá, para la prueba de curadores urbanos de Medellín; la de Pamplona, para la prueba de la Judicatura, y la Nacional Abierta y a Distancia, la de aspirantes a subintendentes. A las pruebas concurrieron personas con experiencia en los cargos en concurso.


En su transcurso, y previa la divulgación de resultados, los tres procesos han sido sometidos a rumores no resueltos. En las pruebas realizadas por la Dirección de Planeación de Medellín hubo inquietud por la falta de concursantes a dignidades que parecerían atractivas por su remuneración e incidencia en el desarrollo de la ciudad, mientras que las nacionales resultaron oscurecidas por fuertes denuncias de irregularidades como la filtración de algunas preguntas o, la que motivó la anulación que hizo el director de la Policía, modificaciones en el procesamiento, que terminaron por incidir en la publicación de los resultados. Dado el propósito de transparencia en la selección de funcionarios con responsabilidades públicas, las quejas por manipulaciones y favoritismos exigen respuestas sólidas de las entidades responsables.


Ante los resultados fallidos en Medellín y en la prueba del Consejo de la Judicatura, la explicación más socorrida, con alguna razón, es la del abogado Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, quien a pesar de no conocer el contenido de las pruebas, descalificó a jueces y magistrados en ejercicio, así como a los aspirantes, señalando que “me parece preocupante, es un indicador de que se necesita más capacitación”. La conclusión coincide con las generalizaciones sobre el sistema educativo o los docentes cuando se entregan los resultados de pruebas Pisa y Saber, y, a decir verdad, poco contribuye al análisis detallado de causas e impactos de que sólo el 6,9% de los 27.690 aspirantes a ser magistrados o jueces de las áreas civil y penal hubieran logrado responder satisfactoriamente la prueba. 


El análisis, como sucede con las pruebas generales, no puede eludir interrogantes a las preguntas elaboradas por los académicos. No es una pregunta menor, por ejemplo, la de cuál fue la incidencia en los resultados del hecho de que las pruebas del Consejo Superior de la Judicatura para vacantes especializadas en derecho civil y penal se hubieran realizado de manera uniforme, imponiendo a los aspirantes expertos en alguna de esas áreas, una carga negativa difícil de superar, y definitivamente injusta. Y si hubo dificultades en la correspondencia de las pruebas con los objetivos para los que fueron planteadas, ¿cómo se puede garantizar que las preguntas hubieran estado formuladas con los mejores criterios técnicos para estos casos? En los casos de la justicia y de curadores urbanos, las entidades públicas responsables apelarán, de seguro, a la idoneidad de las universidades, desconociendo las particularidades y dificultades de la formulación de preguntas específicas en pruebas masivas que no evalúan un curso específico sino las capacidades del examinado para asumir un cargo con responsabilidades públicas de gran importancia.


La aplicación de exámenes universales para acceder a cargos públicos que representan dignidad personal y gran responsabilidad social para quienes los asumen es un avance del funcionamiento del Estado que demanda el máximo rigor de los convocantes para que las pruebas atiendan los propósitos de igualdad en la convocatoria, claridad en la aplicación, así como transparencia en la ocupación de las vacantes.