Editorial

El clamor chocoano
11 de Febrero de 2015


Un nuevo menú de escándalos más mediáticos que reales ocupó el espacio noticioso de ayer, tan sólo un día después de la celebración del Día del Periodista...

Un nuevo menú de escándalos más mediáticos que reales ocupó el espacio noticioso de ayer, tan sólo un día después de la celebración del Día del Periodista, en el que desearíamos que más allá de las felicitaciones (por las que estamos profundamente agradecidos) los medios nos diéramos a la  tarea de hacer una evaluación autocrítica sobre la manera como se ejerce la profesión en el país, en donde se consolida la tendencia a buscar el affaire de cada día -cuyo tamaño depende de la notoriedad de los implicados y su incapacidad de responder acertadamente a inquisiciones en caliente- para desinflarse y ser reemplazado uno o dos días después por otro escándalo, en vez de mostrar mediante investigaciones serias y rigurosas, la realidad de muchos de nuestros territorios, donde día a día y a la vista de todos, se suceden violaciones a los derechos y al interés público.


 


Este largo preámbulo se motiva en la frustración que nos genera la indiferencia y el abandono por parte de las autoridades y los propios medios de comunicación, a hechos como el que viene ocurriendo en el Chocó, específicamente en la cuenca del río Atrato, donde en la última década las prácticas de minería ilegal se han multiplicado exponencialmente de la mano de las bandas criminales y de los frentes 57 y 34 de las Farc, causando un desastre ambiental que podría ser irreversible y que a su vez genera problemas de salud y desnutrición por la contaminación del agua con mercurio, la muerte de los peces, la tala indiscriminada de árboles y el desvío de los ríos. Es tan grave la situación que, según un reporte del diario El Espectador, único medio que hasta ahora se ha ocupado del problema, los chocoanos rompieron la indiferencia y mediante un proceso de organización social sin precedentes, interpusieron una acción de tutela contra 26 entidades del Estado para exigir que se les garanticen los derechos a la vida y a un ambiente sano.


 


Aunque desconocemos en detalle la acción judicial, lo relevante es que se lograron reunir a través de los consejos comunitarios locales a 75.000 chocoanos en torno a la defensa del medio ambiente y, específicamente, contra la minería ilegal. El número de personas es aún más insólito (es el 150 % del número requerido para inscribir una candidatura por firmas a alcaldías o gobernaciones), si se considera que esas mismas comunidades han sido, por falta de otras oportunidades, forzadas a participar de las actividades que hoy denuncian y que ya de artesanal nada tienen, pues los espacios han sido copados por maquinaria como retroexcavadoras y dragas con las cuales los nuevos amos de la minería criminal sacian su ambición de oro y platino.


 


Esta situación, que ojalá sí acaparara la atención de todos los medios de comunicación nacionales y de las mismas autoridades del Estado para que se visibilice la dimensión del daño ecológico y la transformación de la cuenca del río Atrato, no es exclusiva del Chocó, pues hay muchas otras regiones en el país donde la situación se repite, como el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Bolívar, Boyacá, Cauca y Nariño, por mencionar sólo algunos. Por ello esperamos que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde fue radicada la acción de tutela, estudie con seriedad las pretensiones de la misma, pues dada la magnitud y la cantidad de personas vinculadas deben ser variopintas, de modo que las decisiones que se tomen y las responsabilidades a que conmine a las autoridades demandadas (entre las que se cuentan las gobernaciones de Antioquia y Chocó y las alcaldías de varios municipios) sean razonables y pragmáticas para que no terminen fortaleciendo a la propia minería ilegal mediante obligaciones que sólo terminarían cumpliendo, como siempre, las empresas legalmente constituidas. Decisiones que deben estar basadas en la realidad y en el conocimiento directo de la problemática, para evitar que se haga demagogia  jurídica que termine obligando a las autoridades a cosas imposibles o a buscar chivos expiatorios. Decisiones, en resumen, que ataquen, con los recursos disponibles, las causas de este verdadero desastre.