Columnistas

Libertades caricaturescas
Autor: Alvaro T. López
10 de Febrero de 2015


El manual de funcionamiento del Estado, por así decirlo, es el ordenamiento jurídico.

El manual de funcionamiento del Estado, por así decirlo, es el ordenamiento jurídico. Para que la sociedad funcione, para que los individuos que la componen vivan pacíficamente, las normas jurídicas y sociales, tienen eficientemente que servir de contención y garantía de abusos y derechos. Es pues el Estado, una ficción concertada que se erige por encima de cualquier interés particular, reservándose para los fines de su creación el manejo de la Justicia y el monopolio de la fuerza policiva y militar. Los ciudadanos constituimos el pueblo soberano que, mediante un sistema complejo de democracia, se hace representar por un grupo de ciudadanos, con la presunción legal de su competencia y probidad, para que, entre otras cosas, apruebe las normas que nos gobiernan.


En el caso de Colombia, por lo menos en teoría, el fuero íntimo de las personas es sagrado. Nadie podrá ser discriminado, ni ultrajado, por lo piensa, cree o decide ser, siempre que con ello no perjudique ni interfiera la libertad de otro. El mundo entero tiende a la defensa de los derechos de los ciudadanos, entre los cuales hay que rescatar el derecho a la libre expresión de las ideas, sin que con ello se desate la ira de quienes se autoproclaman iluminados o infalibles. En estos tiempos la tortura esta proscrita como pena. Nadie puede ser maltratado, y menos por razones de preferencias que todos aceptamos. Pero tampoco se puede calumniar ni injuriar a nadie impunemente. La honra hace parte del patrimonio de las personas, es un bien que el Estado debe proteger.


Los medios de comunicación, los periodistas y los que usan las redes modernas de interacción social, cumplen un papel importantísimo en la protección de esquemas responsables de expresión, siempre pensando en el respeto que merece el destinatario final de la noticia, la opinión o el comentario. Esto va desde el correctísimo uso del idioma hasta las más elementales consideraciones por las condiciones personales del otro. Las libertades tienen el límite de las obligaciones. No son los medios atalayas desde las que se puede lanzar improperios, ni ridiculizar las ideas ajenas, ni destrozar reputaciones. Y no se trata de acallar la crítica, pues uno de los sagrados derechos que tienen quienes comunican y guían, es  precisamente la defensa de lo público y de la gente.


Tanto la vida como la honra y la libertad de conciencia, son bienes que deben ser protegidos por cualquier sociedad y mentalidad verdaderamente democrática. Por eso desconcierta y decepciona que el Papa, cabeza terrena de nuestra Iglesia Universal, justifique el accionar terrorista. No se puede acudir a la barbarie para, por ejemplo, castigar a los que supuestamente ofenden a Dios con su actuar o pensar, dentro o fuera de las organizaciones religiosas. El Papa es eso, el Papa, sin importar su origen o tendencias políticas, y debe dar muestras de mesura en sus palabras. Nada justifica la propaganda negra, nada justifica el terrorismo. Pero solo el Estado tiene el monopolio de la fuerza y de la Justicia, para protegernos del fanatismo seudointelectual y del religioso.