Economía

Mining and transportation workers are on strike again
Mineros y transportadores vuelven a paro
Autor: Federico Duarte Garcés
3 de Febrero de 2015


Ambos gremios aducen incumplimientos en los acuerdos trazados con el Gobierno en 2013.



"No pueden decir siquiera que es que somos intransigentes, que no entendemos, después de más de 69 mesas de trabajo", Alejandra Baquero. 

Twitter: @fededg1989


"La extinción del minero artesanal, pequeño y mediano es inminente”, indicó en un comunicado del pasado viernes la Junta Directiva de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol). La premisa concuerda con el pliego de peticiones del paro nacional minero presentado en julio de 2013 (ver gráfico). Uno nuevo está previsto para el 18 de este mes, tal como lo confirmó a EL MUNDO la directora Ejecutiva de Conalminercol, Luz Estella Ramírez. ¿Las razones? Según ella, las mismas de hace año y medio.


“No estamos incluidos dentro de la ley, no hay una política minero-ambiental clara, el decreto terrorista 2235 en plena aplicación...”, dice Ramírez en referencia al decreto del 2012 que según la asociación “destruye nuestra maquinaria y priva de la libertad a cientos de trabajadores mineros”. 


Pero de acuerdo con Ramírez, la gota que rebasó el vaso fue el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom). Este, según el gremio que representa, termina por proscribir en la práctica hasta la actividad del barequeo y configura un duro golpe a dicho sector de la minería, lo cual desde su punto de vista permite y defiende sólo la explotación y comercialización que adelantan las grandes mineras multinacionales. 


Según la directiva de Conalminercol, no hay claridad porque se supone que el productor minero no necesita sino certificado de origen. “Eso está generando el cierre de todas las compras de minerales nacionales porque la gente no se quiere exponer a que le pase lo que le pasó a Goldex. Eso fue como una cacería de brujas”, plantea Ramírez. 


Acuerdos incumplidos


A la medianoche del viernes 30 de agosto de 2013, representantes de los mineros informales y del Gobierno Nacional llegaron a un acuerdo para levantar el paro del sector iniciado el 17 de julio anterior. Uno de los puntos más discutidos fue el mencionado Decreto 2235 que ordena a la Fuerza Pública la destrucción de la maquinaria que sea utilizada en explotaciones mineras no reguladas.


El Ministerio de Defensa presentó un protocolo de aplicación de ese decreto en el que se establece que la destrucción de la maquinaria debe estar antecedida por un proceso judicial que demuestre la vinculación de la explotación minera con actividades ilícitas.


Según Luz Estella Ramírez, en el último año más de 700 máquinas han sido destruidas y quemadas por los operativos del Gobierno “sin mediar palabra y tildándonos de criminales a todos sin discriminación”.


Ramírez insiste que de su parte ha habido voluntad, incluso entregaron una georreferencia que el Gobierno les solicitó para el proceso de legalización. Esto como parte de un primer acuerdo. Y firmaron un segundo y tercero, pero finalmente nada se llevó a cabo. Dice que la asociación presentó un borrador del cual aún esperan respuesta del Gobierno. Ante los cuestionamientos formulados por EL MUNDO tampoco el Ministerio de Minas y Energía se pronunció al respecto.


Inmovilización de carga


Por su parte, la presidente de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), Alejandra Baquero, también ha anunciado una inmovilización del sector cuya hora cero será fijada este miércoles en una reunión de los directivos del gremio. 


“Nosotros no nos vamos a sumar a un paro de nadie”, afirmó de manera enfática Baquero, quien ha manifestado que la protesta es una decisión de la asociación también por el incumplimiento de un decreto firmado por el presidente Juan Manuel Santos.


Para ella, el precio de los combustibles es una “sinvergüenzada” ante la reducción de US$100 del precio internacional del crudo y “no nos han rebajado drásticamente como debiera de rebajar”. Fuera de ello aduce que el Gobierno ha sido laxo para exigir el cumplimiento del Decreto 2228, el cual establece el Sistema Integrado de Costos Eficientes (Sice). Por ello considera que en sus manos está frenar la inmovilización masiva. 


“Va a ser una inmovilización de marca mayor”, declaró la presidente de la ATC, quien asegura que llevan 69 mesas de trabajo “y la gota que rebosa la copa es que no hay nada más qué negociarse. O se cumplen o nos vamos a una inmovilización porque es la única manera de que el Estado nos escuche”.




¿Qué es el Rucom?

El Registro Único de Comercializadores de Minerales es la nueva herramienta en la que deben estar inscritos tanto los titulares que se encuentren en etapa de explotación como los comercializadores de minerales, en cumplimiento del Decreto 2637 del 2012. A la fecha, la Agencia Nacional de Minería ya ha recibido cerca de 2.000 solicitudes de personas naturales y jurídicas que comenzaron su proceso de inscripción en el Rucom. A través de este sistema, el Gobierno busca que los compradores y comercializadores de minerales sólo puedan adquirir los productos registrados en las listas que expida la Agencia Nacional de Minería y que cuenten con su respectiva certificación. 




Fórmula del combustible

Para promediar el precio del galón de gasolina o el del Acpm se suma el ingreso al productor, el biodiésel, el impuesto a la Nación, el impuesto territorial, los márgenes de distribución y el transporte. Cada uno de estos aspectos, en diferentes porcentajes, suma el total del precio del combustible. Desde finales de 2011, Colombia puso en práctica esta fórmula. Antes de 1999, el Gobierno regulaba el precio y asumía los subsidios, un modelo muy parecido al que actualmente utiliza Venezuela. Necesariamente se tuvieron que desmontar los subsidios, entre otras cosas, por la recesión económica que sufría el país en ese momento. Por esta razón, el modelo para establecer el precio de la gasolina cambió.