Editorial

Pendientes en La Habana
3 de Febrero de 2015


Comenzó ayer el ciclo 32 de conversaciones de La Habana en busca de acuerdos hacia el fin del conflicto armado.

En este se debe continuar con lo que el presidente Santos describió como “los puntos tal vez más difíciles. El punto de las víctimas, sus derechos y lo que se llama la justicia transicional. Y el quinto punto que se denomina el DDR: desmovilización, desarme y reintegración. Es decir el fin del conflicto propiamente dicho”. En este período  se pone a prueba la voluntad de ese grupo por responder por los crímenes cometidos y poner fin a las prácticas generadoras de criminalidad y violencia.


El encuentro fue precedido por los afanes de los más ansiosos por aclimatar la favorabilidad de la opinión a las conversaciones y las Farc. Fue así como diversos analistas ofrecieron generosos aplausos al “cumplimiento” de las Farc a su compromiso de cese unilateral al fuego. Si bien a la fecha no se han demostrado incursiones contra poblaciones, ataques terroristas o la comisión de secuestros o emboscadas, son inocultables cuatro accidentes con minas antipersonal, dos de los cuales afectaron a menores de edad, así como la persistencia de esa guerrilla en actividades de narcotráfico, ahora con el comercio de base de coca a países centroamericanos donde concluye el procesamiento del estupefaciente, según informes de inteligencia reproducidos parcialmente por El Tiempo.


La muerte de un campesino de 14 años, y otro adulto y las heridas, con huellas permanentes, a otros dos, a consecuencia de explosiones de minas antipersonal que las Farc sembraron para proteger sus cultivos ilícitos o atacar al Ejército, son violaciones a los derechos humanos que recaen sobre un grupo renuente a satisfacer las demandas de expertos y ONG por un compromiso cierto con el desminado. En el acuerdo sobre “solución al problema de las drogas ilícitas” se consigna que “las Farc apenas si se comprometen a informar sobre la ubicación de minas para que el Estado asuma la limpieza de los campos dañados” (ver “El acuerdo sobre drogas”, EL MUNDO 19 de mayo de 2014), decisión que resulta insuficiente, según la demanda que hace la Nobel de Paz, Jody Williams, quien en visita a Colombia exigió que “si hay un acuerdo de paz las Farc ayuden a limpiar el territorio como ha pasado en otros países”; inoportuna, según petición de la Campaña Colombiana contra las Minas que demanda un acuerdo inmediato por el desminado; e imprecisa, según exigencia del comisionado Humberto de la Calle, que el domingo señaló que “estamos en la necesidad de movernos ya antes de la firma a trabajar en el tema del desminado y en el tema de los menores y en la cuestión de los desaparecidos”.


El acuerdo sobre drogas ilícitas omite exigir a las Farc que entreguen sus rutas de narcotráfico y ofrezcan los bienes fruto de ese negocio, para la reparación de víctimas. Durante el “cese unilateral del fuego”, las Farc han continuado con sus actividades asociadas al narcotráfico, como fue demostrado con la captura en Ituango de cinco guerrilleros y la recuperación de dos menores de edad que transportaban pasta de coca propiedad del frente 18. A evidencias como esta se suman informes de inteligencia que, con ingenuidad ¿o complicidad?, atribuyen a “bandas criminales” la mayor actividad exportadora de base de coca, la cual es realizada desde la frontera colombo-ecuatoriana, en el Pacífico; Necoclí y Barranquilla, en el mar Caribe, y la frontera con Venezuela, regiones estas, con excepción de Barranquilla, dominadas por las Farc. Otros documentos oficiales denuncian el aumento de cultivos de coca propiedad de bandas criminales en la región de Catatumbo, tradicional fortín de las Farc, ¿o ahora Farcrim?


No es aceptable ocultar o minimizar las responsabilidades de las Farc por actividades que no han cesado y que son generadoras de muchas clases de violencias como el narcotráfico, la siembra de minas antipersonal o la minería ilegal, para alegar un cumplimiento al cese unilateral y justificar a estas alturas la discusión del “desescalamiento” y el cese bilateral del fuego.  Porque la terminación del conflicto no se circunscribe al silencio de las armas, los derechos de las víctimas y el fin integral de todas las actividades criminales son, pues, los grandes pendientes de las conversaciones en curso.