Economía

They pave the road to competition
Allanan camino a la competencia
Autor: Olga Patricia Rendón Marulanda
2 de Febrero de 2015


La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) promueve la libre y leal competencia y la inversión en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).


Foto: Cortesía 

Quien podría resultar más perjudicado con el Ritel es el Gobierno Nacional con su política de vivienda.

Desde el 1 de junio los constructores de nuevas viviendas y oficinas deberán cumplir con obligaciones técnicas que permitirán a los usuarios escoger libremente a su operador de servicios de telecomunicaciones (Internet, TV digital y telefonía), y no estar limitados a contar sólo con servicios de un único proveedor. Esto será posible con la entrada en vigencia del Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones (Ritel), indicó la CRC.


Este reglamento fue necesario porque en varias regiones del país los operadores de telecomunicaciones acordaban con las constructoras adecuar las instalaciones para prestar su servicio en exclusiva, esto beneficiaba los constructores porque tenían que organizar sólo un conducto que hacía más económica la instalación, reveló Eduardo Loaiza Posada, gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) seccional Antioquia.


La CRC había pedido que para favorecer la competencia entre los operadores y procurando la protección de los derechos de los consumidores, el Ritel entrara en vigencia este enero, pero por solicitud del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que debe evaluar los sobrecostos que la implementación de este reglamento pueda tener en la edificación de las viviendas gratis y de los demás programas de Gobierno, la aplicación fue aplazada hasta el 1 de junio.


Y es que como Loaiza Posada manifestó, el Ritel puede acarrear sobrecostos muy altos, ya que la constructora debe dejar de hacer una sola tubería para todo el edificio y hacer seis, adecuar un cuarto para los equipos, hacer mantenimiento y de esa manera garantizar la entrada de cualquier operador. “Mejor dicho si en el futuro son diez operadores en lugar de seis tendríamos bajo esa normativa que adecuar diez tuberías, finalmente ese sobrecosto pasaría al consumidor y calculamos que puede ser cerca de $500.000 por unidad habitacional”, dijo el directivo gremial.


Eduardo Loaiza reconoció que constructoras antioqueñas realizaban acuerdos con UNE y que eso no era ningún problema porque la ley no lo prohibía, igualmente dijo que Claro en la costa caribe lo hacía con frecuencia y que realmente esos incrementos en los costos son innecesarios.


Al respecto, Jaime Andrés Plaza, vicepresidente de Regulación de UNE-Tigo, dijo que “consideramos que más que afectar la norma beneficia ya que promueve la competencia. Serán los usuarios los que podrán elegir a qué operador le contratarán sus servicios, sin que les impongan uno u otro, por el hecho de habitar en copropiedades que se habían comprometido ya con una marca. La competencia se abre generando nuevas oportunidades y tiene como premisas fundamentales la calidad en el servicio y la construcción de la red con altos estándares técnicos establecidos en la regulación”.



Aplicación de la norma

Este reglamento, expedido por la CRC, rige para las nuevas edificaciones que estén bajo el régimen de propiedad horizontal y que soliciten licencias de construcción como obra nueva a partir de la entrada en vigencia del reglamento. Para los inmuebles ya construidos, la aplicación del Ritel es de carácter voluntario y será la comunidad de propietarios, bajo las reglas previstas en la Ley 675 de 2001, la que decidirá su implementación.


Dentro del Ritel se contempla que las principales obligaciones asociadas al mismo recaerán sobre los constructores de las edificaciones, quienes tendrán la responsabilidad de diseñar, suministrar, construir, instalar y dejar habilitada la red interna de telecomunicaciones del inmueble, disponiendo tanto del cableado como de los espacios y ductos necesarios para desplegar dicha red, la cual corresponde a un bien de la copropiedad y no pertenecerá a ningún operador en particular, estableció la CRC.