Editorial

La justicia bajo presi髇
1 de Febrero de 2015


Desde la ma馻na del viernes, l韉eres pol韙icos, medios de comunicaci髇 y ciudadanos en las redes sociales, siguen las novedades en los procesos judiciales contra Mar韆 del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, y 觭car Iv醤 Zuluaga...

Desde la mañana del viernes, líderes políticos, medios de comunicación y ciudadanos en las redes sociales, siguen las novedades en los procesos judiciales contra María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, y Óscar Iván Zuluaga, excandidato presidencial y jefe del Centro Democrático. Ambos casos han desatado ruidosas y turbias tormentas mediáticas y virtuales, productivas por interesados en aumentar su rating o visibilidad y amenazantes contra instituciones pilares de la democracia: la ciudadanía, enfrentada a entender hechos que se enuncian como combates de pasiones, no como debates de razones; la justicia, presionada desde esquinas contrarias para que tome decisiones ajustadas a los intereses de alguna de las partes; los partidos políticos de oposición, fuerzas vigilantes que deben recibir garantías para ejercer su actividad crítica de los poderes, y los medios de comunicación, llamados a ser escenarios de la discusión y garantes del derecho a la información sin causa distinta que la búsqueda de la verdad. 


La importancia de estos dos procesos, que coincidieron en el tiempo por la decisión de Interpol de expedir circular roja contra la exfuncionaria asilada en Panamá, no radica tanto en las personas encausadas sino que obedece al evidente interés de quienes pretenden convertirlos -y así lo han dicho en declaraciones públicas- en cabezas de procesos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tan claro interés político debe invitar a los investigadores de la Fiscalía, los informadores y analistas en medios de comunicación y los responsables de las decisiones judiciales, a asumir sus diferentes funciones con el rigor que exige la conciencia de que su actuación presente tendrá incidencia en las instituciones presentes y el devenir político del país.


La Fiscalía, asediada por la congestión y las distractoras intervenciones del “cartel de falsos testigos” y desde el más alto nivel mostrando cierta parcialidad en la forma como prioriza sus investigaciones, tiene el reto de ser objetiva al instruir la causa que ha empezado a configurar contra el doctor Zuluaga y la que puede abrir contra la doctora Hurtado, según solicitud de la Corte Suprema de Justicia, organismo que tiene a estudio sentenciar en proceso por interceptaciones ilegales del DAS. Tras allanamientos convertidos en escándalos mediáticos a sedes legales de la inteligencia militar, como Andrómeda, y filtraciones de partes de piezas procesales a medios de comunicación afines a sus intereses, han crecido las dudas sobre la objetividad de las actuaciones del ente investigador y el rigor en la presentación de las acusaciones, si ellas fueren necesarias. Estas actuaciones confirman la necesidad de que la reforma de equilibrio de poderes, que hizo tránsito a segunda vuelta, explicite mecanismos de control al desproporcionado poder que se concentra en el cargo del fiscal General.


Habiendo renunciado a su compromiso de garantizar el derecho ciudadano a la información oportuna, imparcial y veraz, y al empeño de asumir rigurosas investigaciones independientes con la finalidad de develar hechos que los poderes, en especial los públicos, se empeñan en ocultar, los grandes medios de comunicación aprovechan piezas procesales incompletas filtradas por voceros interesados en tergiversar las causas y los procesos, promoviendo la fragmentación de las visiones y el unilateralismo en las conclusiones, especialmente si ellas son diferentes a los hechos demostrados en los procesos que investigan. Aunque las filtraciones constituyen faltas disciplinarias, los funcionarios de justicia perpetúan una práctica que irrespeta el debido proceso. El periodismo de investigación recibe filtraciones como apoyo a sus investigaciones, pero considera inadmisible, y violatorio de los principios profesionales, publicarlas sin haber confrontado con fuentes testimoniales y elementos documentales que permitan esclarecer hechos ocultados intencionalmente y que por lo general comprometen el bien público.


Los instructores y jueces a cargo de estos procesos están llamados a examinar y valorar pruebas y alegatos reconociéndose personeros del anhelo de las sociedades civilizadas de dotarse de un sistema de justicia que garantice que el afán único del juzgador es garantizar la vigencia de la ley, la igualdad de los ciudadanos ante ella y el respeto por las instituciones democráticas, especialmente por parte de quienes alguna vez juraron defenderlas como funcionarios públicos.