Editorial

Insana tutela
31 de Enero de 2015


La Corte Constitucional divulgó la Sentencia T724/14, del pasado septiembre, por la cual exigió a una EPS ordenar un procedimiento de disolución de cálculos renales a una beneficiaria que no había sido atendida.

La Corte Constitucional divulgó la Sentencia T724/14, del pasado septiembre, por la cual exigió a una EPS ordenar un procedimiento de disolución de cálculos renales a una  beneficiaria que no había sido atendida porque el cotizante había dejado pasar tres meses sin pagar aportes. La ponente, magistrada María Victoria Calle, justificó la decisión en previas sentencias que favorecieron a trabajadores desvinculados por falta de pago de sus empleadores. Los antecedentes, sin embargo, no explican ni justifican una decisión de dudosa necesidad, paternalista y sumamente lesiva para el sistema de salud.


En condiciones regulares, la atención en salud considera criterios de urgencia para la vida, funcionamiento de órganos vitales o la estabilidad física y emocional del paciente, a fin de garantizar la universalidad en el acceso y la racionalidad de un sistema que tiene recursos escasos frente a las grandes necesidades de la sociedad. La litiasis renal, para la que se ordenó tratamiento, es una enfermedad muy dolorosa que no compromete la vida del paciente, ni la estabilidad de sus órganos vitales; para ella existen tratamientos que pueden evitar o aplazar la cirugía ordenada como elemento central de una decisión en la que la Corte también impuso a la EPS apoyar a la tutelante y su esposo en el proceso de vincularse al régimen subsidiado, buscando resolver sus dificultades para cotizar.


La protección de la salud, uno de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Política de 1991, ha gozado de especial apoyo de jueces y magistrados de constitucionalidad y de gran aprecio entre pacientes necesitados de tratamientos que garantizan su derecho a vivir con calidad y dignidad o cubren sus necesidades de bienestar y comodidad. En su afán por brindar tal protección, la Corte Constitucional impuso al Estado ofrecer, exigiendo mínimas contraprestaciones, tratamientos no siempre vitales, comprobados o urgentes, lo hizo en sucesivas decisiones que configuran el que desde los años noventa denunciamos como “manirrotismo judicial”, fuente de desequilibrios en las finanzas públicas y enemigo principal de la universalización de coberturas y atenciones en salud. Tras ser vox in deserto clamanti asistimos a un nuevo desarrollo de paternalismo constitucional a extremos impensables, impagables para las finanzas públicas e indeseables para el Estado de Derecho.


La afiliación de un ciudadano como cotizante al sistema de salud, que se realiza a través de las EPS, configura una relación de aseguramiento bajo los conceptos del Derecho Privado, que se encuentra debidamente regulada por la ley y que impone el cumplimiento de sus obligaciones a las partes contratantes: el pago de amortizaciones periódicas al contratante y la prestación de los servicios acordados, al asegurador. Esta decisión de la Corte Constitucional contradice hasta los principios más esenciales del Derecho, como sistema para garantizar el cumplimiento de obligaciones acordadas entre las partes, para dejar sin garantías a los aseguradores, mientras le da estatuto constitucional al sujeto irresponsable, desentendido de sus obligaciones como ciudadano, que le imponen ser consciente de sus derechos y atender los deberes que ellos conllevan y que fundan los derechos de otros.


Esta Corte exagerada en paternalismo feudal y descuidada con la necesidad de evaluar el impacto social y fiscal de sus decisiones tiene mucho que aprenderle al juez 28 penal con funciones de control de garantías, de Bogotá, que en noviembre tomó la valiente y oportuna decisión de amparar el derecho de la estudiante Camila Abuabara a que se le realizara un trasplante de médula, recomendado en su lucha contra la leucemia, pero condicionó que este se hiciera en una clínica de Medellín, donde le fue practicado y en la que su estado de salud evoluciona con las dificultades propias de tan difícil procedimiento pero con los mismos buenos pronósticos que le ofrecía el tratamiento internacional que la joven buscaba que su EPS le brindara. También necesitará esta Corte observar los pasos que da el Ministerio de Salud en el control a los precios de medicamentos y en el proyecto, por ahora en estudio, sobre regularización de las relaciones de los médicos tratantes con las farmacéuticas y otras compañías oferentes de tratamientos, especialmente los más costosos; sana y deseable medida que busca garantizar lo que se daría por sentado, que es la toma de decisiones médicas en función del mayor bienestar del paciente a partir de los desarrollos comprobados por la ciencia médica, no de las presiones o seducciones de un sistema que traspasó la línea del derecho fundamental e hizo de la salud un negocio de alta rentabilidad y ansiedad.