Editorial

Contra falsos testigos
29 de Enero de 2015


El anuncio de Juli醤 Quintana, director del Cuerpo T閏nico de Investigaciones de la Fiscal韆 General de la Naci髇, sobre la imputaci髇 de cargos a 33 falsos testigos, en su mayor韆 miembros de segundo orden en grupos paramilitares.

Es un signo esperanzador de la voluntad de controlar a uno de los más inquietantes fenómenos orquestados por organizaciones criminales y cohonestados por operadores judiciales que han fallado en sus deberes de garantizar investigaciones acuciosas y presentar acusaciones, si a ello conduce su investigación preliminar, sustentadas en verdades comprobadas, hasta donde ello es posible. 


Sin embargo, esta investigación, que se suma a las que se abrieron en 2014 en 140 procesos en que están involucrados paramilitares y miembros de la guerrilla, todavía es insuficiente como demostración de voluntad de un ataque frontal contra los responsables de desviaciones en importantes casos pendientes de decisión judicial. Por eso, observadores y afectados en estos casos confían en la apertura de investigaciones a los máximos responsables de acusaciones infundadas y a los interesados en impulsarlas.


La mediatización, la extensión abusiva de los términos procesales y la impunidad creciente, son síntomas inquietantes de la debilidad de nuestro sistema judicial y de la pérdida de confianza de la ciudadanía en sus operadores. En todos estos males, juega un papel protagónico el “cartel de falsos testigos” que, según cálculos de Sigifredo López, presidente de la Fundación Defensa de Inocentes y columnista de EL MUNDO, está integrado por 3.500 falsos testigos, entre los que se encuentran guerrilleros, paramilitares y partícipes de corrupción. La impresionante cifra frente a los 33 que han sido vinculados formalmente, tiene que sacudir a la Fiscalía, pues es allí donde más han florecido desviaciones a procedimientos que exigen rigor técnico y buena fe de los funcionarios al recibir los testimonios, valorarlos -y ello incluye calificar al testigo-, cotejarlos y practicar pruebas que permitan confirmarlos. Así las cosas, estas evidencias deben provocar cambios en una institución que se demuestra débil en procedimientos y controles a sus funcionarios en la confrontación de testimonios, práctica de pruebas y análisis de hallazgos dentro de las investigaciones penales, y que, por tanto, se hace propicia a ser manipulada -¿o controlada?- por los corruptos detrás de los autores de esos falsos testimonios.


El daño que estos falsos testigos imponen al proceso judicial se agrava con la recurrencia de prácticas en las que, contrariando los principios de reserva del sumario y presunción de inocencia, se filtran y amplifican estos testimonios -fuera de contexto, fragmentados, en bruto y sin confirmación alguna- en los medios de comunicación ávidos de escándalo, dándoles una pátina de verdad que termina por imponer al afectado por denuncias temerarias, la obligación de asumir la carga de la prueba, y la tarea de intentar reconstruir su honra y buen nombre ante la sociedad, bien invaluable para quienes lo consideran piedra angular de su vida pública o sus actividades privadas.


Así las cosas, los procesos contra los falsos testigos tendrán que cubrir a funcionarios que han propiciado o favorecido sus prácticas, de modo que se puedan encarar sus errores por incomprensión del novedoso sistema penal acusatorio, que los compromete en la doble función de investigar recogiendo y calificando toda clase de pruebas y de presentar su acusación ante los jueces; pero, y no hay que llamarse a engaños, también será necesario esclarecer si ellos han comprometido la dignidad de su magistratura en alianzas perversas y útiles a delincuentes que, como señala el fiscal Quintero, constituyen un cartel que “tiene un contorno político y el objetivo es sacar de la esfera política a los implicados para quedarse con esos cargos”.


Desnudar este cartel debe permitir sanear el proceso de Justicia y Paz. También ha de ser guía para los procesos de justicia transicional con las Farc y otros grupos que se desmovilicen y que tendrán que comparecer ante la justicia. Mucho habremos ganado, si como resultado de este doloroso encaramiento de la corrupción se propicia una reconstrucción institucional que garantice que la justicia sí será bien que sustente la democracia, la libertad y la plena igualdad de los colombianos ante el Estado.