Editorial

Las cuentas de la infancia
23 de Enero de 2015


Ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que analiza las acciones de los estados en el marco de la Convención de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, las autoridades colombianas presentaron sus acciones por los menores de edad.

Ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que analiza las acciones de los estados en el marco de la Convención de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, las autoridades colombianas presentaron sus acciones por los menores de edad. Al finalizar los dos días de trabajo, voceros gubernamentales reportaron el buen recibimiento de los informes por los comisionados, que, sin embargo, anunciaron que sólo en febrero presentarán conclusiones y recomendaciones para que el país le cumpla a su niñez.


La presentación coincidió con el reporte del Instituto Nacional de Salud sobre la muerte en los primeros días del año de seis niños de Córdoba, Cesar, Magdalena, La Guajira, Vichada y Putumayo, por causas asociadas a la desnutrición, así como del fallecimiento en 2014 de 300 niños, casi uno diario, por la misma razón. Así como los informes demuestran lo lejos que todavía está el país de alcanzar la meta de cero muertes por desnutrición, fallan también en detallar los resultados de las intervenciones del Icbf, los departamentos y aun entidades privadas, en seguridad alimentaria. Un informe completo permitiría evaluar y aprender de lo recorrido desde el año 2000, cuando el gobernador Guillermo Gaviria Correa creó el Programa de Mejoramiento Alimentario y Nutricional de Antioquia, Maná, poniendo el tema en la agenda nacional y generando un ejemplo en el que hoy participan también Bogotá y 28 de los 32 gobiernos departamentales, y al que contribuyen el Icbf y entidades privadas como la Fundación Éxito, con su trabajo por la nutrición de los menores de 5 años. Un análisis científico de estas acciones no sólo permitiría mejores intervenciones en los departamentos deficientes, que según la Universidad de los Andes son Chocó, Guainía -que no tienen proyectos de nutrición- y Vaupés y La Guajira -donde no han dado resultado-; sino que también demostraría la prioritaria importancia de este tema y la necesidad de un estudio serio por parte del Congreso, al proyecto de ley sobre política nacional de seguridad alimentaria, presentado por la senadora Sofía Gaviria, y aprobado en su primer debate.


La presentación de las acciones nacionales por la infancia ante la ONU también dio especial énfasis a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y a la pornografía con menores de edad, graves agresiones en las que las acciones administrativas resultan cortas, pues son muy limitadas las intervenciones judiciales de los lugares de explotación sexual y de control a proxenetas y lugares de explotación sexual infantil, que se han vuelto estampas urbanas, de vez en cuando denunciadas. Qué contraste el de esa situación frente al escándalo de dimensiones nacionales por un evento como Miss tanguita, por supuesto indeseable, como tantos otros que a lo largo y ancho del país se celebran en detrimento del deber de protección de los menores de edad. 


En los primeros comentarios al informe sobre Colombia, quedó en evidencia la situación de desventaja de niños y niñas indígenas y afrodescendientes, habitantes de los departamentos en los que se ha demostrado que son más débiles las intervenciones gubernamentales por la niñez. Las autoridades se refirieron también a los conflictos vigentes por la prevalencia de los derechos universales de niños, niñas y adolescentes, de un lado, o los derechos que se desprenden de la consagración constitucional del carácter multiétnico de la Nación, que permitiría violaciones que van desde la desescolarización y el trabajo infantil hasta la ablación del clítoris o “iniciaciones” de la vida sexual de niñas por sus padres.


La doctora Cristina Plazas anunció que orientará al Icbf a la protección y acompañamiento a la familia para que asuma con responsabilidad sus deberes con los hijos menores de edad, visión que recoge recomendaciones de los expertos, que aquí recogimos el 4 y el 8 de diciembre pasados, sobre la necesidad de impulsar entre los padres y madres nuevos enfoques y una verdadera cultura del significado de su papel en la familia. En desarrollo de la agenda internacional del Gobierno Santos, la funcionaria también destacó la contribución que la firma de un acuerdo con las Farc haría a la protección de la niñez, defensa que, como no se explica desde la incidencia de ese grupo en los homicidios (15 % del total nacional) entenderíamos si existiesen compromisos de desminado, dados los daños de las minas antipersonal a niños campesinos, y de rehabilitación de las víctimas de reclutamiento forzado y violencia sexual, temas que los negociadores siguen eludiendo cicateramente.