Editorial

El recetario de la Ocde
22 de Enero de 2015


La aspiración de convertir a Colombia en el trigésimo quinto integrante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo...

La aspiración de convertir a Colombia en el trigésimo quinto integrante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, Ocde, impone realizar ajustes económicos e institucionales para equipararnos con los miembros de ese prestigioso club; esto explica la importancia del informe Reformas para un crecimiento más inclusivo, presentado en Bogotá el pasado lunes 19 de enero, el segundo sobre la economía nacional desde que en 2010 se presentó la candidatura nacional. En él, los técnicos hacen diagnóstico de las condiciones económicas, sociales e institucionales para recomendar acciones de mejoramiento que allanen el camino de nuestro ingreso al club de los países más organizados del mundo.


El documento está basado en datos recogidos en diciembre de 2012 y años previos. Este reconoce que desde el año 2000 viene mejorando la situación económica del país e identifican amenazas originadas en su dependencia de las exportaciones de materias primas, en especial de la minería, y de la incapacidad  institucional para resolver la desigualdad de ingresos, aunque valora los esfuerzos contra la pobreza. A partir de un completo y cuidadoso diagnóstico, presenta un amplio catálogo de acciones institucionales que deberían mejorar el clima de los negocios, fortalecer las libertades económicas, disminuir la desigualdad económica y aumentar los ingresos y capacidades del Estado, todo ello con el fin de realizar los anhelos de crecimiento, competitividad y equidad. 


Por decisión de quienes expusieron públicamente el resumen del amplio informe, su análisis se ha concentrado en apenas dos de las múltiples recomendaciones en materia económica, ambiental, tributaria, de mercado laboral y de subsidios estatales a los servicios públicos, que serán motivo de nuevas reflexiones y discusiones de los expertos y los sectores afectados. De especial interés y debate serán las relativas a la modificación del sistema de compensación familiar, del salario mínimo y del régimen de subsidios, así como las demandas de mayor vigilancia al uso de las regalías en la perspectiva de que deben ser pilar del desarrollo, mayor control a los daños ambientales y decidida intervención sobre la minería ilegal.


El análisis enfatiza en el bajo recaudo estatal por impuestos y reclama que “el régimen tributario debería ser reformado para reforzar la progresividad y aumentar la recaudación de ingresos fiscales, que podrían destinarse a la ampliación de las políticas sociales”. Sugiere una reforma tributaria que, a diferencia de la aprobada en diciembre para aliviar el hueco fiscal del 2015, impulse mayores recaudos por el IVA al tiempo que desmonta tributos que cargan y desestimula la inversión, que el mismo informe reclama promover. El informe no se atreve a pronosticar un valor ideal del IVA, que reclama sea igual para todos los productos con excepción de los básicos de la canasta familiar, pero sus autores sí referencian las distancias que tiene el colombiano, cuya más alta tasa es 16 % con el de los países europeos en los que oscila entre el 17 % de Bosnia y el 25 % de Suecia, siendo la mayoría de 21 % a 23 %. Esta interesante iniciativa, que ataca el consumismo galopante y la inflación que genera, tendrá que superar amplios debates de quienes anunciarán que es un castigo a la clase media, que encabeza la mayor parte del consumo.


En cuanto al sistema pensional, el organismo reabre el debate sobre la edad de jubilación que Fedesarrollo ha intentado dar sin mucho éxito y abre una valiosa discusión sobre la igualdad de edades de pensión entre hombres y mujeres. Desde los años noventa, Colombia viene aumentando progresivamente la edad de jubilación y acabando con regímenes especiales que crearon privilegios abusivos, muchos de ellos en empresas estatales. Mantener esa progresión lenta es una opción plausible, mientras se consolida la idea del trabajo como realización profesional en donde la experiencia y capacidades no se recorten a edades todavía muy productivas, y sin que esa permanencia de los trabajadores de mayor edad se convierta en freno para el ingreso de los jóvenes al mercado formal de trabajo. En cuanto a la igual edad de pensión entre los géneros, el análisis demuestra la necesidad de esa corrección pues no hay razones demográficas o biológicas que justifiquen el tratamiento diferenciado.