Editorial

En deuda con Nigeria
19 de Enero de 2015


Mentras centenares de miles de personas sal韆n a las calles de ciudades francesas y europeas para reclamar respeto a la libertad de expresi髇, tras el brutal ataque perpetrado contra el semanario Charlie Hebdo el pasado 7 de enero, en el noreste de Nigeria, el pa韘 m醩 rico y poblado de 羏rica y considerado uno de los territorios con mayores perspectivas de inversi髇 y crecimiento del mundo

El grupo terrorista Boko Haram se dedicaba a devastar las poblaciones de Baga y Doro Gowon, donde según Amnistía Internacional y Human Rights Watch fueron destruidas, a lo largo de diez días, unas 3.700 estructuras y asesinadas por lo menos 150 personas, aunque otras estimaciones elevan la cifra a 2.000. Un hecho que por sus circunstancias no es equiparable al ocurrido en París, pero que amerita el debate que ya está abierto, sobre el papel que la comunidad internacional, y particularmente las Naciones Unidas, deben jugar de inmediato para hacerle frente.


Si el mundo conoció la barbarie nigeriana tantos días después de ocurrida se explica por el aislamiento en el que se encuentra la región dominada por el grupo fundamentalista islámico, calculada en 25 localidades entre los estados de Adamawa, Borno y Yobe unos 20.000 kilómetros cuadrados- por la aprehensión de quienes deberían estar cerca de los hechos, como son los organismos humanitarios, el Gobierno y los medios de comunicación. No de otra manera se explica la falta de claridad en los datos sobre los atentados terroristas, muchos de los cuáles se recogen a partir del testimonio de sobrevivientes o el cálculo demográfico por daños en viviendas mediante comparación de fotografías satelitales. Pero más allá de las cifras, lo único que parece cierto es que los ataques aumentarán o se harán más letales ante la proximidad de las elecciones presidenciales, el 14 de febrero próximo, en las cuales buscará la reelección el actual mandatario, Goodluck Jonathan, quien ha subestimado e incluso ocultado la gravedad del problema que enfrenta su país para enviar el mensaje de tener todo bajo control.


Boko Haram, en su empeño de establecer un estado islámico radical, ha encontrado un clima propicio para su expansión por la corrupción que ha permeado la política y la economía del país. De hecho, se trata del mayor productor de petróleo en África, dueño de una de las mayores reservas de gas natural de la región y asiento de una desarrollada industria petroquímica y automotriz que, sin embargo, no ha logrado reducir la pobreza. Según el Fondo Monetario Internacional, seis de cada diez nigerianos vive con menos de un dólar al día, el desempleo ronda el 26 %, el promedio de escolaridad es de sólo cinco años y la esperanza de vida es de 52 años. Un panorama que ha contribuido a que el país sea el principal centro de distribución de drogas en la región, pues por allí circula la heroína asiática que va a los Estados Unidos y la cocaína suramericana con destino a Europa, Asia y la misma África. El fundamentalismo que esperan imponer se manifiesta, por ejemplo, en su deseo de someter a la mujer a ejercer únicamente el rol de esposa, según se deprende del hecho que le dio notoriedad al grupo terrorista: el secuestro, en abril de 2014, de 276 niñas cristianas. Un video difundido por el líder de Boko Haram, Abubaker Shekau, semanas después del hecho, justificaba la acción al señalar que las mujeres no podían recibir educación y que, por lo tanto, las secuestradas iban a ser vendidas o casadas. En ese video se contabilizaron 136 de las niñas (40 escaparon en la acción del secuestro), por lo que se presume que la suerte de las demás fue un matrimonio forzado o la muerte, asesinadas por no convertirse al Islam u obligadas a inmolarse en los muchos atentados cometidos por el grupo fundamentalista. Lo cierto es que Boko Haram dio este episodio por cerrado en noviembre pasado ante la mirada indiferente del Gobierno y del mundo.


Si el ataque contra el semanario francés Charlie Hebdo despertó un amplio debate en torno a las garantías que un estado de derecho le puede brindar a los ciudadanos, tanto para practicar cualquier religión como para no practicar ninguna, y cómo las leyes de ese estado son las únicas que pueden dirimir los enfrentamientos que pudieran surgir, un planteamiento similar se podría aplicar en el contexto mundial mediante la acción de la comunidad internacional a través de Naciones Unidas, que debe apresurarse a defender el estado de derecho que constituyen las derechos humanos. En un estado de derecho es injustificable el asesinato por razón de credo o raza y así como el Estado francés ha hecho todo lo necesario para hacer respetar la secularidad en su territorio, son las Naciones Unidas las que deben asumir el papel de garantes de los derechos en Nigeria, para que se detenga la barbarie.