Columnistas

El anuncio de la debacle
Autor: Alfonso Monsalve Sol髍zano
18 de Enero de 2015


Precisamente en esta columna, hace un par de semanas hab韆 anticipado que el gobierno de Santos iba a firmar el cese al fuego bilateral antes de que se firmaran los acuerdos con las Farc.

Precisamente en esta columna, hace un par de semanas había anticipado que el gobierno de Santos iba a firmar el cese al fuego bilateral antes de que se firmaran los acuerdos con las Farc. 


Cualquiera que siga con mediano juicio las últimas declaraciones del presidente, entiende que en su última alocución lo planteó abiertamente. Pero a su manera, que es tan ambigua que hace de lo explícito una anfibología. Y para ello cuenta con los que le hacen la segunda, los calanchines, como se llaman popularmente, en esta ocasión, el ministro de defensa y el general retirado Oscar Naranjo, para crear confusión y desinformación, con el propósito de bajarle el volumen a las gravísimas cosas que hace o dice, dejando en el aire, para después dar por sentado, finalmente, todos los despropósitos contra el país, en los que está empeñado.


Si existiera la encarnación, yo diría que el presidente y algunos de sus asesores fueron los “maestros” de Maquiavelo, con la diferencia de que éste proponía que todo vale en defensa de los intereses supremos del Estado; y estos, en cambio, que todo está permitido, la manipulación y el engaño incluidos, para servir a sus intereses personales (como el premio Nobel) o a los de las Farc, o a ambos.


Embarcar al país en un cese tal, sin que las Farc hayan entregado las armas, sin que hayan sido aclaradas las 28 salvedades que los puntos discutidos tienen, sin que se haya definido un método de refrendación, concediéndoles la posibilidad de quedar impunes y lavar sus dinero sucios, es un desafuero. Veamos:


Un cese al fuego tal les permitirá consolidar dominio territorial donde tienen alguna presencia, u obtener más, paralizando el accionar de las Fuerzas Armadas y de Policía, cuando ni siquiera hay certeza de que las Farc cumplirán con lo poco a lo que se han comprometido. Piénsese que los llamados puntos de concentración, serán en realidad, territorios ampliados en los que las Farc ejercerán como autoridad legítima, y no, como debe ser, simples puntos de reunión para garantizar que no cometan nuevos delitos. Podría haber, en la lógica perversa que llevan estas conversaciones, tantos puntos de concentración como frentes, y cada uno de ellos, con vastas zonas de influencia, en los que según ellos estarían “asentados”.


Esta medida les permitiría, además, exigir abiertamente su reconocimiento como fuerza beligerante y tener, en consecuencia, relaciones internacionales con estados. Esto sin contar con que podrán hacer proselitismo armado en este año electoral, para avalar lo acordado con Santos.


Las 28 salvedades no podrían evacuarse, o si este fuera el caso, esto sería bajo las condiciones de las Farc; además, estas exigirán la construcción de un montón de mecanismos de democracia “real” para que, bajo su control, sirvan para someter la democracia representativa, núcleo de nuestro estado social de derecho; el desarrollo incontenible de unos mecanismos de reforma agraria  y las estructuras como las zonas de reserva campesina estarían controlados por ellos; las circunscripciones electorales especiales estarían bajo su férula; una vez aceptado el cese bilateral del fuego en las actuales condiciones, el mecanismo de refrendación sería el impuesto por las Farc. En este desastroso escenario, el país estaría sometido a los designios de esa guerrilla y la sombra de la dictadura marxista versión fariana ya no sería tal, sino, parodiando a Marx, un fantasma que recorrería a nuestro país, a pesar de que fracasa en Venezuela su gemela chavista. Precisamente, en este punto, uno no entiende cual es el afán de firmar un cese al fuego bilateral con las Farc, ahora que los aliados de ésta están al borde del precipicio y, con toda probabilidad, no podrán sobrevivir. O sí se entiende: la hipótesis  es que, en el fondo, gobierno y Farc compartirían ese proyecto atroz y se trataría de salvarlo al costo que sea. 


Medidas como las anunciadas por el presiente merecerían el más amplio rechazo, civilizado y pacífico, dentro de los canales establecidos por la Constitución y las leyes, de los colombianos para evitar que estos designios  lleguen a concretarse. Antes de que perdamos definitivamente el derecho a protestar y a exigir el respeto de nuestro ordenamiento jurídico político.