Nacional

Exceptional qualities in minors must be looked after by the State
Cualidades excepcionales en menores deben ser atendidas por el Estado
Autor: Sandra Milena Montoya
15 de Enero de 2015


En el inicio de la temporada escolar en Colombia, la Corte Suprema de Justicia acogió una acción de tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo del Tolima para proteger el derecho a la educación de una niña de 7 años con capacidades excepcionales, y ordenó su traslado a una institución especializada.


Foto: Cortesía 

Según la Defensoría, la menor era víctima de maltrato, pues permanentemente le llamaban la atención, la obligaban a hacer planas, e incluso como castigo los profesores le ordenaban que no asistiera a clase.

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La hija de Eliana Camacho, de 7 años, ha demostrado siempre destacadas cualidades para la música, razón por la cual su madre decidió matricularla el año pasado en grado primero en un establecimiento  educativo que le permitiera explotar dichas facultades.  Con el tiempo, la menor empezó a  manifestar comportamientos de indisciplina y apatía por el colegio e iniciaron numerosos llamados de atención por parte de los profesores.  


Posteriormente, Eliana logró que en el colegio le hicieran una remisión a una institución especializada que se llama Reina Sofía, para que la atendiera un sicólogo porque la institución no contaba con este tipo de profesionales. En esta entidad cobran las terapias y la valoración de los menores y esto lo asumió Eliana. La sicóloga pidió que la vieran en neurosicología, con el diagnóstico de que la niña tenía una edad cronológica de 6 años y una edad mental de 8 años. Ordenaron un test de coeficiente intelectual que dió como resultado que la menor tiene un coeficiente de 131 o superior. 


Días después, la directora del colegio hizo un consejo de convivencia, donde le dijo a la madre de la menor que la institución no era responsable por los resultados del test. “Ella me dice que lo lamenta mucho pero que en este caso el bien general prima sobre el particular y que lo único que puede hacer es sacarme la niña de clase y llamarme cada vez que se porte mal”, describe Eliana.  


Luego de esto, el año escolar se complicó pues la menor fue víctima de matoneo por parte de sus compañeros, quienes se burlaban por los numerosos llamados de atención de los profesores y los mismos profesores se encargaron de que en muchas jornadas la niña  se la pasara por fuera de clase.  Mientras las calificaciones eran altas y superiores en todo, su disciplina no. 


El absurdo de medicar a los NNA


Todo se complicó cuando la rectora le dijo a Eliana que la niña está diagnosticada con hiperactividad y que como ella no le daba los medicamentos adecuados se seguía presentando el comportamiento indisciplinado de la menor. “Es triste pensar que en Colombia, a muchos menores mal diagnosticados les quieren resolver su supuesto problema de hiperactividad con medicamentos, si yo hubiera tragado entero y hubiera medicado a mi hija, le estaría dañando la vida”, relata Eliana.


Ante el absurdo, la madre acude a la Defensoría del Pueblo e interpuso una tutela contra la Secretaría de Educación del Tolima, el Ministerio de Educación Nacional y el Icetex por violarle su derecho a la educación y el interés superior del menor.  


En la Defensoría encuentra apoyo pues la lucha era ahora para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes -NNA-, con coeficiente intelectual superior, víctimas de acoso escolar por su condición especial.


El Estado debe asumir responsabilidad


La tutela, inicialmente, llegó al Tribunal Superior de Ibagué a través de su Sala Penal y posteriormente, el mismo fallo, a favor de la menor, fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia que sentó jurisprudencia sobre el caso.  La Corte, que amparó el derecho a la educación de la menor, ordenó a la Secretaría de Educación de Ibagué, velar por el traslado de la niña, hoy estudiante de segundo de primaria, a un establecimiento especializado que le proporcione la educación de calidad acorde con su nivel superior y su talento excepcional.  


Dice además la sentencia que los gastos debe asumirlos el Estado, no la familia de la niña y que debe ser el Ministerio de Educación Nacional quien haga seguimiento correspondiente. Por otra parte, insiste en que los colegios y escuelas deben hacer adaptaciones curriculares para este tipo de casos, pues “(…) la atención educativa de las personas que presentan discapacidades o capacidades excepcionales es obligación del Estado (…)”.  


Ante esta determinación, la Secretaría apeló el fallo de tutela y en segunda instancia la Corte Suprema de Justicia acogió los argumentos de la Defensoría del Pueblo, desvirtuó las peticiones del ente territorial  y sentó jurisprudencia para proteger los derechos de los niños y niñas con inteligencia superior, víctimas de acoso escolar.




Debería ser regla en todo el país

A propósito de esta coyuntura, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, ordenó a las defensorías regionales en todo el país monitorear el cumplimiento de las autoridades administrativas y los establecimientos educativos para garantizar los derechos de los estudiantes en colegios y escuelas. 


Eliana Camacho instaurará una acción de desacato para que la Secretaría de Educación le encuentre un cupo a su hija en una institución especializada. Finalmente, esta madre cabeza de familia dice estar muy decepcionada del Estado y pide a los docentes mayor conciencia en la educación y formación de los NNA, “yo le pido a los profesores que nunca hagan juicios a priori de los menores, que se pregunten qué les pasa, puede que sean hiperactivos por lo que viven en la casa, porque tengan miedo, un problema de aprendizaje o tengan cualidades extraordinarias”.