Editorial

縂olazo doble?
13 de Enero de 2015


Lo m醩 sano ser韆 que el precio de los combustibles en Colombia estuviera bajo la ley de la oferta y la demanda. Regresar a ese modelo evitar韆 la manipulaci髇 a que da lugar una pol韙ica como la que rige en este momento, que genera desconfianza.

Aprobada en el último minuto de la pasada legislatura y sancionada por el presidente Juan Manuel Santos el pasado 23 de diciembre, el país no ha asimilado todos los efectos de la nueva Reforma Tributaria, ley 1739 de 2014, que entró a regir el primero de enero. Fue el senador liberal Luis Fernando Velasco, quien madrugó a llamar la atención sobre los artículos 69 y el 70. El primero 69, titulado ‘Contribución parafiscal a combustible’, señala: “Créase el ‘Diferencial de Participación’ como contribución parafiscal del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc) para atenuar las fluctuaciones de los precios de los combustibles, de conformidad con las leyes 1151 de 2007 y 1450 de 2011”. El artículo 70, por su parte, detalla la fórmula matemática para obtener dicho diferencial de participación. Los artículos son explícitos en su objetivo. Lo que ha generado debate es, por un lado, las circunstancias en que fueron incluidos en la Ley y, por el otro, las razones del Gobierno para hacerlo.


Mientras el senador sostiene que dichos artículos no fueron presentados ni discutidos en las comisiones económicas y sólo fueron incluidos “dos horas antes” del cierre de la legislatura, el Gobierno ha desmentido tal situación señalando a través del viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, que “este tema no fue algo que se conociera a última hora”. Es evidente que estamos ante uno de esos casos en los cuales el frenético trajín de las últimas horas del Congreso hace que los senadores aprueben leyes “como peluqueando calvos”, el escenario ideal para que el Gobierno marcara el gol olímpico de cumplir el procedimiento de pasar por el Legislativo lo que la Corte Constitucional le había tumbado en septiembre de 2013, cuando anuló el mecanismo de financiación del Fpec, vía el ahorro del diferencial entre precios internacionales bajos y domésticos altos. En un comunicado conjunto de los ministros de Hacienda y Minas, ambos reconocen la creación de la “contribución” (sinónimo de impuesto), pero defienden que la misma no afecta la fijación del precio de la gasolina y el Acpm, sino que busca “contar con un mecanismo que permita atenuar las fluctuaciones de los precios del diésel y la gasolina frente a cambios drásticos en las cotizaciones internacionales de los derivados del petróleo”.


El objetivo del Gobierno con esta contribución es compensar el déficit del Fepc, que según el ministerio de Hacienda alcanza los 4,8 billones de pesos, recursos que el Gobierno ha llamado “deuda” pero que en realidad fueron un subsidio. Al declarar inexequible el inciso C del artículo 101 de la Ley del Plan de Desarrollo 2010-2014, que financiaba el Fepc mediante el ahorro del diferencial mencionado, la Corte consideró que se trataba de una contribución parafiscal que debía ser aprobada por el Congreso. A nuestro juicio, con esta decisión el Gobierno no sólo no podía ahorrar el diferencial de participación cuando el precio internacional del petróleo bajara, sino que tampoco podía debitar del fondo cuando este subiera simple y llanamente porque el fondo no tenía financiación. Si el déficit del Fondo pasó de los $3,4 billones en septiembre de 2013 a los $4,8 billones de hoy, significa que el Gobierno mantuvo la práctica, probablemente ante la presión de los transportadores en aquel momento y por la inminente campaña política que le impedía aplicar la medida obvia de subir los precios de los combustibles si desmontaba el Fepc. Y ahora pretende recuperar lo “pagado” con el ahorro ahora sí permitido por la reforma tributaria, en lo que sería también un gol a la Corte Constitucional.


Es incoherente con esta política que la gasolina que pagamos los colombianos sea una de las más costosas  del continente a pesar de ser un país productor. Basta comparar los precios locales con los de la gasolina en Estados Unidos. Entre enero de 2007 y octubre de 2014, el precio de la gasolina en Colombia ha estado, en promedio, 2.000 pesos por encima del precio en los Estados Unidos, donde el costo de los precios internacionales del petróleo sí se refleja en el precio final al consumidor. De esta situación se responsabiliza a la alta carga impositiva. Sin embargo, si se le aplicara a la gasolina de los Estados Unidos, a precios de hoy, una carga impositiva del 49 %, el combustible costaría allí 7.500 pesos, casi mil pesos menos que en nuestro país.


Lo más sano sería que el precio de los combustibles en Colombia estuviera bajo la ley de la oferta y la demanda. Regresar a ese modelo evitaría la manipulación a que da lugar una política como la que rige en este momento, que genera desconfianza ante la imposibilidad de saber hasta cuándo va a regir el Fepc y si sus recursos sí serán usados exclusivamente en el mercado de los combustibles, o si van a ser destinados para sanear el déficit fiscal.