Columnistas

Lectura Constitucional del r間imen de servicios p鷅licos
Autor: Carlos Alberto Atehortua R韔s
9 de Enero de 2015


S髄o la lectura constitucional del r間imen de los servicios p鷅licos, permite descubrir su cara humana y alcance social.

La expresión “servicios públicos” aparece consignada en nuestra Constitución, para hacer referencia a un conjunto de actividades que por la forma como afectan la calidad de vida de las personas y el desarrollo de la sociedad,  hacen necesario que el Estado las intervenga, para garantizar su prestación eficiente a la totalidad de los habitantes del territorio.


Aunque el régimen general de los servicios públicos se encuentra detallado en leyes como la 100 en materia de seguridad social en salud, la 115 en relación con la educación, la 336 en materia de transporte, la ley 142 en materia de servicios públicos domiciliarios que comprenden los de acueducto, alcantarillado, aseo, gas  y energía eléctrica y la 1341 en materia de servicios de telecomunicaciones, en realidad es sólo a partir de la lectura de la Constitución desde donde pueden entenderse claramente el alcance que en el régimen jurídico colombiano se ha dado a esta clase de servicios.


La necesidad de hacer la lectura del régimen de los servicios públicos desde la Constitución se hace más evidente, cuando se toma la doctrina de la Corte Constitucional como precedente en la adopción de decisiones, pues la solución que la Corte le da a asuntos sustanciales para el sector, es diferente a la que se daría si sólo se toma a la Ley como fuente formal principal del derecho; esto, por cuanto la Corte no pierde de vista la Supremacía de la Carta y en especial que Colombia es un Estado social de derecho.


Con el fortalecimiento de la economía de mercado, erróneamente se ha pretendido que los servicios públicos, se produzcan, ofrezcan y cobren a sus usuarios con las mismas lógicas que las mercancías y que por lo tanto cada vez se sometan más al derecho civil y comercial  y no al derecho administrativo, como ocurría originalmente.


Sin embargo el hecho de que sea la propia Constitución, la que en sus artículos 365 a 370 les reserve una régimen jurídico especial a estos servicios, ha permitido que la Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos intervenga en su  protección y que impida de un lado que se confundan con las funciones públicas que en general le corresponden al Estado y que de otro se les dé el tratamiento de simples mercancías.


Los servicios públicos, que de conformidad con la Constitución pueden ser prestados por el Estado, en gestión directa o indirecta, por las comunidades organizadas y por los particulares, en todos los casos están sujetos a la intervención, regulación, control y vigilancia del Estado, deben ser prestados en forma universal, es decir a la totalidad de las personas y sus usuarios son sujetos a la protección del Estado


La doctrina constitucional, en forma permanente ha ratificado que los servicios públicos y las entidades que los prestan se someten a un régimen especial y de allí, se deriva que: (i) deba protegerse el suministro del mínimo vital a todas las personas, aún a aquellas que no disponen de capacidad de pago; (ii) los usuarios tengan derecho a participar en el proceso de su regulación; (iii) las empresas que los prestan están sujetas a un régimen jurídico especial; (iv) en materia de competencia, los prestadores del servicio pueden estar sometidos a condiciones “asimétricas” que les facilite a los más pequeños a acceder a los usuarios en condiciones favorables; (v) el Estado pueden intervenir la prestación para generar medidas afirmativas a favor de grupos discriminados y marginados, como es el caso de los recicladores; (vi) al aplicar las reglas de competencia la SIC deba tener en cuenta la naturaleza especial de los servicios públicos domiciliarios, su esencialidad, su continuidad, el acceso a la población en condiciones de igualdad;  y, (vii) los prestadores de servicios públicos deben someterse a un régimen de controles especial, el cual se hace más exigentes cuando a través de la prestación de los servicios se ejerce funciones públicas, como en los casos en que se decide la negativa, la suspensión o el corte de los servicios.


Sólo la lectura constitucional del régimen de los servicios públicos, permite descubrir su cara humana y alcance social.


1 Docente y Asesor.