Editorial

Una negociaci髇 en debate
29 de Diciembre de 2014


Ante el incierto camino por recorrer, las v韈timas se erigen como fiel de la balanza y los ciudadanos como verdaderos protagonistas del fin de las conversaciones.

En 2014, los colombianos impusieron que se rompiera el silencio que cobijaba las conversaciones de La Habana sobre el fin del conflicto armado con las Farc y las convirtieron en tema central del debate político, la opinión periodística y las decisiones electorales. En ese escenario, la reelección del doctor Juan Manuel Santos fue referendo en pro de la continuidad de las negociaciones y la búsqueda de acuerdos.


Aun en medio de la suspensión de conversaciones por el fin de año, el país sigue recibiendo notificaciones sobre acuerdos o decisiones unilaterales que mantienen el interés en la mesa de conversaciones. El viaje de Milton Toncel Redondo, alias Joaquín Gómez, para sumarse a la mesa paralela sobre el fin del conflicto armado, vuelve a abrir las discusiones entre los entusiastas que ven en cada paso un avance hacia la firma del acuerdo y los escépticos que temen prórrogas indefinidas que alimentan el fortalecimiento de las Farc. Las discusiones han sido alimentadas por los acuerdos parciales en los puntos que comprometen al Estado en la solución de problemas que durante décadas han estado en el centro del debate nacional y que pertenecen al ámbito legislativo, siendo especialmente discutibles la creación de Zonas de Reserva Campesina o las Circunscripciones especiales transitorias de paz, figuras sobre las que existen razonables inquietudes de que puedan derivar en republiquetas controladas ideológica y políticamente por los farianos.


El año transcurrió sin que la mesa de conversaciones se acercara a acuerdos en los temas de derechos de las víctimas, cuyas visitas no condujeron a cambios en las conversaciones;  dejación y entrega de armas, y refrendación de los acuerdos, que son los puntos que más comprometen la voluntad y responsabilidad de las Farc con la negociación y el país. A cambio de estos acuerdos, las Farc adoptaron controvertibles actos unilaterales que invistieron como muestras de su compromiso con la paz y que el país sediento quiso así verlos. Fue destacada la liberación del general Alzate, que nunca debió ser secuestrado, en hechos sobre los que todavía existen grandes interrogantes. Ha tenido gran publicidad la declaratoria de cese unilateral del fuego, bajo amenaza de ruptura si el Estado las ataca en cumplimiento de su deber, medida que ha conducido a la práctica inacción de las Fuerzas Armadas contra las Farc, imponiendo de esta manera su propuesta de tregua bilateral. Y también fue acogida con esperanza la cicatera petición de perdón a las víctimas por “el error” de la masacre de Bojayá, hecha sin compromiso verificable de reparación y restitución de derechos y sin que se anuncien decisiones al menos parecidas con sus millones de víctimas.


Con la influencia que tuvieron en las elecciones presidenciales y los debates posteriores a sus términos, condiciones y resultados, las conversaciones de La Habana provocaron cambios en el mapa político, el surgimiento de nuevos liderazgos que crecen bajo las sombras indiscutibles de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, y la configuración de los nuevos grandes temas del debate público colombiano. En virtud de esas discusiones, la equidad, como garantía de oportunidades a quienes no han accedido a ellas, y la justicia, como asunción de responsabilidades con las víctimas en cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el país con sus ciudadanos y la comunidad internacional, se instalan en el centro de la discusión y son el eje de la alineación de los políticos colombianos ahora y mientras se mantengan las discusiones sobre el conflicto, su superación y el posconflicto.


Ante el incierto camino por recorrer, las víctimas se erigen como fiel de la balanza y los ciudadanos como verdaderos protagonistas del fin de las conversaciones. Ellas, esperanzadas, como nosotros, en que las negociaciones conduzcan a acuerdos que reconozcan responsabilidades en el conflicto y la forma de compensarlas, equilibran la discusión entre los apasionados por la firma de acuerdo, sin que les preocupe el precio que el país tenga que pagar para firmarlo, y quienes están decididos a imponer precios tan altos que harían imposible el buen éxito de la negociación; la voz de las víctimas demuestra ser razón justa entre el dolor pasado y la esperanza futura que puede orientar las decisiones posibles y deseables. Los ciudadanos, por su parte, son los llamados, según declaración del presidente Santos el pasado 17 de diciembre, a “votar por esa paz”, en referendo que pondrá, o no, punto final a un conflicto declarado por insurgentes que en estos años derivaron a narcotraficantes con mañas de bandidos.