Editorial

Ni aclara ni ayuda
12 de Diciembre de 2014


“El Estado continuará trabajando por el esclarecimiento de los hechos y por garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de estas y otras víctimas de violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno”, del comunicado del Ministerio del Interior.

Un texto de 212 folios recoge las consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presidida por el magistrado Roberto F. Caldas, brasilero, en el juicio al Estado colombiano por violaciones a los derechos humanos en la recuperación del Palacio de Justicia, tomado brutalmente por el M-19 el 6 de noviembre de 1985. En 23 páginas más, se consagran consideraciones adicionales de dos de los magistrados, ampliando los conceptos del veredicto que establece la responsabilidad (culpa) del Estado en la desaparición forzada de diez personas, la ejecución del magistrado Carlos Horacio Urán y la detención arbitraria de tres personas más.


El fallo, que tiene fecha del 14 de noviembre, fue notificado a las partes y entregado a la prensa internacional el pasado 10 de diciembre, día de los Derechos Humanos, como si se tratase de una presea. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, anunció respeto y acatamiento a la decisión, pero también aclaró que su pronunciamiento llegará después de que estudie “detalladamente la sentencia para establecer cuáles son las implicaciones de la misma y determinar su verdadero alcance”. A más de establecer las cuantiosas reparaciones económicas a las víctimas directas y a las familias de los muertos, la decisión judicial le impone al Estado colombiano más investigación para esclarecer los confusos hechos de esos días y la realización de una serie de actividades simbólicas para pedir perdón a quienes sufrieron los errores de militares que durante 24 horas vivieron el horror de un ataque de gran violencia.


Confía el país que entre los análisis e investigaciones que emprende el Ministerio del Interior se considerarán los pasos contradictorios de la canciller María Ángela Holguín y la directora de la Agencia de Defensa del Estado, Adriana Guillén, en la asignación de los abogados de la defensa colombiana y las fallas de las tesis de quienes a última hora asumieron la responsabilidad de llevar el más delicado proceso del país ante la Cidh. Y el análisis habrá de precisar las implicaciones por la escandalosa denuncia de la propia Corte sobre la copia de textos de otro proceso para la defensa en este caso. Pero el análisis más juicioso en este y otros casos habrá de hacerse a las explicaciones sobre la toma del Palacio, los procesos políticos y jurídicos que la siguieron y, más especialmente, sobre el carácter terrorista del M-19 y su interés específico por incinerar, como lo hizo pocos momentos después de haber entrado a sangre y fuego al edificio, los archivos de la Corte Suprema de Justicia, muchos de ellos los únicos documentos que garantizaban que no habría impunidad en procesos de narcotráfico. La explicación contextual no busca, (jamás puede hacerlo porque no son sujeto de investigación de esa Corte) la condena de quienes sí actuaron con dolo, sino juzgar en sus justas proporciones los actos, con sus atenuantes y agravantes, cometidos por los representantes del Estado y la ley.


El fallo de la Cidh confirma los prejuicios de una instancia que parte de la culpabilidad de las Fuerzas Militares de Colombia, mostrando así que en sus decisiones tiene más peso la eficaz propaganda de agentes proguerrilleros que se han encargado de propagar falacias y verdades a medias convenientes a sus intereses, como quedó claramente expresado en el informe sobre derechos humanos en Antioquia de la Coalición Colombia Europa, que declara, en forma contraevidente y ofensiva al sentido crítico de la opinión pública, que el Ejército ha sido responsable este año de 76 violaciones a los derechos humanos, la Policía de otras dos y las Farc de apenas dos. Con tales informes no se ha de extrañar que la Cidh establezca como verdadera “la práctica existente en la época de los hechos, por la cual las personas sospechosas de ser guerrilleros con frecuencia eran sometidas a procedimientos ilegales de detención y tortura por autoridades militares”.


Aunque la Comisión de la Verdad reunida por la Corte Suprema de Justicia contribuyó a entender algunos momentos del ataque terrorista contra la institución central del Poder Judicial, el olvido sobre las razones del ataque y decisiones como esta que comentamos, tiende otro manto de oscuridad sobre esa jornada y dificultan las reflexiones necesarias para aprender las lecciones de un ataque impensable y de la reacción, que sin lugar a dudas debe ser explorada, pero sin olvidar que de la confusión de un ataque a sangre y fuego contra las instituciones democráticas, representadas en la Justicia, debe rescatarse la presunción de inocencia y buena fe de quienes tuvieron la obligación de hacerle frente.