Columnistas

Tributos
Autor: Alberto Maya Restrepo
8 de Diciembre de 2014


Después de la muerte de los senadores Víctor Renán Barco y Luis Guillermo Vélez no he visto en el Congreso una figura que los reemplace en el tratamiento de temas económicos.

Después de la muerte de los senadores Víctor Renán Barco y Luis Guillermo Vélez no he visto en el Congreso  una figura que los reemplace en el tratamiento de temas económicos. Ellos sí debatían, comentaban, analizaban las reformas tributarias que presentaban los diferentes gobiernos. Que no siempre los escuchaban es cierto, pero por lo menos los electores nos sentíamos representados por alguien que le metiera el diente a esas reformas. En los debates que he visto por TV en el Congreso a la reforma ahora propuesta no veo, como dicen, enjundia, no veo argumentos de fondo y, más bien, pareciera un ministro limosnero pidiendo millones para que su jefe gaste a manos llenas. Por hechos sabidos, pienso que esa reforma va a salir adelante y, como casi todas, publicarán su texto definitivo el 28 de diciembre (día de inocentes) para que la gente, en medio de las parrandas de fin de año, no alcance a chistar sino ya en enero, al regresar de vacaciones. Además, esos hechos llevan a inferir que habrá mermelada, o, como decíamos antes, aceitada, para que sea votada afirmativamente.


La credibilidad en Santos, para mí, es casi nula. Si algo le creo es más por respeto a la dignidad de su cargo que a sus propios y personales méritos. Por tanto, lo que él dice o diga, bien directamente, o a través de su sombra, el ministro de Hacienda, es difícil de creer en el campo de ingresos, egreso, tributos, etc. ¿Por qué nada dijo Santos en su pasada campaña electoral sobre el hueco fiscal? Cárdenas Santa María ha dicho que el impuesto a la riqueza irá “solo” hasta 2018, pero guarda silencio cuando se trata de explicarle a los colombianos que en la forma de gastar y de malgastar del gobierno santista las arcas van a quedar raspadas para cuando llegue el próximo presidente, quien, ya por estructura tributaria, seguramente va a seguir con ese impuesto “solo” por sus 4 años de mandato. ¿Acaso el impuesto al patrimonio decretado para ser pagado en 2011, 12, 13 y 14 “solo” iría hasta 2014 y aquí estamos en las mismas, frente otra vez al gravamen a los patrimonios? La repartidera de mermelada de Santos demanda esos ingresos y ya no tiene forma de sobrevivir sin ellos; por eso lo temporal se convierte en eterno. ¿Acaso el 4 por 1000 no debería ya estar eliminado? Mentirosos.


Cuando hay un gobierno derrochón no hay cuerda tributaria que le alcance y no se ven reales esfuerzos por cobrar debidamente y en su totalidad los impuestos vigentes. Le es más sencillo caerle otra vez a los que pagan que hacer una revisión a fondo del sistema de recaudación. Según me dicen, por ejemplo, el gobierno se gastó un infierno de plata en un tal sistema llamado Muisca, contrato que, según entiendo, se adjudicó a unos españoles y los resultados están lejos de ser los ofrecidos al firmar la adjudicación.


Por varios años existió Proexpo, entidad que, si bien, fue criticada por sus manejos, su forma de contratar, su manera de dar empleo a la brava, por simples recomendaciones políticas, también hay que reconocer que rompió muros y abrió mercados en el exterior a los productos colombianos. Años después se le cambió el nombre, pasando a llamarse Proexport. Igual que su antecesora, me parece que podía seguir su tarea. Ahora la ministra Álvarez, de quien desconozco sus dotes de exportadora, de conocedora de los mercados externos y, aun, de la oferta exportable colombiana, decidió cambiar otra vez el nombre por el de ProColombia, pero el cambio, a un costo multimillonario, según me han dicho, se hace en momentos en que hay un hueco fiscal inmenso, en momentos en que al gobierno se le pide que modere el gasto, en momentos en que se tramita una reforma tributaria porque la plata dizque no alcanza. ¿Qué confianza genera un presidente que prefiere la parafernalia, las apariencias, la imagen, a hacer el esfuerzo por apretarse el cinturón y demostrar eficiencia y razonabilidad en el gasto público?