Columnistas

El delito atroz del narcotráfico
Autor: Alfonso Monsalve Solórzano
7 de Diciembre de 2014


Decir que el narcotráfico es un delito político o, al menos, conexo con este, porque la revolución es una causa política que requiere financiación y este fue la forma que encontraron las Farc, es un despropósito y contiene dos falacias.

Decir que el narcotráfico es un delito político o, al menos, conexo con este, porque la revolución es una causa política que requiere financiación y este fue la forma que encontraron las Farc, es un despropósito y contiene dos falacias.


Es un despropósito porque se trata de una gran operación de lavado de dinero para favorecer unos delincuentes, los de las Farc y otras guerrillas,  que no han tenido empacho en enriquecerse individual y colectivamente, recibiendo grandes cantidades de dinero que piensan guardar en sus arcas en lugar de reparar a las millones de víctimas que han ido dejando en su camino delictivo. Lo han dicho en todos los tonos. Según ellos, las víctimas deben ser resarcidas por el Estado, que es el causante principal de la violencia.


Y estrechamente ligada a lo anterior, viene la primera falacia: hacernos creer que se trata de una actividad ligada a  la política y no de una actividad atroz por sus consecuencias. A estos individuos los tiene sin cuidado envenenar a los centenares de millones que caen en la adicción a la cocaína y la heroína, personas de todo el mundo, incluyendo a decenas de miles de colombianos; individuos, que no tienen empacho en destruir la naturaleza para el cultivo y el procesamiento del alcaloide, que someten a la esclavitud a muchísimos compatriotas a los que emplazan para que les siembren y les sirvan de mano de obra en ese negocio maldito;  sujetos que no dudan en aliarse con mafias sanguinarias, muchas de ellas remanentes del paramilitarismo, o de otros países como México, donde tienen un imperio criminal, y que no dudan en ejercer la violencia ellos mismos, solos o en simbiosis con otros carteles globales del narcotráfico. 


Una práctica que tiene como efectos colaterales la destrucción de la salud de millones, ríos de violencia y de muerte, de manera sistemática; una práctica que sustenta la posibilidad de cometer en nuestro país no sólo delitos ordinarios, sino crímenes de lesa humanidad y de guerra, no es un método admisible para financiar la “rebelión”, es una conducta atroz.


La segunda de las falacias tiene que ver con el concepto mismo de delito político. En una democracia, tal tipo de conductas no tienen cabida, más allá de la objeción de conciencia (que significa rechazar una norma, pero aceptar el sistema democrático que la produce, estando dispuesto el infractor, incluso, a recibir la sanción correspondiente). Me explico, cuando existe un régimen que se basa en el pluralismo de concepciones en todos los campos, que permite la oposición y da espacio para que esta gobierne si gana las elecciones (como ha ocurrido en Bogotá, por ejemplo), que tiene mecanismos para llegar a acuerdos cuando existen intereses particulares legítimos, es decir, cuando hay una democracia liberal, con un modelo representativo y mecanismos de participación, no se justifica la rebelión, ni la asonada, ni la sedición. Quien intenta derrocar un régimen democrático apelando a la violencia no comete delitos políticos, sino comunes. De hecho, quienes los ejecutan son bandas terroristas a las que se les aplican las leyes del código penal propias de los delitos comunes, como ocurre con Eta en España.


Colombia cumple los requisitos mencionados, por lo que se trata de una democracia. Algunos intelectuales dicen que ésta es débil, lo que justificaría la existencia de los delitos político, pero no hay tal. Quienes dificultan el funcionamiento del Estado de derecho son precisamente los grupos guerrilleros y las bandas armadas que cometen todo tipo de crímenes atroces. Si no fuera por la violencia terrorista de las Farc y de los otros grupos guerrilleros, Colombia sería un Estado en el que se podría garantizar mejor los derechos de los ciudadanos. Y hablo de estos grupos porque dicen tener objetivos altruistas; pero si mi razonamiento es correcto, nada altruista  es la destrucción de una sociedad plural para imponer una dictadura de un único partido. Es todo lo contrario, se trata de un accionar perverso. ¿O les parece, queridos lectores, que el régimen venezolano dictatorial y corrupto es mejor que el que tenemos hoy en Colombia, a pesar, insisto, de nuestro gobierno?


Cuesta abajo en su rodada, el gobierno colombiano está ambientando semejante despropósito. No cabe ninguna excusa para hacerlo. Hasta HRW dijo que, al menos, debería hablar con el gobierno norteamericano. Pero no ocurrirá nada de esto. Obama no se pronunciará o lo hará tibiamente, es decir, lo que diga no tendrá repercusión alguna. Y hablaran los áulicos en el congreso de soberanía para aprobar el mayor lavado de dinero de la historia de Colombia. Para congraciarse con las Farc y con Santos.  ¡Qué cosa!