El Mundo

La invitación del presidente Santos, en entrevista con noticias RCN, a considerar el delito de narcotráfico como conexo a los delitos políticos de las Farc, luego retirada por la fuerza del debate, dio un paso más en el camino de aligeramiento de culpas de esa guerrilla en crímenes con los que está profundamente comprometida. Los primeros pasos fueron dados en los acuerdos del punto 4 -“solución al problema de las drogas ilícitas”- en los que el Gobierno le admitió a las Farc que declararan “en un escenario de fin del conflicto, poner fin a cualquier relación que, en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”. Significa, pues, que el cierre temporal de este debate no impone su definitiva liquidación.

La fuerte discusión que desató la propuesta presidencial ha analizado la necesidad, o no, de facilitar un acuerdo con esa guerrilla, así como los alcances comparativos del delito de narcotráfico frente a otros crímenes; también ha considerado -aunque tangencialmente- la pretensión de las Farc por tener garantías de impunidad para cincuenta años de crímenes, y ha tocado, aunque todavía sin la profundidad necesaria, los vínculos de esa guerrilla con actividades de narcotráfico, revisión que determinaría si es posible, o no, admitir la conexidad. 

Se admite que a fines de los años sesenta las Farc nacieron como reacción al abandono del Estado a poblaciones y territorios empobrecidos y carentes de oportunidades y que, en función de esa reacción, incurrieron en delitos comunes, muchos de ellos, como el terrorismo, el homicidio y el secuestro, abominables, e incluso se acepta que ese idealismo revolucionario alumbró a las Farc hasta fines de los años 80. A partir de entonces, la cúpula de las Farc se encontró en la disyuntiva de jugar su futuro en la arena política, aceptando la mano que el país le tendía, o de afianzar sus incursiones en el narcotráfico, rechazando, en consecuencia, la oferta de finalizar el conflicto y avanzar en la apertura política. Entre tanto, el Estado reconoció fallas en su modelo y emprendió, como todavía lo hace a pesar de las limitaciones del conflicto, programas sociales, de desarrollo integral, de promoción política y de protección en los territorios, los cuales ha realizado en la medida de su capacidad física; tal transformación hacia el reformismo minó las razones de la insurgencia. 

En estos años, la guerrilla pasó de tener relaciones “en función de la rebelión” con las organizaciones narcotraficantes, a convertirse en importante jugadora mundial en el narcotráfico, como lo demuestran los hechos documentados por agencias internacionales de inteligencia y por realidades evidentes. Su presencia territorial se concentró en las zonas donde predominan actividades asociadas al narcotráfico, o donde es posible realizarlo con más impunidad: el Catatumbo, el Cauca, el Putumayo, en cultivos ilícitos; y el Nudo de Paramillo, el Bajo Cauca, el corredor del Pacífico, con Tumaco como centro, y el Darién, en el transporte y exportación. Sus relaciones internacionales no son, como otrora, con ONG altamente politizadas o grupos de anhelantes soñadores de utopías en paraísos lejanos sino con los carteles que, al decir de la escritora Elena Poniatowska, han desgraciado a México, además de las que tienen con poderosos banqueros que guardan sus mal habidos dineros. 

El perfil criminal, que es el real, había sido asumido y comprendido por el mundo, que, en consecuencia, comenzó a cerrar puertas a la guerrilla y sus dineros. Esa imagen, sin embargo, comienza a diluirse en razón del modelo de negociación definido por el Gobierno del presidente Santos, según el cual la guerrilla no es una invitada del país a buscar salidas al fin del conflicto, sino un par del Estado en procura de recomponer variados problemas nacionales, entre ellos algunos de los que son de su responsabilidad, como los derechos de las víctimas y el posconflicto. La determinación de este viraje impone como costo, soportar un grupo excesivo en sus exigencias y reticente a admitir las responsabilidades que le caben al haber optado por la ruta del narcotráfico, y la criminalidad que conlleva inevitablemente, como fin único de su organización y actividad militar. 

A pesar de que hay gran disposición hacia el éxito de las conversaciones, el Gobierno no puede asumir el peso de ofrecer a las Farc exoneración de responsabilidades en el desminado de territorios, impunidad para los delitos de narcotráfico y los crímenes a él asociados y exculpación de la obligación de reparar integralmente -o sea ofrecer verdad e indemnizar con sus bienes- a las víctimas de acciones cometidas con la pretensión de ampliar su poder y riquezas.