Editorial

Indemnizaciones ajenas
27 de Noviembre de 2014


Estas condenas del Consejo de Estado contra la Naci髇, interminables y anacr髇icas en temas y razones, siguen siendo fuente de desconcierto, desangre, y aliento al asalto del tesoro p鷅lico.

Se conocieron esta semana las líneas generales de dos sentencias de la Sala Tercera del Consejo de Estado que imponen pesadas cargas al fisco en casos en que ávidos reclamantes particulares reclaman atención especial en medio de tragedias que afectaron a la sociedad colombiana. Las decisiones, tomadas sobre ponencias del magistrado Jaime Orlando Santofimio Gamboa, abogado externadista con doctorado en España, sientan precedentes con impactos significativos para las instituciones jurídicas y el erario.


El tribunal determinó indemnizar a once personas que resultaron afectadas por la explosión de un carro bomba del cartel de Pablo Escobar contra instalaciones del Cuerpo Élite de la Policía, en el barrio El Poblado de Medellín, hecho ocurrido el 14 de junio de 1990, o sea hace 24 años y cinco meses. La sentencia acepta la tesis de que en el país “se vivía una confrontación entre la Policía Nacional y los carteles del narcotráfico” (subrayado nuestro) y, en consecuencia, era preciso que la Policía tomara “las medidas correspondientes para evitar poner en riesgo a los civiles en una época donde la Fuerza Pública estaba declarada como objetivo de los criminales”. La sentencia sienta un precedente tal, que se hace preciso abrir la discusión pública sobre sus principales componentes; la culpabilidad y la exigibilidad económica.


La frase arriba subrayada, por aparecer también en otras sentencias que aquí mismo ya hemos comentado, no la consideramos como un simple error en el fraseo, y por ende rechazamos categóricamente la posición que implica.  El Estado y sus fuerzas legítimas representan a los ciudadanos y por ellos se enfrentan con quienes atentan contra ellos. Es un grave engaño histórico y una imperdonable incoherencia de la Justicia, pretender poner a la fuerza pública en un bando por sí sola, como si su razón de ser y su obligación no fuera la de defender a la sociedad, el verdadero blanco de los grupos violentos. En la lucha contra el narcoterrorismo de esos años, hay que considerar además, que esta se libró tras una categórica refrendación ciudadana, representada en la contundente votación que le dio la Presidencia al candidato más obligado a continuar la ruta que había marcado el presidente Virgilio Barco, el doctor César Gaviria, que además enarbolaba las banderas de Luis Carlos Galán.


En cuanto a la exigibilidad de la indemnización, nada más justo con las víctimas directas de los atentados narcoterroristas, incluidos los miembros de la Fuerza Pública, principalmente en Medellín y Bogotá, y al mismo tiempo nada más injusto que imponerle al tesoro público -o sea a cada contribuyente- que asuma pagar por los daños que en buena parte sí se podrían cubrir con las fortunas mal habidas de los narcoterroristas de entonces y ahora, si la Justicia obrara con prontitud y firmeza para identificar, asegurar y expropiar sus bienes y cuentas. En ese sentido, la carga impuesta a la Nación habría de ser la de realizar los procedimientos precisos para incautar y realizar bienes obtenidos ilegalmente y usarlos como fuente de indemnización. 


La segunda sentencia obliga al Estado a indemnizar a un comerciante del municipio de Calarcá, Quindío, que sufrió saqueos a su negocio, un granero, el 27 de enero del año 2000, dos días después del destructor terremoto que afectó al Eje Cafetero. Según los apartes divulgados de una decisión entregada privilegiadamente a algunos medios, a pesar de que el Consejo de Estado está estrenando sitio web, el magistrado Santofimio Gamboa recogió testimonios sobre la crisis por el vandalismo y la incapacidad de las autoridades para hacer valer las medidas de toque de queda. A partir de estos, concluyó que “había transcurrido tiempo suficiente para que el Comité Local de Emergencias (…) hubiese tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad”, y que, como no lo había logrado, es preciso que el Estado proceda a indemnizar al demandante, que interpuso su queja hace 14 años y diez meses. El ciudadano beneficiado con la decisión judicial no podrá disfrutar la indemnización a cargo del tesoro, porque murió hace ocho años.


Estas condenas del Consejo de Estado contra la Nación, interminables y anacrónicas en temas y razones, siguen siendo fuente de desconcierto, desangre, y aliento al asalto del tesoro público, que es bien colectivo formado con el esfuerzo de los ciudadanos tributantes y de los gobiernos ahorradores. El exabrupto es más doloroso ahora que,  como se colige con el acelerado trámite del proyecto de reforma tributaria en curso, necesita ser ajustado para que pueda atender las inmensas inversiones todavía requeridas para garantizar el bien común y, en el momento, atender el reto del anunciado posconflicto, que si ha de orientarse por decisiones como las aquí referidas, ni el país más poderoso del mundo podrá satisfacer. Vuelve a ser indispensable preguntarse por la vigencia del mandato constitucional en el artículo 113: “Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.