Editorial

Negociar con Nicaragua
21 de Noviembre de 2014


De cara a esas negociaciones,la Nación hade exigir a la canciller Holguín firmeza, diligencia, rendición de cuentas y cumplimiento de la promesa de buscar la unidad con los vecinos también amenazados por el tiburón de Managua

El anuncio del presidente Juan Manuel Santos sobre su determinación de iniciar negociaciones con Nicaragua para definir los límites de los países en el Mar Caribe, está cargado de simbolismos tan importantes como la notificación. Lo hizo en San Andrés, donde realizaba una revisión de las acciones de Gobierno en las islas; ante las autoridades raizales, y clarificando la condición de que la negociación debería garantizar los derechos de los raizales. 


 


Cuando, por consejo de la canciller Holguín, el Gobierno Nacional decidió no recurrir el fallo de la Corte de La Haya del 19 de noviembre de 2012, que aceptó parcialmente las pretensiones de Nicaragua sobre el mar Caribe entregándole, sin tener competencia, 75.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional, el país quedó obligado a negociar los límites marinos entre las dos naciones. Esta única alternativa fue confirmada por la Corte Constitucional en sentencia del pasado 2 de mayo, todavía no divulgada en su totalidad, que declaró exequible el Pacto de Bogotá, aclarando, sin embargo, que la sentencia sobre el diferendo con Nicaragua es “inaplicable” hasta tanto no se produzca una negociación en los términos del artículo 101 de la Constitución.


 


Al crear las condiciones para que este conflicto binacional pasara de los tribunales de justicia a las mesas de negociación, renunciando a dar hasta el final la batalla por los derechos que el país adquirió en negociaciones debidamente formalizadas, la Cancillería se hace responsable ante el Congreso y la opinión pública por definir estrategias diplomáticas ganadoras. 


Cuando indicó que su pretensión al negociar reconoce las aspiraciones de la población raizal a que sean respetados sus derechos económicos, políticos y culturales, el presidente Santos dio a entender que es inaceptable admitir falacias como “la inexistencia” del Meridiano 82, línea geográfica universal que el vigente Tratado Esguerra-Bárcenas estableció como límite marítimo de los países, o los límites absurdos establecidos por el fallo de la Corte Internacional de Justicia. La postura, ante un pueblo que está reclamando que Colombia defienda el territorio del que obtiene el sustento y su seguridad vital, indica también que no puede nuestra Cancillería aceptar la humillación que pretende propinarle el gobierno nicaragüense cuando anuncia que podría negociar “condiciones humanitarias” para permitir la presencia de pesqueros artesanales en el territorio arrebatado al país. 


 


La posibilidad, casi exigencia, de que la negociación que se debe emprender tenga como propósito fijar nuevos límites entre los países, fue también establecida por la Corte Constitucional en su comunicado anunciando la sentencia mencionada. En él, con claridad indiscutible, señaló como ejemplo de negociación cuando los límites quedan en duda por decisiones de La Haya, la suscrita por Dinamarca y Noruega, en la que los países establecieron límites según acuerdos negociados, no a partir de decisiones, que alguna vez nuestra canciller definió que eran “salomónicas”, de magistrados no solo distantes a la historia de las relaciones de los países, sino algunos de ellos con intereses dudosos.


 


En el proceso final del litigio en La Haya, y en las fechas posteriores a la emisión del fallo, la Cancillería colombiana hizo gala de gestos de academia diplomática entre países amigos frente a Nicaragua y sus aliados en el Alba. La elegancia y las buenas maneras no han servido para reducir el tono altisonante del presidente Daniel Ortega o minimizar sus pretensiones expansionistas. Ni siquiera lo disuadieron de interponer dos nuevas demandas, una en reclamo de que se le reconozca plataforma continental sobre el Mar Caribe, que es la que se dice que le daría jurisdicción hasta las costas de Cartagena, y otra para exigir un incidente de desacato por la no aceptación inmediata de la sentencia sobre límites. Significa, pues, que el equipo negociador del Gobierno debe estar listo para enfrentar un gobierno que usa este conflicto como causa de unidad nacional y como garrote que exhibir frente a sus vecinos centroamericanos en el Caribe, contra quienes también ha iniciado absurdas querellas limítrofes. Esos países, por tanto, son aliados naturales de Colombia en el proceso que empieza. De cara a esas negociaciones, la Nación ha de exigir a la canciller Holguín firmeza, diligencia, rendición de cuentas y cumplimiento de la promesa de buscar la  unidad con los vecinos también amenazados por el tiburón de Managua.