Editorial

Como la Pobre Viejecita
14 de Noviembre de 2014


A esos esfuerzos se debe sumar el que se haga en la mesa de negociación para que las Farc asuman, y claro que tienen con qué, los daños y perjuicios por “crímenes de la mayor gravedad” perpetrados a ciencia y conciencia.

Los datos de la revista Forbes Israel sobre los ingresos anuales de diez grupos terroristas han desatado debates por doquier. En la revista se registran los ingresos de Isis, por explotación y venta fraudulenta de petróleo; Hamás, por ayudas solidarias con los palestinos, y las Farc, por minería ilegal, narcotráfico y extorsiones. La edición hebrea de la prestigiosa revista de negocios reconoce que sus datos no son completos, pues esas cuentas no son auditables, y denuncia que “con frecuencia los grupos terroristas terminan actuando como organizaciones criminales”. La información sobre datos parciales abrió en Colombia una discusión sobre los montos y orígenes de la fortuna de las Farc, en la que saltaron a la luz informes sobre sus cuentas en Suiza, sus ingresos por el delito de secuestro y su condición de latifundistas, en tanto propietarios de facto o mediante testaferrato, de centenares de miles de hectáreas de tierras productivas, entre ellas las cien mil en el Caguán, Caquetá, que fueron documentadas en el primer gobierno del presidente Uribe. Estos datos evidencian a las Farc como entidad que tiene con qué asumir sus responsabilidades con la nación que les ha tendido su mano en diálogos que les abren camino para que se reincorporen a la sociedad.


Aun a sabiendas de la situación, los acuerdos parciales en tres de cinco puntos definidos de la negociación, y en las conversaciones en curso sobre reconocimiento a los derechos de las víctimas -que han de ser las víctimas de las Farc y de agentes del Estado en hechos relacionados con el conflicto con esa guerrilla- han quedado pendientes definiciones sobre la forma como la guerrilla va a entregar información veraz sobre sus finanzas y a repatriar capitales en el exterior, entregar tierras arrebatadas a sus legítimos propietarios y devolver otros bienes lujosos que permitirían financiar buena parte del posconflicto. Por ahora, las cargas recaen exclusivamente en el Estado, como si se aceptara la pretensión de esa guerrilla sobre su responsabilidad “principal y general” en todas las vulneraciones emanadas del conflicto.


El primer acuerdo, Política de desarrollo agrario integral, fija una interesante agenda que, de lograrse, permitirá que el país se desatrase de los cincuenta años perdidos en gran medida por cuenta de la guerra que las Farc le declararon al pueblo colombiano: políticas de tierras, infraestructura rural, atención a la población campesina y promoción del desarrollo agrario, conforman el catálogo de buenas intenciones para las zonas rurales. En él, además, se propone “el restablecimiento de los derechos de las víctimas de desplazamiento y el despojo y la reversión de los efectos del conflicto sobre las comunidades y el territorio”. La política de entrega de tierras a campesinos desposeídos o víctimas, se afirma, tendrá sus pilares en la recuperación de tierras y en la extinción de dominio, acciones que exigen procesos judiciales contra los tenedores ilegales. No se consigna en ese primer capítulo, un compromiso de las Farc para retornar lo mucho que arrebataron a los productores en el campo.


El acuerdo sobre la Solución al problema de las drogas ilícitas impone al Estado, que ha sido víctima del narcotráfico y los males a él asociados, como la corrupción, la violencia, el deterioro al medio ambiente y las minas antipersonal, asumir las responsabilidades de sustitución de cultivos, control al lavado y desminado de territorios sembrados de artefactos explosivos. Las Farc, por su parte, se limitan a comprometerse a “a poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado en relación con este fenómeno”.  Tampoco allí se menciona nada respecto a la entrega de los capitales que producto del narcotráfico, guardan las Farc en paraísos fiscales.


En entrevista a El Colombiano y en sus sitios web oficiales, los guerrilleros han vuelto a pretender cargar al Estado con la responsabilidad de sus delitos afirmando que no tienen capacidad y no deben asumir responsabilidades con la reparación de las víctimas. Retomamos el pronunciamiento del Foro Colombia abraza a las víctimas de las Farc, que dio vida a la Federación de Víctimas de las Farc, para reclamar como un tema en el que no es posible ceder que “las Farc develen toda la información relacionada con las cuentas y recursos financieros que han recaudado (…) Y solicitamos que estos recursos se destinen a la realización del resarcimiento moral y económico que merecemos las víctimas de las Farc, por nuestros sufrimientos y nuestras pérdidas materiales”. 


En momentos en los que es bien conocido el déficit fiscal de 12,5 billones de pesos, vemos con buenos ojos los esfuerzos del Gobierno Nacional por recortar gastos burocráticos y otros desangres como lo que hemos denominado el manirrotismo estatal, al limitar la solución de demandas al erario mediante arbitramentos, o sus esfuerzos por aumentar ingresos mediante una acertada reforma tributaria que pare la evasión fiscal, y hasta sus esfuerzos por gestionar ayudas internacionales, en el marco de corresponsabilidad que especialmente en el flagelo del narcotráfico le asiste a los países consumidores.  A esos esfuerzos se debe sumar el que se haga en la mesa de negociación para que las Farc asuman, y claro que tienen con qué, los daños y perjuicios por “crímenes de la mayor gravedad” perpetrados a ciencia y conciencia.