Columnistas

El Estado debe proteger el bolsillo del ciudadano
Autor: Gabriel Zapata Correa
14 de Noviembre de 2014


Dif韈il el equilibrio que debe tener un gobierno responsable para buscar los recursos necesarios con destino a financiar las prioridades esenciales de la comunidad...

Difícil el equilibrio que debe tener un gobierno responsable para buscar los recursos necesarios con destino a financiar las prioridades esenciales de la comunidad, y las cargas impositivas que le debe aplicar para que estos dineros fluyan sin afectar su calidad de vida y mucho menos la canasta familiar. Ese equilibrio se llama equidad, a la hora de establecer un balance justo entre los esfuerzos fiscales del Gobierno en una sana política de austeridad y los que puede hacer la comunidad para coadyuvar en su propio progreso y desarrollo, en el indiscutible principio de “todos ponen”.


Pero hay decisiones con las cuales el Gobierno no puede afectar la estabilidad de la economía hogareña, más aún si estas no se pueden interpretar en forma aislada, sino en el contexto del panorama económico general del país. Nos referimos específicamente al cobro de valorización a 71.000 familias de El Poblado, con el cual la Administración Municipal pretende recoger 425.000 millones de pesos para la construcción de 23 obras de infraestructura vial del sector.


El problema de movilidad de El Poblado es grave. Nadie lo niega. Los usuarios de estas vías tardan más de 60 minutos en un recorrido normal de 15. Y cuando finalicen las obras, los trayectos se reducirán entre 5 y 12 minutos. Por las vías de El Poblado transitan 680.000 vehículos diarios, de los cuales 30.000 lo hacen en horas pico. La descongestión de la avenida El Poblado es un argumento clave para decir que estas obras no solo beneficiarán a los habitantes del sector, sino a los de Medellín en general, que vienen o van a los municipios del sur o del norte del Valle de Aburrá.


La polémica está sobre la mesa. He planteado en diferentes instancias la necesidad indiscutible de que el Gobierno Municipal asuma con presupuesto propio la construcción de estas obras, cuya necesidad nadie discute. A continuación quiero exponer los puntos más importantes sobre este tema:


1. Considero que estas obras no solo beneficiarán a los habitantes de El Poblado, sino a todos los usuarios del Valle de Aburrá y de algunos municipios cercanos que deben transitar obligatoriamente por estas vías.


2. El Fondo de Valorización del Municipio de Medellín debe demostrar el mayor valor que van a adquirir los inmuebles con la construcción de estas obras. Y es indiscutible que este supuesto mayor valor solo lo disfrutarán lo propietarios el día que vendan esos inmuebles, lo cual es improbable, porque la inmensa mayoría de esas residencias no fueron adquiridas para negocio, sino para vivir.


3. Este cobro de Valorización afectará la capacidad económica de las 71.000 familias que lo deben pagar, teniendo en cuenta además que el Gobierno Nacional ya puso a declarar renta a muchas de estas personas que antes no lo hacían y la nueva reforma tributaria va a afectar demasiado el bolsillo de los ciudadanos.


4. Un altísimo porcentaje de los habitantes de El Poblado tendrá que recurrir a créditos bancarios para pagar el impuesto a la riqueza, en la actualidad en discusión en el Congreso de la República, Esta es la razón por la cual califican este impuesto de “confiscatorio”.


5. Hace menos de un año los habitantes de la ciudad fueron fuertemente golpeados con los incrementos de los avalúos catastrales. En estos tres últimos puntos yo veo que el gobierno municipal debe tratar de proteger el bolsillo de este sector de la comunidad, que se verá más afectado cuando se sumen todas estas cargas impositivas.


6. Yo pienso que el Municipio de Medellín está en condiciones económicas de asumir el costo de las obras de El Poblado, teniendo en cuenta que acaba de recibir 1.9 billones de pesos por la venta de UNE a Millicom y los millonarios aportes económicos que recibe con frecuencia de las utilidades de las Empresas Públicas. Hay otro argumento de peso. Las firmas constructoras le deben al municipio 250.000 millones de pesos por compensaciones urbanísticas y es obvio que están obligadas a pagar y la administración a cobrar.


Un criterio sano se debe ajustar a un principio de equidad. El año será muy difícil para los colombianos en general, por la urgencia que tiene el gobierno de tapar el hueco fiscal que puede llegar a los 15 billones de pesos, más la incertidumbre que genera desde ya el incalculable costo del posconflicto. El bolsillo no aguanta más manos.


*Ex senador de la República.