Editorial

Todos somos estudiantes
11 de Noviembre de 2014


Este sufrimiento deber韆 convocar a toda la comunidad humana, ofendida por violaciones al derecho a la vida que son, a su vez, amenazas contra los derechos que emanan de la educaci髇 y la ciudadan韆.

A las ciudades de Iguala, en el estado de Guerrero, México, y de Potiskum, en el estado Yobe, al nordeste de Nigeria, las separan miles de kilómetros, sus historias y culturas, así como sus gobiernos. Esas barreras han sido derribadas por el dolor que en ambas naciones dejaron los ataques masivos, y sistemáticos, de poderosos grupos terroristas contra alumnos de educación media, un sufrimiento que debería convocar a toda la comunidad humana, ofendida por violaciones al derecho a la vida que son, a su vez, amenazas contra los derechos que emanan de la educación y la ciudadanía.


Desde el pasado 26 de septiembre, los mexicanos claman por encontrar a 43 estudiantes de la escuela normal rural de Atyozinapa, que habrían sido secuestrados y brutalmente asesinados después de que decidieran ir a la ciudad de Iguala para buscar recursos para financiar su institución, un internado para campesinos. En movilizaciones previas, los normalistas habían tenido fuertes conflictos con el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez. Este último, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa -acusada, con sus hermanos, de ser parte del cartel de los Beltrán Leyva- se encuentran detenidos bajo la acusación, confirmada por policías y sicarios, de haber ordenado el ataque a los alumnos, usando para ello la inaceptable acusación de detener un intento de boicot a una manifestación de la señora Pineda Villa, candidata a suceder a su esposo y a consolidar las redes de corrupción que lo han sostenido. En el entramado de abuso del poder público por el alcalde, conexiones de la Policía con los carteles del narcotráfico y deseos de venganza contra estudiantes críticos de la corrupción local, fallecieron seis personas, tres de ellas no estudiantes, y fueron desaparecidos 43 normalistas. Sicarios de la banda local Guerreros Unidos aseguran que los asesinaron, quemaron y desaparecieron sus restos. 


Aunque los padres de los menores de edad victimizados con crueldad no creen en lo dicho por los sicarios y le reclaman al Estado de México seguir buscando a sus hijos y desentrañar este misterio; la confesión sacudió a un país que parecía resignado a la corrupción de los funcionarios públicos, el poderío de los carteles del narcotráfico y a crímenes inconcebibles hasta en naciones como la nuestra, donde la combinación de carteles del narcotráfico y criminales descorazonados han cometido delitos tan atroces como la masacre de Bojayá. El sacudón a esa sociedad se hizo más fuerte con la insistencia del presidente Enrique Peña Nieto de viajar a la Cumbre de la Apec, en China, ignorando el dolor de los deudos, el enojo de la sociedad y las demandas por su renuncia y la del procurador -y a la vez fiscal- Jesús Murillo Karam, titubeante para buscar la verdad. El clamor internacional no es menor, y es así como portavoces del Departamento de Estado, que se sumaron a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ofrecieron apoyo a la investigación e instaron “que los responsables sean llevados ante la justicia y castigados rápidamente y que el caso se resuelva de acuerdo con el debido proceso y el imperio de la ley”. 


Desde el pasado 25 de febrero, cuando asesinó a 43 estudiantes de educación media en el estado de Yobe, hasta ayer que un terrorista suicida atacó una escuela en ese mismo lugar, Boko Haram ha sido acusado de siete ataques contra escuelas, la mayoría cristianas, del nordeste de Nigeria. A la fecha, estos han dejado 136 muertos, 273 niñas secuestradas -219 de ellas siguen sin aparecer- y 125 heridos. Analistas consideran que la traducción del nombre Boko Haram (“la pretenciosidad es un anatema”) significa, realmente, “la educación occidental es pecaminosa” y alertan por la declaratoria de guerra a los miembros del sistema educativo, que el Gobierno nigeriano no ha logrado proteger, a pesar de llamados constantes de la comunidad internacional. 


El próximo 10 de diciembre, Malala Yousafzai hará presencia en el Ayuntamiento de Oslo para recibir el Premio Nobel de Paz que le concedió el Comité Noruego y sobre el que ella declaró que es una razón para seguir formándose y para seguir luchando por los derechos de los estudiantes del mundo. En esa ceremonia, ella va a representar a los centenares de niños y jóvenes que, como ella lo fue por los talibanes, han sido criminalizados por personas o grupos terroristas que temen a la libertad y la independencia que nacen en la educación y que forman ciudadanos libres para decidir el bien propio y de su comunidad. El tamaño de su valor sólo puede ser correspondido con el compromiso de la humanidad entera para reaccionar, exigir todo lo que sea necesario para que estos casos sean esclarecidos y sus responsables judicializados, y luchar porque esta clase de delitos nunca vuelvan a cometerse.